Es evidente que tanto la reventa de la EBSA, como el recaudo de esta nueva tarifa son las dos caras del mismo raponazo al que particularmente nos vemos sometidos los boyacenses: nos quitan para que otros ganen más, EBSA, y tenemos que aportar para recuperar lo que otros se han robado, Electricribe.
Los boyacenses no nos habíamos repuesto de la exorbitante cifra por la cual los canadienses transaron la Empresa de Energía de Boyacá, cuando el gobierno anuncia la forma como cobrará la sobretasa de $4 por cada kilovatio hora consumido por los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, (lo pagarán todos los colombianos de estos estratos) con el fin de capitalizar el llamado patrimonio autónomo del Fondo Empresarial de la Superservicios que creó la reciente ley del Plan Nacional de Desarrollo y que servirá para rescatar a Electricaribe, la empresa que estuvo en manos de los españoles durante más de 20 años y que fue literalmente saqueada, mientras el servicio dio al traste con la seguridad del suministro en toda la costa atlántica, un territorio que alberga otros diez millones de colombianos.
¿Por qué raponazo?
En el caso de la Empresa de Energía de Boyacá, como se ha dicho en todos los tonos y en todas las ocasiones por la mayoría de los boyacenses, el gobierno nacional, desde la época del primer periodo de Álvaro Uribe, cuando este escindió la empresa quitándole las plantas de generación y luego cuando el gobierno del primer periodo de Juan Manuel Santos, traicionó su palabra y terminó vendiendo al Empresa de Energía a los Canadienses, el proceso no puede ser calificado con ningún adjetivo diferente al de raponazo.
Una empresa como la EBSA, con la integración de factores de manejo para actuar en toda la cadena del mercado eléctrico, que la construyeron los boyacenses día por día desde finales de los años 50 del siglo pasado, es sistemáticamente perseguida y finalmente enajenada, sin que sus verdaderos dueños hayan recibido un solo centavo de beneficio. Además porque era una empresa que se ha manejado con la mayor pulcritud posible para el sector publico colombiano, ejemplo en las últimas dos décadas, con la estructura administrativa que garantiza el éxito técnico, financiero y empresarial, donde todo lo que es hoy se le debe al trabajo, el conocimiento, la honestidad y la dedicación de sus trabajadores y funcionarios y donde cada habitante del departamento contribuyó con su expansión y crecimiento, para terminar siendo un negocio en manos de sujetos como el exministro Juan Carlos Echeverry, el arquitecto de la venta, quien para ironía de la situación, está o estaba casado en el momento de la venta de la empresa con una boyacense oriunda del cocuy. De este raponazo protagonizado por el gobierno central no nos hemos repuesto los boyacenses y menos ahora que se sabe que esa empresa, a la cual nadie le ha metido un solo peso, no ha sido dirigida por ningún “experto” extranjero, para decir que su valor se multiplicó por algún extraordinario aporte en la capacidad de manejo técnico o administrativo, la empresa se valorizó con el trabajo y el conocimiento de los mismos que estaban antes de su venta.
Ahora bien, lo dicho hasta ahora implica que si la empresa no fue capitalizada ni nada extraordinario pasó, entonces, lo que hicieron con plena conciencia y mala fe desde el gobierno central, tanto Santos como su equipo encabezado por Echeverry, fue engañar a los boyacense y a los colombianos, diciendo medias verdades y mentiras completas para justificar en su momento lo que ahora se ve que no se puede justificar y que por tanto configura, la venta inicial, el raponazo más grande en la historia del departamento. Se podría pensar que lo de Odebrecht, es un juego de niños si se analiza y compara con lo que hicieron con la EBSA.
Ahora bien, el anuncio del cobro de la sobretasa al consumo ya descrita, a partir del mes de octubre, donde involucran a todos los colombianos de los correspondientes estratos, es otra forma del mismo raponazo, tan solo que cambian las circunstancias. Esta es otra vulgar trampa de la tecnocracia central para disimular el saqueo del cual fue víctima Electricaribe por parte de los españoles, quienes pareciera que desde el primer día que llegaron a estas tierras no han cambiado la forma de actuar. Según lo han estimado expertos que han seguido todo este tiempo el desempeño de los españoles, todo lo que hicieron fue minimizar las inversiones de un servicio prestado en monopolio, tener mano dura en la gestión del cobro y reducir drásticamente los costes laborales.
