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La desigualdad es un enemigo a enfrentar y destituir en el marco de la vida universitaria, ella atenta de manera directa contra el derecho a la educación y es la barrera estructural central que le impide a jóvenes de los sectores populares ocupar en igualdad de condiciones los cupos universitarios que solo quienes pueden pagarlos (hasta ahora) han sido mayormente libres de elegirlos. La educación universitaria en américa latina reproduce las desigualdades estructurales de la región, el sistema está dividido entre públicas que siguen los principios de los derechos humanos de igualdad, libertad y solidaridad y privadas, que suman la gestión de negocios y ganancias. Las públicas, aunque más accesibles, no logran compensar las desventajas de origen, mientras que las privadas segmentan el mercado según el poder adquisitivo. Costos y desigualdad entrelazan un sistema que favorece a pocos y se requiere inversión y ruptura radical con la herencia colonial que produce injusticias.
La gratuidad real ocurre cuando todos los componentes del derecho a la educación (alimentación, alojamiento, seguridad social, transporte, matrícula) están cubiertos y adicionan apoyos especiales a estudiantes de grupos vulnerables e; institucionalmente se regula la calidad que debe incluir amplios campus y servicios culturales, vinculaciones de trabajo decente y bien pagado a docentes y pasar de la ciencia de papel y ranking a la de impacto directo verificable en su incidencia y, fortalecer y conectar la educación básica para que ir a la universidad sea un derecho para cualquier humano.
Las universidades han sido creadas para ayudar a construir ser un sentido de nación, bastión de lucha por soberanía, democracia y derechos, y erigirse como fuente de movilidad social y de desarrollo económico, pero además resistir los poderes hegemónicos en dictaduras y conflictos armados, que arremetieron contra ellas. En Argentina, Chile, Brasil, las dictaduras y en Colombia los sucesivos gobiernos de élite que trataron a la universidad pública como a un actor armado enemigo, les aplicaron la “operación cóndor”, al tiempo que dejaron prácticamente por fuera a los jóvenes de sectores populares y el pensar crítico y colectivo reforzando las brechas socioeconómicas de la región.
En teoría, las universidades públicas en américa latina se presentan accesibles para todos los sectores sociales debido a su financiamiento estatal. En Colombia los recursos se distribuyen según la ley 30 (art 86 y 87) pero la desfinanciación crece (a 2024 19 billones, algo más de 4.500 millones de dólares). Argentina, Uruguay y Brasil aparecen estables y ofrecen matrículas gratuitas o de bajo costo en universidades emblemáticas y de primer nivel de reconocimiento como la Universidad de Buenos Aires (UBA) o la Universidad de São Paulo (USP). En la UBA, los estudiantes solo pagan una tasa simbólica de inscripción (menos de 1 dólar año), sin embargo, esta gratuidad no siempre incluye gastos indirectos (transporte, materiales o alojamiento) que pueden representar el 30% del ingreso familiar en hogares pobres (CEPAL, 2021) y produce una deserción del 60% por búsqueda de trabajo, en Chile los costos asociados al derecho a la educación tampoco son totalmente gratuitos, pueden superar los 2.500 dólares, prohibitivo para el 40% más pobre. La capacidad limitada de cupos también reduce las garantías del derecho humano, la UNAM solo admite al 8% de aspirantes año.
El sector universitario privado en américa latina es amplio y heterogéneo pero atado a las reglas del mercado, hay universidades de élite con costos comparables a las estadounidenses, en el tecnológico de monterrey (México) o los andes (Colombia) una carrera puede costar 15.000 dólares anuales, otras tienen costo medio y calidad variable para estudiantes de clases medias bajas, en Perú las hay con ofertas de 1.200 dólares (SUNEDU, 2022) pero la mayoría no tiene “acreditación” y el acceso a las de alta calidad es excluyente. En Brasil, el 75% de estudiantes de privadas es de estrato medio y alto y solo el 18% de los más pobres logra ingresar (IBGE (2020), hay créditos educativos, como el fondo solidario en Chile que genera endeudamiento o el Programa ser pilo Paga en Colombia, que amplía el acceso, pero transfiere recursos públicos a privados, con el costo de un solo estudiante en la privada se podría cubrir a 20 o más en la pública y además el 60% de beneficiarios de créditos estudiantiles con recursos públicos proviene del 20% más rico (Universidad Nacional, 2019).
La desigualdad produce barreras educativas, en tanto el 10% más rico concentra el 55% de los ingresos (Banco Mundial, 2023) en américa latina y las familias empobrecidas sobreviven con ingresos inferiores a 300 dólares, más dificultades adicionales por inequidades y menor preparación debido a escuelas primarias y secundarias con carencias de todo tipo, incluida infraestructura, servicios, dotación bibliográfica, laboratorios y recursos en línea que rebajan la calidad. En Brasil, el 70% de estudiantes en universidades públicas proviene del 30% más rico (INEP,2021), reflejando que de la gratuidad se benefician en igualdad de condiciones quienes ya tienen ventajas socioeconómicas sobre los que padecen los efectos de la desigualdad. Incluso con universidades públicas “gratuitas”, sostenerse hasta el final es un problema central para estudiantes de sectores vulnerables, la deserción supera el 40% en Colombia y las privadas tratan de superarlo con becas que pocas veces cubren la totalidad de costos (más estrategia de marketing que de calidad), en Ecuador solo el 5% de estudiantes de privadas recibe becas completas (SENESCYT, 2021) y en los demás países ocurre lo mismo.
En Chile, tras las protestas estudiantiles de 2011, el gobierno redujo los costos en universidades públicas, pero el endeudamiento persiste y el 40% de egresados tiene deudas educativas (OECD, 2022), en la UNAM los costos simbólicos contrastan con el Tecnológico de Monterrey (privada), donde una ingeniería cuesta 10.000 dólares anuales y apenas el 2% de estudiantes proviene de hogares pobres (INEGI, 2020), en Brasil, las cuotas raciales y sociales en universidades públicas han aumentado la diversidad, pero el 80% de los estudiantes negros aún estudia en instituciones privadas, muchas de ellas con enseñanza precaria (IBGE, 2023). La política universitaria sabrá cómo corregir.
