Según lo dispone la Ley 278 de 1996 la concertación tripartita (Gobierno nacional, trabajadores y empleadores) del reajuste del salario mínimo, que percibe cerca del 10 por ciento de la población ocupada (un poco más de 22 millones de personas), debe darse antes del 15 de diciembre de cada año, sin embargo, esto poco se ha dado y su fijación ha ocurrido en las postrimerías del año, cuando el regocijo decembrino opaca el anuncio gubernamental.
Contrapunto económico
@zaperongo
Los llamados parámetros para la fijación del incremento del salario mínimo son: la meta de inflación del año entrante reportada por el Banco de la República, la productividad, el aporte de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el índice de Precios al Consumidor (IPC) causado. Quizás la fórmula propuesta no tendría mayores dificultades de aplicación, si no es por las cifras discrepantes que existen sobre la productividad, vista, ya sea como la productividad laboral o como la productividad de los factores (productivos), además de una meta de inflación objetivo irreal con un rango de 2-4 por ciento.
Los incrementos registrados en los últimos años han resultado de una combinación de la variación de precios y el repunte de la economía, omitiendo el comportamiento de la productividad, bajo el falaz supuesto de que esta es muy baja, casi irrelevante para determinar el reajuste salarial.
El año pasado el parámetro de referencia fue la variación de precios de la canasta de bienes y servicios (13,12 por ciento) y el crecimiento esperado, más una productividad, que los tecnócratas y empresarios agrupados en la ANDI, Fenalco, SAC, Asobancaria y Acopi, presumen que es negativa-, pero que las agencias oficiales como el DANE, la sitúan en, alrededor, del 1 por ciento-, resultando el 16 por ciento final. Empero, como se observa en el cuadro siguiente, la productividad total de los factores (PTF: sumatoria de los aportes del capital y el trabajo) ha sido positiva, alcanzando en 2021, por ejemplo, un aumento de 1,47 por ciento. El peor desempeño se registró en el año crítico de la pandemia, 2020, cuando la economía se desplomó y la inflación tocó fondo. En contraste, al año siguiente, pese a la reactivación económica y el repunte de la productividad, el aumento salarial fue inferior a la inflación registrada.
Si se hace un estimativo de la productividad laboral (valor agregado por trabajador) se encuentra, contrario a lo que sostienen los negacionistas gremios empresariales, que esta ha fluctuado entre 2 y 3 por ciento.
Como se aprecia en el cuadro anterior, la pérdida de la capacidad de compra de los colombianos se busca compensar o recuperar, con un reajuste que rápidamente lo neutraliza la cascada de precios que se desata desde el primer día del año siguiente, al tratarse de una economía con precios y tarifas indexadas, dado que en la actualidad existen 204 bienes y servicios indexados, que el Gobierno busca desmontar gradualmente.
Las apuestas por el incremento del salario mínimo se están poniendo sobre la mesa de concertación y la primera oferta la han hecho los trabajadores, reclamando un aumento del 18 por ciento. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha anunciado que el incremento no superará el 12 por ciento, quizás tomando como referente la inflación anualizada (noviembre 2022/noviembre 2023) y no el año corrido enero-diciembre de 2023, pues cuando se adopte el reajuste, aún el DANE no ha reportado la inflación al cierre del año.
Como lo han insinuado algunos dirigentes gremiales, -que olvidan que mejores ingresos se traducen en una mayor demanda de los bienes que fabrican o los servicios que prestan-, su apuesta se alineará en torno al 10 por ciento, por lo que serán dos puntos el foco de la controversia.
PUNTO FINAL: A todos mis lectores les deseo felices fiestas.
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