Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Se ha convertido en común denominador invertir el sentido de las cosas para tratar de posicionar una verdad contraria a la que explica realmente una situación. La táctica política del poder (empresarios, directivas de instituciones, gerentes, financistas), es imponer “su” verdad (posverdad), creando una doble versión de los hechos, orientada a aislar la situación e impedir que la realidad de lo que ocurre sea entendida fácilmente. Crear una doble versión le sirve al poder para confundir y oscurecer y, aunque no es nueva, justo ahora, cuando el país oficialmente esta sin guerra, reaparece, para ocupar el espacio sin enemigos a los que antes se responsabilizaba de estar detrás de toda lucha para desvirtuarla. La doble versión es útil al poder para ocultar, negar y, desfigurar la verdad.
Como lo muestra la tendencia, la ausencia de guerra, empieza a ser cubierta con dobles versiones que dificulten establecer rápidamente la verdad de las cosas. En el régimen Uribe al amparo de la guerra la fórmula fue crear duplicidades de organizaciones (indígenas, sindicales, colectivos de abogados, asociaciones de víctimas). En esta nueva etapa la fórmula es de dobles versiones para confundir, inclusive sobre asuntos venideros como el de candidatos presidenciales atados a partidos de sobrada ilegitimidad y cuestionamientos, que con una doble versión afirman no pertenecer a él pero contar con sus votos y maquinaria (Vargas Lleras, otros); así mismo los casos de magistrados, congresistas y jefes políticos acusados de paramilitarismo y corrupción que se declaran víctimas y dilatan los procesos; exfuncionarios criminales que declaran persecución política (entorno del C.D).
Los ejemplos de las dobles versiones de lo que ocurre, ponen en evidencia que aunque cambie la percepción del presente, el control del poder y sus prácticas siguen vigentes, sostenidos con el espíritu de guerra al que habrá que derrotar más pronto que tarde.
La última situación de doble versión corresponde directamente a la intervención del Estado en un presumible crimen de lesa humanidad, que comprometería al Presidente de la República en su condición de jefe de las fuerzas armadas y Nobel de Paz, con el agravante de que la masacre ocurre en democracia y en ausencia de guerra.
Se trata según, la versión de las víctimas, de la masacre ejecutada en Tumaco, Nariño, Sur de Colombia, contra civiles campesinos productores de hoja de coca (no de cocaína). Los campesinos, según su propia versión, fueron atacados y asesinados en estado de total indefensión por uniformados pertenecientes a las fuerzas armadas (ejercito y policía).
Indican que hay de 8 a 15 muertos y más de 20 heridos por impacto de bala. Los campesinos están movilizados reclamando, en justa causa, contra la erradicación forzada de cultivos de coca, y contra la represión desmedida de militares en su territorio, lo que resulta en los dos casos, contrario a lo pactado en el acuerdo de Paz de la Habana, que establece, que solo de manera consensuada entre el gobierno y los cultivadores se realizaría una erradicación manual y la sustitución de cultivos de coca por otros cultivos con garantías de comercio justo, a la vez que se entendía al campesinado como víctima de un sistema de explotación mafiosa que los convierte en el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico.
La otra versión, la anunció el presidente Santos, asumiendo la defensa de las Fuerzas Armadas, acusadas de este abominable suceso de barbarie. El Presidente, rodeado de la cúpula militar, entregó el incuestionable libreto y sin mayor explicación pero con interés en aislar, señaló que los responsables estaban identificados y que se trataba de los alias Guacho y David, de quienes dijo que eran exguerrilleros, explosivistas y disidentes, que lanzaron cilindros bomba contra la multitud. La fiscalía y la procuraduría, llegados al territorio parece que confirman que los disparos provinieron dela fuerza Pública. La personera del municipio, precisó que todos los muertos y heridos tenían impactos de bala y que ninguno tenía rastros de esquirlas ni explosivos, y que tampoco se oyeron explosiones, además insinuó que curiosamente ningún militar de los que reprimía la movilización de campesinos resulto afectado, ratificando la indefensión de las víctimas.
