Por|Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Uno de los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI, tanto para frenar su propia erosión, como para hacerle frente a los violentos embates del capital y sus estrategias de barbarie, es poner al descubierto la concepción de seguridad imperante, que con la idea de prevenir el mal y atacar al terrorismo, ha convertido la humillación, el temor y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en la fórmula que, contrariamente a lo planteado, legaliza al terrorismo de Estado.
La seguridad, que consume hoy la atención del mundo, tiene un carácter extraterritorial, que abarca la jurisdicción internacional, con base en tratados bilaterales de negocios con los Estados Unidos y aplicable a los miembros de las Naciones Unidas. En menos de dos décadas de implementación ha ocurrido exactamente lo contrario, la inseguridad se apoderó del mundo en correspondencia con los ecos de una seguridad usada para justificar el odio y la destrucción. El paso destructor de tal seguridad ha dejado humillación, sufrimiento y muerte, cuando se creía que había una civilización en paz, que haría posible obtener una ciudadanía universal y alcanzar el respeto supremo por la vida y la dignidad humana. En nombre de la seguridad se han amontonado por miles los cuerpos inertes de víctimas inocentes en territorios como Siria, Libia, Yemen, Afganistán, Iraq; y, en decenas de territorios olvidados, como Haití, Somalia, Sudan, Colombia, Guatemala, Honduras.
La seguridad con una nueva ingeniería del terror, se reinstaló con las reglas de la guerra preventiva a partir del 9/11, que pusieron fin a los límites de la guerra simétrica, validaron la ilegitimidad en las actuaciones de los estados e implantaron una legalidad sin justicia. La nueva herramienta legal es la Ley Patriot (USA Patriot Act) que amplía la capacidad de control del Estado bajo el supuesto de combatir al terrorismo, extender la capacidad de las agencias de seguridad, fortalecer la vigilancia, establecer nuevos delitos y endurecer las penas por delitos de terrorismo; y, la resolución 1373, del Consejo de Seguridad de las naciones unidas. Las dos con el espíritu de la Ley McCarthy-Walter que durante los tiempos de la Guerra Fría alentó la lucha contra el comunismo. La seguridad anunciada invalida de manera violenta los fundamentos de conceptos, prácticas y sentido de los valores y principios contenidos en el Derecho Universal de los derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. El terror del Estado quedó legalizado y, a diferencia del momento anterior, quedó protegido, en tanto su primer efecto fue la eliminación de la división entre las esferas civil y militar y con ella la desaparición de la distinción entre resistencia civil y resistencia armada.
La seguridad se difunde mediante su antítesis de temor generalizado a supuestos peligros latentes, causados por enemigos difusos, invisibles y peligrosos que se esconden en cualquier parte, y están dispuestos a atacar a la población. Se aplica con o sin consentimiento en todos los países del mundo y en especial en aquellos asociados a las alianzas contra el terrorismo (o quizá mejor en alianzas promotoras del terrorismo). Se impone sin atenuantes como un valor supremo, se deifica como un ideal de protección, aceptado por los pueblos, que sin alternativa, eligieron entre su seguridad y sus derechos constitucionales, concluyendo por restringir los derechos para garantizar la seguridad. De esta manera, por encima de los derechos humanos y del DIH, galopa la ilimitada potestad del Estado y sus agentes para afectar el derecho a la vida o integridad de cualquier persona en el mundo, -no hay excepción, cualquiera puede ser el enemigo salvo la minoría de elite-, basta ser señalado o condenado, sin juicio previo, pertenecer a una minoría excluida o venir de un pueblo o región estigmatizada.
