Tunja no fue ajena al comportamiento negativo del IPC en mayo, que de sostenerse en el tiempo tendría consecuencias nefastas para la ciudad. De todas formas, el alto número de empleados del sector público es un factor revitalizante para una economía amenazada por el COVID-19 y el encierro.
El reporte de la variación del IPC para mayo dejó altamente preocupados a gobiernos locales, departamentales y nacional, pues el comportamiento en la variación de precios de productos de la canasta familiar evidenció un retroceso de la economía nacional.
A esto se sumó el anuncio de las últimas horas del Presidente Duque en el que de antemano dio a conocer que los resultados del segundo trimestre no serán para nada alentadores, “segundo trimestre será retador, pero Colombia se recuperará”.
En Tunja la situación es igualmente desalentadora, pues si bien el decrecimiento del IPC no fue tan bajo (-0,19%) como el registrado a nivel nacional (-0,32%), se evidenció un comportamiento a la baja, que en últimas retrata una paralización de actividades comerciales, una sobreoferta de productos y servicios, y una escasa demanda de los mismos.
A pesar de todo, la situación no es del todo negativa, pues de las cerca de 70.000 personas ocupadas en Tunja, algo más de 11.000 pertenecen al sector público, lo que quiere decir que por lo menos más de 11.000 personas de la capital boyacense siguen percibiendo ingresos y generando un consumo que mantiene activos diversos sectores económicos.
Tunja no registró una caída tan baja en el Índice de Precios al Consumidor dado que hubo un aumento en el consumo de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, esto es algo coyuntural, pues no es un sector habitualmente jalonador del consumo en la ciudad.
En cambio sí lo es el sector educación, que estando activo significa movimiento comercial para todos aquellos negocios ubicados en inmediaciones de colegios y universidades, así como de otro tipo de comercios vinculados a las labores educativas como pueden ser papelerías y misceláneas.
El panorama es nublado y confuso, pues la reapertura es lenta y la desconfianza total, por lo que no se avizora un comportamiento al alza en el consumo en el corto plazo.
El estancamiento o decrecimiento del IPC tiene consecuencias evidentes como la caída del PIB (Producto Interno Bruto) y el consecuente aumento del desempleo. Y contrario a lo que muchos interpretarían como una buena noticia por el decreciente IPC, interpretado como una inflación a la baja; un comportamiento como el visto en mayo puede llevar a perjudicar las arcas públicas dado el estancamiento en el valor de la deuda pública, así como un menor ingreso de recaudo por IVA; una menor producción industrial, llevando a ejecutar despidos o el cierre para algunas empresas.
Si por lo menos entrara a funcionar el transporte público entre municipios, con las medidas de protección y precaución, ayudaría bastante a la economía