La senadora Ortiz radicó un proyecto que busca acabar con la violencia institucional que sufren mujeres que acceden a denunciar la violencia de género de la que son víctimas.
Desde el caso de la periodista, Jineth Bedoya, en el que se mostró la negligencia del Estado al atender el caso, en el cual se revictimiza a Bedoya, tomando hasta en 12 ocasiones sus declaraciones del hecho (del momento en el que secuestrada, violentada y abusada en el año 2000), se estremecieron los corazones de todas las mujeres que han pasado por el mismo proceso y que siguen sin obtener justicia para sus agresores.
Hoy por el clamor de emergencia humanitaria por la creciente número de víctimas fatales de violencia de género en el país, (630 feminicidios en Colombia en el 2020) y a que en la mayoría de los casos las víctimas ya habían presentado denuncias clamando protección frente a sus agresores pero que no recibieron la debida atención y protección por parte de las entidades y los funcionarios encargados, la Senadora decidió radicar un proyecto de ley que busca fortalecer la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género, que modifica la Ley 1257 de 2008, creando sanciones disciplinarias y pecuniarias contra quienes por acción u omisión revictimicen.
Actualmente, la Ley 1257 del 2008, conocida como la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de violencias comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales, considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios, sin embargo, hasta ahora es letra muerta porque no se está cumpliendo a cabalidad, trayendo consecuencias irremediables para las familias de las víctimas que, desafortunadamente, no fueron tomadas en serio al momento de presentar su denuncia, dejando a muchos niños y niñas en situación de orfandad, en los que la justicia, brilla por su ausencia.
Es por ello, que el proyecto está dirigido al fortalecimiento institucional, articulación real a través de mecanismos articuladores locales, departamentales y nacionales, atención en salud integral para mujeres, efectuar capacitaciones semestrales obligatorias, atención en salud mental para agresores, recursos económicos garantizados para protección, exigencia de obligatoriedad de formación en género, así como el establecimiento de sanciones a aquellos funcionarios que no cumplan con la aplicación de la Ruta de Atención.
El funcionario competente para conocer la acción disciplinaria podrá someter al funcionario público a sanciones razonables y proporcionales que irán desde la destitución e inhabilidad general, la suspensión en el ejercicio del cargo, la terminación del contrato de trabajo, La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, así como sanciones de carácter pecuniario que irán de 5 a 200 días de salarios básicos devengado para la época de los hechos teniendo en cuenta el tipo de falta disciplinaria endilgada.
Es necesario que casos de feminicidios, abusos sexuales, violencias y agresiones físicas y psicológicas hacia mujeres, dejen de ser impunes, dejando en libertad a agresores que continúan haciendo daño a cientos de mujeres sin ser justiciados. Además, el Estado debe atender inmediatamente estos casos con la respectiva asesoría a las víctimas para no revictimizarlas y lograr así, un acompañamiento exitoso.
“No vamos a permitir que mueran más mujeres por falta de efectividad del Estado, no podemos seguir siendo cómplices de estas tragedias, es momento de reaccionar y haremos lo que sea necesario para cambiar este triste panorama. Seguimos de luto por nuestras mujeres, pero esta vez damos un paso adelante por todas nosotras”, dijo Ortiz.
