Otra vez la tragedia tocó las puertas de la minería del carbón térmico en Boyacá; en la mina El Porvenir de la Vereda San Nicolás del Municipio de Tuta, otra vez, tres obreros quedaron atrapados en lo profundo del túnel de la mina, afortunadamente fueron rescatados sanos y salvos.
¿Por qué los accidentes y las emergencias son tan frecuentes en este tipo de minería? Sencilla respuesta: porque las condiciones de explotación son inadecuadas dado que los equipamientos no son los mejores. Herramientas, equipos y materiales de soporte en la mayoría de los casos son ‘hechizos’.
Las instalaciones de las minas muestran la precariedad de sus estructuras. A primera vista se evidencia que la suerte es la única que acompaña a los mineros para que las tragedias no sean peores.
Obsérvense los equipos de la mina donde sucedió el accidente: el motor principal es una adaptación; las poleas para mover los vagones de extracción del mineral cuelgan de las ramas de un eucalipto; los suministros de aire se hacen con mangueras añadidas; los vagones están construidos artesanalmente, etc.
Y qué decir del resto de las instalaciones de la mina: no hay espacios adecuados para los trabajadores, los sitios de manipulación del carbón también son inadecuados, no solo en esta mina sino también en las vecinas.
Y en los rostros de los trabajadores quedan las huellas de las dificultades, que no son las del duro trabajo, sino las de la carencia de las condiciones propicias para ejecutar sus labores.
De todas estas características se da cuenta un funcionario como el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, quien durante su presencia ni en las declaraciones a la prensa se refirió la situación objetiva de las minas, derivando sus apreciaciones en los temas sancionatorios. El porqué de las carencias en el proceso minero no se tocan.
Los organismos e instancias de socorro, hacen su trabajo con eficiencia y vocación pero completan la distracción con los lenguajes de protocolos y procedimientos que exacerban la emoción del público para que se concentre en los elementos de la emergencia y se aleje de la reflexión sobre la esencia de lo que sucede en torno a las causas del acontecimiento.
Así las cosas, las emergencias y tragedias parecen que solo pertenecen y deben ser sufridas por los rostros de los mineros. Mientras el resto de la cadena del sector minero-energético experimenta una realidad completamente distinta.
En los últimos años, las plantas de generación de Paipa que pertenecen a Gensa han sido objeto de reparaciones y procesos de modernización que han demandado decenas de millones de dólares de inversión con la presencia de técnicos y compañías especializadas que garantizan el éxito de los procedimientos y aseguran la mayor rentabilidad del negocio.
A su turno, la Cuarta Unidad, que debería ser de propiedad pública después de cumplirse el ciclo de la concesión durante 20 años, siempre ha estado mantenida en las mejores condiciones, a costa del bolsillo público, ha visto cómo en los casi dos años de operación autónoma, sus utilidades se han multiplicado de manera exponencial.
Tanto Gensa, como Energética Sochagota hoy gozan del éxito absoluto de la coyuntura del mercado energético colombiano, a lo cual se podría aceptar que tiene derecho, pero lo que no resulta ni justo ni sostenible es que el primer eslabón de la cadena, que es la minería del carbón térmico, su materia prima única, sea tratado de la manera como se ha hecho en los últimos 50 años.
El gobierno tiene la obligación de intervenir para equilibrar las cargas: el precio del carbón debe remunerar todos los costos de una producción segura, en primer lugar para la vida de los trabajadores, rentable para los empresarios y sostenible para el medio ambiente. De otra manera, estas emergencias y tragedias no tendrán solución.
La palabra la tienen el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Gremio de los productores, el gobierno departamental y los ejecutivos de las empresas generadoras, entre otros.
