Por | Darío Álvarez Morantes / Presidente de Condiragro
La sostenibilidad se define como la gestión en desarrollo de un país, para satisfacer las necesidades de sus actuales pobladores, sin comprometer la capacidad ni los recursos de las generaciones futuras, para prodigarse su propio bienestar.
La sostenibilidad productiva se relaciona con la competencia de trabajadores, empresarios y entes gubernamentales, para mantener la producción de bienes y/o servicios con el uso racional de los recursos y factores de producción, logrando conformidad y viabilidad en los aspectos socio culturales: manteniendo vivas las raíces de las regiones, sin lesionar las tradiciones, usos, costumbres de la gente, su identidad, ni su ambiente de bienestar social en democrática participación política y de toma de decisiones, con prioridad en las funciones vitales del ciudadano.
En la parte económica, se busca lograr la mayor rentabilidad con los menores costos, haciendo uso adecuado de los recursos, siempre escasos y los factores productivos, pero sin afectar a los demás sectores y garantizando la calidad y el crecimiento continuo, innovador y competitivo.
En cuanto a la sostenibilidad técnica, se hace referencia a la calidad y funcionalidad de la formación en diferentes profesiones, de individuos y empresas para su eficiente desempeño, con la adopción tecnológica indicada, para lograr la vigencia productiva en franca competencia con los avances del mercado. La sostenibilidad ambiental hace hincapié en el uso racional de los recursos naturales, con el menor impacto al entorno y con las mejores acciones de preservación, para mantener un ambiente saludable.
“Según los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las naciones unidas, la producción y el consumo sostenibles, significan hacer más y mejores cosas, con menos recursos, desvinculando el crecimiento económico de la utilización creciente de los recursos y la degradación del medio ambiente”.
En conclusión, la estrategia productiva apunta a gestionar mejor los recursos, con todo el compromiso de cuidarlos y preservarlos, en procura de la mayor utilidad posible, sin acabar sus fuentes, dentro de una política general de trabajadores y empresas sostenibles, en todos los ámbitos de su acción productiva. En el año 2018, decía Luis Fernando Mejía, Director general – DNP “en los últimos 8 años el gobierno nacional le apostó a una visión de largo plazo que condujera a Colombia a ser un país próspero, con un desarrollo ambiental y socialmente sostenible. Dicha visión enmarcada en los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), se apoya en tres pilares transversales que inciden en cada sector de la economía: El primero busca fortalecer las capacidades individuales para que cada colombiano tenga la facultad de escoger un proyecto de vida que lo satisfaga y le de bienestar.
El segundo, le apunta a aumentar la productividad del sector público para que el Estado provea más y mejores bienes y servicios que garanticen un ambiente libre, justo, seguro y estable, para el desarrollo de los ciudadanos y de las empresas. El último pilar se enfoca en mejorar la productividad del sector privado para aprovechar así todo el potencial del recurso físico y humano del país y con ello, generar más empleo, riqueza y calidad de vida” fuente: Elaboración DNP.
Los 35 documentos de política contenidos en este libro ahondan en esta visión de largo plazo y explican cómo su implementación en las diversas temáticas permitió que la Colombia de hoy sea mucho más próspera, incluyente y sostenible que la de hace 8 años”. Posteriormente y en el mismo año el actual presidente Iván Duque, lanzaba su plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 “Hacia un Pacto por Colombia, con Legalidad, Emprendimiento y Equidad para Todos” con la inclusión de pactos: por la ciencia la tecnología y la innovación, por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, por la transformación digital de Colombia, por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, por los recursos minero energéticos, por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y victimas, por la inclusión de todas las personas con discapacidad, por la equidad para las mujeres, por una gestión pública efectiva, por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones, por la productividad y la equidad en las regiones; Legalidad + Emprendimiento = Equidad. “Seremos un país que aplique a todos los sectores productivos la idea del respeto inequívoco al medio ambiente bajo la premisa de producir conservando, conservar produciendo.” Presidente Iván Duque, 2018.
Pasados 3 años del actual gobierno nada se ha cumplido a cabalidad y se culpa a la pandemia de todos los fracasos, se trató de reactivar la economía apoyando a los grandes comerciantes y a la banca nacional, los apoyos directos no han llegado a las clases más vulnerables, los alivios financieros se convirtieron en arreglos de cartera donde se sumaron intereses a capital y se ampliaron los plazos para perjudicar a los deudores con la adición además, de seguros innecesarios, como negocio descarado de los intermediarios financieros, el proceso de paz fue torpedeado y el posconflicto desfinanciado, ¡ la legalidad es vergonzosa, el emprendimiento nulo y la equidad desconocida!, así las cosas, no se fortalecieron las capacidades individuales para que cada colombiano, pueda tener la oportunidad de escoger un proyecto de satisfacción y bienestar, la productividad del sector público, no pudo aumentar y menos aún en condiciones de la pandemia, falta de austeridad y priorización del gasto, la productividad del sector privado se mantuvo en un principio, sufriendo el embate nefasto en las condiciones de crisis, pero será el fundamento de la reactivación económica, sectores como el agropecuario pagaron muchos platos rotos ajenos a su responsabilidad, el desastre social se agravó por la insolidaridad de la gente, por la necesidad del trabajo, por el aumento de asesinatos de líderes sociales, por la llegada de muchos venezolanos a competir por espacio, servicios y empleo lo que aumentó aún más la delincuencia. La tala de árboles y la minería ilegal continuaron en zonas de bosques supuestamente protegidos, se mantuvieron las áreas sembradas con coca, pero eso si el gasto superó las más altas proyecciones de la historia, aprobando uno de los mayores rubros para defensa, con aumento exagerado también, para los procesos electorales, lo que contrasta con la reducción inmisericorde en los recursos para agricultura, al apropiar solo 1.6 billones, mientras que para la guerra se aprobaron 41.9 billones con miras a la inmediata vigencia, pasando el presupuesto general de la nación de 235.5 billones para el año 2018 a 350.4 billones para el año 2022. Lo que demuestra que la sostenibilidad productiva no se incentiva y continuará a cargo de las empresas y trabajadores privados, con el apoyo irrisorio a la producción de alimentos, donde se evidencia que el gobierno, le apuesta más a la guerra que a la paz, sin apropiarse de una verdadera política de estado para generar el desarrollo integral y sostenible de la nación.
