El informe contextualiza el modo en el que operaban miembros de la Fuerza Pública entre 2005 y 2007.
Se sigue demostrando que Boyacá un fue ajeno a los efectos que produjo la ‘seguridad democrática’ en el gobierno del ahora senador de la República Álvaro Uribe Vélez. En esta oportunidad, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió en el informe ‘Ni delincuentes, ni combatientes’, que retrata las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007 en el territorio boyacense y Casanare.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), con el respaldo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), documentaron 12 casos en los que estarían involucrados alrededor de 50 militares.
En el informe se menciona al coronel Henry Torres Escalante, quien es investigado por los asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque Julio, dos campesinos de Aguazul, Casanare, ocurridos el 16 de marzo del 2007, y quienes fueron presentados como bajas en combate contra la insurgencia.
En total, los resultados entregados por la Jep dan cuenta de 20 víctimas de falsos positivos entre Casanare y Boyacá.
De acuerdo con un informe presentado por la Fiscalía, se da cuenta de 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1998 y 2014. El 48 por ciento fueron hombres entre 18 y 30 años.