La seguridad es una fórmula ideológica inventada en el marco del neoliberalismo por las elites políticas, económicas y militares, aferradas al poder sin límite, ni escrutinio público, y necesitada de justificaciones legales globales, para mantener el despojo. En su corto recorrido ha dejado torturas, desapariciones, encarcelamientos preventivos, cárceles de terror, masacres, genocidios, hambrunas, murallas para aislar, deportaciones y asesinatos, tratados con impunidad como asuntos secretos de estado. La seguridad elevada a la categoría de valor, promueve prácticas degradantes y ofensivas contra la humanidad, permanece instalada como un chip en el cuerpo del sujeto, que ya tiene interiorizado su propio enemigo interno; en las instituciones que actúan con indolencia y en el cuerpo social, que reproduce odio, desconfianza y temor. La seguridad protege a la impunidad que pone a salvo a los que dinamizan los sistemas de corrupción y en general al pequeño grupo de poderosos que con solo respirar mueven al mundo, promueven la disolución de los lazos sociales entre hermanos y entre pueblos y lesionan la solidaridad, la cultura, el afecto, la política, el colectivo.
La seguridad para impedir el mal, responde a los impulsos del capital que paraliza al cuerpo social en cuanto su real propósito no es la seguridad, si no la destrucción de las conquistas de derechos alcanzados y la disolución de toda forma de resistencia a la acumulación sin límite de las riquezas colectivas. La seguridad es el nuevo nombre de la opresión, es la estratagema que mantiene latente la barbarie. La seguridad distribuye temor entre vecinos, entre grupos étnicos, entre colectivos sociales y entre inmigrantes de todos los lugares y en todos los países. Y ese temor produce ganancias, es aprovechado por empresarios voraces –legales e ilegales- para aumentar la explotación bajo el chantaje de aceptar la permanencia en un lugar. Es el temor individual a todo, a ser acusado, detenido, torturado, expulsado, violado, asesinado; pero, también, a quedarse sin nada, a perderlo todo, quedar sin trabajo, ser encerrado. Y es el temor colectivo de pueblos enteros a ser convertidos en enemigos y bombardeados, destruidas sus ciudades y sus bienes, rociados con tóxicos, hace tiempo prohibidos, quemados con azufre o herbicidas, olvidados, desterrados, humillados.
La seguridad lleva a discriminar, perseguir a minorías, violentar derechos de mayorías, impedir la protesta social, condenar adversarios políticos y sociales, asesinar en masa o al detalle; sus estrategas aconsejan construir guetos, inventar otras violencias, provocar reacciones violentas de las víctimas para justificar nuevas intervenciones que alienten la cadena del horror. Los estrategas son financistas, ejecutivos, banqueros, especuladores, juristas, políticos que reproducen clientelas, expertos en seguros y militares que crean, recrean y difunden el miedo a la inseguridad. Planifican escenarios de guerra, venden armas y tecnologías, organizan ejércitos, movilizan mercenarios. Los estrategas de la seguridad, en síntesis, constituyen el máximo peligro, son creadores de la inseguridad, la fabrican, la expenden, la extienden, ofertan imaginarios para proteger del riesgo y hacer creer que la vida es segura con un policía para cuidar, un militar para combatir y una cárcel para encerrar.
La seguridad está en contravía con los principios de la seguridad real, basados en el reconocimiento del otro como un ser humano, que debe ser respetado y contar con garantías de Estado para permanecer libre de temor, humillación y tratos degradantes. La seguridad promovida está convertida en una política de terror que impide la justicia como bien común, pero a la vez impide que esta se aplique a los responsables de las humillaciones y los crímenes. La seguridad sin justicia deja ver que su propósito no es la convivencia pacífica entre hermanos, pueblos o estados, si no la defensa de la acumulación ilimitada de quienes no abandonan el sueño de convertir al mundo en un inmenso casino y a los países en municipios que a merced del miedo les multiplican sus ganancias manipulando información y extendiendo la idea de que en cualquier parte hay un enemigo a combatir.
La seguridad del terror legalizado que crea inseguridad, es útil al funcionamiento de la sociedad desigual y globalizada bajo control de inversionistas decididos a tomar por cuenta propia el control del Estado eliminando la intermediación de la clase política e instaurando gobiernos de empresarios tipo Trump, que empezó por anunciar que el mundo será seguro si se fabrica a su medida.