Siguiendo la alocución del presidente ¿por qué alias Guacho y David acusados de obligar y empujar a los campesinos a impedir la erradicación, tendrían interés en asesinarlos si justamente estarían haciendo bien la tarea? Dos días después de la masacre, medicina legal informó que los asesinatos y las heridos fueron provocadas con proyectiles de alta velocidad.
El penúltimo asunto de doble versión es la existencia material de una huelga de pilotos de la aerolínea Avianca, quienes reclaman seguridades de vuelo, es decir, garantías para la seguridad de todos los pasajeros y, piden equilibrio de salarios entre los pilotos colombianos y los de otras nacionalidades pagados por el mismo holding, violando el principio de reciprocidad laboral y de que a igual trabajo, igual salario.
La versión de los pilotos en huelga, corresponde al interés de un grupo de trabajadores, que aunque vayan con vestido de paño, quepis y corbata son explotados como todos los trabajadores del mundo y expuestos a la indolencia y voracidad de los empresarios capitalistas que propenden por mejorar sus propias ganancias y hacer crecer sus acumulados personales de capital a costa de lo que sea. Para los pilotos no hay medios de comunicación abiertos, ruedas de prensa, ni comentarios de expertos en su favor.
Del otro lado está la versión del empresario Efromovich, que controla la aerolínea y otras empresas insistentemente señaladas de exitosas. Su poder le sirve de patente de intimidación para afirmar que los huelguistas actúan como criminales y promete hacerles pagar cara la osadía de levantarse contra él. Las otras aerolíneas, el gobierno y los gremios se ponen de su lado, tratando de aislar a los huelguistas y algunos expertos analistas de su staff recaban sobre lo dicho y reproducen datos de vuelos cancelados y pasajeros afectados.
Los medios repiten de memoria el libreto en noticieros, avances informativos, periódicos, hashtag, twitter y propagandas del “yo no paro”, yo quiero a mi país. La consigna es una sola: aislarlos, repetir hasta el cansancio que la huelga es ilegal y que los pilotos son responsables de toda desgracia previsible, que por su culpa caen las ventas por turismo, aumenta el desempleo informal, se reducen las carreras de taxis y hasta se destruyen las unidades familiares de quienes no logran volar.
Las dos versiones, una de pilotos (trabajadores) y otra del empresario (inversionista) quedan claras: Trabajadores reclamando mínimas garantías al derecho al trabajo cada vez más degradado, Vs. Empresarios negando esos mínimos, aunque ahora son más ricos y poderosos.
El gobierno ofrece mediar con neutralidad, imparcialidad y objetividad, pero su ineficiencia, incapacidad y dependencia le impide separase del interés del capital, vende la idea de que es un paro ilegal, lo dice la Ministra, lo repite el Viceministro, lo titulan los diarios y los pilotos son presionados.
Inversionistas y Gobierno acuden al poder judicial para utilizarlo como el esquirol de la contienda, con la misión de romper la huelga, sembrar miedo a la judicialización y culminar el proceso de criminalización de la protesta, con mensaje para todos los que luchan. El plan previsto es declarar ilegal la huelga para despojarla del sentido político de esta, como de toda lucha de los trabajadores contra el capital.
La declaratoria de ilegalidad se dio, basada en una tesis rebuscada, imprecisa y carente validez teórica, al señalar que el transporte aéreo es un servicio esencial; lo que no resulta cierto, primero porque viajar en avión carece de universalidad (no es para todos, como lo es por ejemplo el agua potable o caminar por un parque público) y, segundo porque tampoco es un bien necesario como los alimentos o la vivienda.
Las dos versiones están en tensión, existe una huelga que reivindica derechos, enfrentada al interés del capital empeñado en sostener sus niveles de explotación laboral.
Ojalá los tribunales llamen al empresario a responder por las amenazas contra los pilotos y por los intentos de impedir y quebrantar el derecho de huelga, que es derecho humano ratificado constitucionalmente. Es buen momento también para que la empresa sea monitoreada en el compromiso efectuado de que a cambio de que le suspendieran una investigación por presunta tercerización laboral ilegal, vincularía con contrato indefinido a tres mil empleados directos a partir de febrero de 2017, y ratificaba su compromiso de no volver a incurrir en formas de tercerización laboral ilegal violando derechos de los trabajadores y a eliminar otras conductas prohibidas en la normatividad.