Entonces, el gobierno central, pasando por encima de las regiones, en vez de dirigir toda su acción para corregir los errores cometidos y crear las condiciones para evitar este tipo de accione depredadoras, acude al expediente más fácil: meterle la mano a los usuarios. Así que ya es hora de que las regiones levanten su voz y le salgan al paso a estas estructuras todopoderosas y abusivas. Un tema interesante para las campañas regionales en marcha.
¿Quién o qué propició el valor de la EBSA en la reventa de los canadienses?
La indignación no se ha hecho esperar en muchos sectores de la comunidad boyacense al saberse el precio de reventa de la Empresa de Energía de Boyacá entre las dos empresas canadienses ya conocidas, Brookfield Asset Management, Inc. y Northland Power Inc. por $2,66 billones, sobre el 99% de la energética.
La pregunta es ¿qué hizo que en solo siete años la empresa se valorizara más de tres veces? ¿Fue recapitalizada, se realizaron inversiones extraordinarias de modernización, de ampliación o de adquisición de otros activos?, ¿cuántos puestos de trabajo más produjo para la economía del departamento? O, ¿fue desde el comienzo un negocio tramposo, propiciado, diseñado e impuesto a toda costa por los gobiernos de Uribe y Santos, con el evidente oportunismo y mala fe de sujetos como el entonces ministro de hacienda, Juan Carlos Echeverry?
A primera vista, ninguna de las acciones de crecimiento que pudieron valorizar la empresa se dieron en este tiempo; todo parece indicar que más bien se hicieron acciones al contrario, los nuevos dueños, desde el comienzo se apoderaron de las enormes utilidades que año tras año venía produciendo la empresa, aprovecharon que todas las redes y equipamientos necesarios para el óptimo servicio apenas se mantuvieran. De acuerdo con voceros de los trabajadores, en estos años de presencia del operador extranjero, se agotaron los inventarios de materiales y repuestos, no se adelantaron programas de expansión que no fueran estrictamente parte de los negocios de corto plazo, mientras que en el campo laboral, se ejecutaron programas de retiro voluntario de muchos funcionarios y trabajadores, mientras se ejecutó un estricto programa de modernización contable y financiero; a su turno, de acuerdo con los reportes de los usuarios, en estos años, paulatinamente, se ha visto desmejorado el servicio en cuanto a cortes más frecuentes y prolongados.
De modo que la valorización de la empresa no sucedió por ninguna de las vías que se suponen aumentan el precio de un activo. Y si no fue así, entonces estamos ante lo que ya se ha empezado a ver como un gran detrimento para el departamento, del cual habrá que buscar los responsables, como piensa el exgobernador Alfonso Salamaca Llach.
Así que ahondando en lo que en realidad ha sucedido con la exorbitante valorización de la empresa, el dirigente Pedro Pablo Salas hace un análisis distinto, llamando la atención “sobre lo que hoy se llama el capitalismo buitre, el mismo que aumentó desde 2012 las tarifas en un 75%; y, hoy, en una transacción entre transnacionales, venden la empresa en lo que se llama inversión de activos, donde juegan los suscriptores, el monopolio, y la imposición de tarifas que se pagarán con sudor y lágrimas, para que este capital, que no es creador de valor, sino extractor de valor (según lo planteado por Marina Mazzucato y Manuel Castell), donde se negocian, además, los territorios para que a las transnacionales les vaya bien y a los pueblos mal”.
Salas describe que lo que sucede aquí es un juego de casino, típico del capitalismo actual en la era de la globalización, ‘al que nos opusimos con los trabajadores, de 2007 a 2012, para que EBSA no se vendiera’. Apostilla que así, en su etapa depredadora, de canibalismo social, Brookfield vende la EBSA en tres veces más el valor por el que la compró -$807.000, millones de pesos-, 2.66 billones.
