Por | Pedro Pablo Salas
Silvino Ramírez Pérez el ciudadano que viene cuestionando desde 1996 la concesión del servicio de acueducto de la ciudad, junto a Julio Borda, otro líder social de la ciudad, en las calles de Tunja recogieron más de cuatro mil firmas para tramitar un cabildo de iniciativa popular, lo cual lograron y realizaron en la semana previa al 20 de Julio. Ellos, junto a otros dirigentes sociales, permanecieron atentos escuchando las respuestas del Alcalde, del Concejo y de las entidades responsables de la prestación de servicios públicos sociales.
Al final de la jornada quedó la desazón, primero de los promotores, Silvino y Julio, y luego de los asistentes como ciudadanos, quienes tuvieron que oír los hechos cumplidos e irrefutables de las decisiones que se toman por parte de las Empresas prestadoras y la aceptación incondicional del alcalde como cabeza del Ejecutivo y el silencio incondicional del Concejo Municipal.
Más allá del ejercicio ritual de las empresas operadoras de los servicios de aseo, agua, transporte, alumbrado público, gas etc., se nota la ausencia del sentido de lo público, donde la Administración ha optado por abandonar cualquier posición que incomode, cuestione o contradiga la omnipotencia del privado; Pablo Cepeda y su equipo de gobierno, durante los cuatro años que están a punto de terminar, se limitaron a respirar y a aprobar lo que los operadores privados de los servicios consideraron bueno… para ellos. La ciudadanía ha quedado como desvalida mental
La empresa Veolia, la francesa operadora del Acueducto, comunicó, a través de su Gerente en Tunja, Manuel Vicente Barrera, que está solicitando 15 años de prórroga del contrato al alcalde Pablo Cepeda, y que este lo está considerando… a puerta cerrada. Lo más probable es que en pocos días se comunique que efectivamente el contrato de concesión será prorrogado, bajo condiciones de las que la ciudadanía no ha sido enterada. Será un hecho cumplido. Se sabe que hay agua hasta 2023, de acuerdo con el mismo operador, que en ese año debe entrar en operación el sistema de conducción desde la nueva fuente y la respectiva nueva planta de tratamiento y que esto vale unos 70 mil millones de pesos. ¿De dónde van a salir los recursos? El alcalde Cepeda se ha limitado a guardar silencio.
Ya lo hicieron con el infame cobro de alumbrado público que recauda la Unión Temporal Ciudad de Tunja y que equivale al 15% del valor del consumo domiciliario, algo absurdo y corrupto. Este contrato se había podido eliminar, asignarlo a otro operador en condiciones más equitativas, o negociarlo mejor con el mismo operador. Pero no, Pablo Cepeda decidió que quedaba como venía, pero jamás le contó a la ciudad lo que sucedió.
En el mismo Cabildo, los presentes tuvieron que aguantar la grosería de un burócrata de Ebsa (Jairo Guatibonza, de la multinacional Bronfield) quien regañó a los usuarios por reclamar: «desagradecidos», les espetó este pigmeo criollo a los cabildantes.
A la ciudad, desde la decisión de Benigno Hernán Díaz de entregar la propiedad mayoritaria de la empresa de aseo, jamás se le ha explicado por qué ese negocio inicial, ni por qué, luego, la modificación unilateral del contrato que hizo el magnate de las basuras Alberto Ríos para seguir llenando sus bolsillos. Ninguno, ni Arturo Montejo, ni Fernando Flórez y menos ahora, Pablo Cepeda, han dicho nada sobre este contrato, así todos coincidan en decir que Ríos los ha tratado como a sirvientes.
Y qué decir de las infamias de la guerra del centavo, con el costo desmedido del transporte público urbano, donde el oligopolista y depredador de derechos ciudadanos a una movilidad digna, Cayó Nixon Rincón, consolida el maltrato a usuarios, y trabajadores, pero, a cambio, acaba de recibir de Pablo Cepeda la generosa aprobación de una nueva subida de la tarifa.
Y para completar, más allá de la mirada empresarial mezquina, el ciudadano se estrella con la mediocre actitud de un Concejo ausente, carente de las perspectivas de Ciudad y de los derechos de las gentes. Es la ausencia de una resignificación de lo público, creando una adaptación incondicional a las nuevas exigencias del capital privado.
Las expectativas quedan así muertas ante un verdadero y razonable sentido de la deliberación, que es preciso señalar bajo un enfoque de justicia para que la sociedad tenga herramientas para decidir de otra forma, y no tengamos que aceptar que no es posible un manejo público de bienes esenciales y colectivos, sociales, bajo una nueva institucionalidad. No es aceptable que nos sigan imponiendo el discurso de desconfianza de quienes destruyeron las empresas públicas; que hoy, 30 años después, nos sigan convenciendo que tenemos que entregar el manejo de nuestras vidas a terceros, porque somos incapaces de manejar, como sociedad, lo que nos pertenece a todos, como derechos del auto gobierno de los bienes comunes que son de los ciudadanos.
En un bazar de idiotas, o un consenso de mediocres, sigue transcurriendo el debate sobre temas inmanentes a la libertad y juicios informados de los tomadores de decisiones, bajo esta misma lógica de minoría de edad mental, entregan en concesión el teatro Suárez.
Para el bien común la sociedad hoy esta tiene un mejor albedrío y esperamos que este triunfe;
Queda abierto el debate para las elecciones que se avecinan en octubre ¿es posible ir más allá de la adaptación al statu quo,de la ideología dominante? ¿Nos atrevemos ir más allá del neoliberalismo el 27 de octubre? Se hace camino al andar, Intentemoslo.
