|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El excongresista tendrá que seguir en la cárcel La Picota. En las últimas horas la Corte Suprema le negó la libertad por vencimiento de términos, que había solicitado su defensa.
La Corte Suprema de Justicia le negó en las últimas horas la libertad al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, quien es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La defensa de Ramírez Cortés había solicitado su libertad argumentando el vencimiento de términos, según lo estipulado en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000.
Ese artículo establece que un procesado puede quedar en libertad si no se ha realizado la audiencia pública seis meses después de la acusación.
A pesar de eso, la Sala de Primera Instancia denegó su solicitud, aplicando el artículo transitorio 15 de la misma ley, que duplica los términos para delitos como el que se le imputa a Ramírez.
De esa manera el exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez tendrá que seguir en la cárcel Picota.
La decisión contra Ramírez fue tomada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, que argumentó que no se cumplían los términos necesarios para conceder la libertad por vencimiento de términos, según lo estipulado en la legislación vigente.
La decisión conocida en las últimas horas indica:
“PRIMERO: DENEGAR la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de Ciro Alejandro Ramírez Cortés”, se lee en el fallo.
El fallo judicial, que se basa en los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, permite a la defensa de Ramírez Cortés interponer recursos de reposición y apelación. Estos recursos son mecanismos legales que podrían ser utilizados para intentar revertir la decisión del tribunal, aunque no garantizan un cambio en el resultado.
Esta acusación se basa en actividades ilícitas que se habrían desarrollado entre 2021 y 2022, relacionadas con la manipulación indebida en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), orientadas a la adjudicación de contratos para obras públicas a lo largo de diversos departamentos del país.
Los hechos investigados detallan cómo Ramírez presuntamente utilizó su influencia para favorecer la asignación de contratos de manera indebida, una práctica que compromete la transparencia y ética pública.
El alto tribunal ha destapado una supuesta red de corrupción liderada por Ciro Ramírez, un senador acusado de haber organizado un esquema delictivo para adjudicarse un lucrativo contrato de gerencia integral en el año 2021, involucrando una suma de 48.660 millones de pesos. Este contrato, firmado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta, dio lugar a otros 13 contratos presuntamente direccionados para beneficio político y económico de Ramírez y sus asociados.
De acuerdo con las investigaciones, Ramírez, en colaboración con Pierre García, exsubdirector del DPS, habría favorecido intereses particulares en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, a cambio de sobornos que superaron el millón de pesos.
Ramírez ha defendido su inocencia argumentando que las declaraciones de Herrera podrían estar motivadas por el interés de obtener beneficios dentro del proceso judicial.
Ramírez ha estado en prisión preventiva desde diciembre del año anterior y esta condición se mantendrá, según la decisión de la Corte.
