Un obispo con arresto domiciliario, sacerdotes asediados por la policía, misioneras de la caridad expulsadas y numerosas restricciones al culto. Esta es la situación que hoy sufre la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual gobierno de Daniel Ortega.
Por | Agencia Católica de Informaciones – ACI Prensa
¿Pero cómo el país centroamericano llegó a esta crisis?
Esta historia comienza en 1979, cuando -tras la dictadura de la dinastía Somoza- empezó el primer gobierno sandinista que dirigió Nicaragua hasta 1990. Y 40 años después las hostilidades y persecuciones vuelven a repetirse.
El inicio del gobierno sandinista y la esperanza de los obispos
El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), grupo guerrillero de izquierda, derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista —luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle— que había gobernado el país desde 1937.
En noviembre de 1979, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) publicó una carta pastoral titulada “Compromiso Cristiano para una Nicaragua Nueva” que, entre otras cosas, vio este “proceso revolucionario” como una oportunidad para el país y llamó a la población a hacer los sacrificios necesarios y a una “profunda conversión del corazón”.
Los obispos también pidieron “un amplio espacio de libertad que le permita (a la Iglesia) cumplir su labor apostólica sin interferencias”.
Poco después de la caída de Somoza, se estableció una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, incluyendo Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo. El coordinador fue Daniel Ortega.
Violeta Chamorro renunció a la Junta en abril de 1980 debido al rumbo socialista que tomaba el FSLN y la influencia de Cuba en el gobierno. Robelo renunció por los mismos motivos y luego integró el directorio político de la Resistencia Nicaragüense (llamados “contras” por “contrarrevolucionarios”) que, financiada por Estados Unidos, enfrentó en una guerra civil a los sandinistas durante toda la década.
La Junta dirigió Nicaragua hasta 1985 y entregó el poder a Ortega, que había ganado las elecciones presidenciales de 1984 con el FSLN, que ya era un partido político.
Los “sacerdotes ministros” y la intervención de Juan Pablo II
Con la asunción de la Junta, tres sacerdotes conocidos promotores de la teología marxista de la liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D’Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores (1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura (1979-1987); y Edgar Parrales fue viceministro subdirector General del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar Social (1980-1982) y embajador de Nicaragua ante la OEA (1982-1986).
La participación de estos sacerdotes en el gobierno provocó tensiones con los obispos. Aunque el Episcopado autorizó inicialmente esta participación, en enero de 1980 la CEN decidió que ya no podían ser parte del gobierno sandinista.
En abril de ese año, el Papa Juan Pablo II recibió a los obispos nicaragüenses en el Vaticano y les dirigió un discurso en el que les dijo que “una ideología atea no puede ser el instrumento orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social, porque priva al hombre de su libertad, de la inspiración espiritual y de la fuerza del amor al hermano, que tiene su fundamento más sólido y operante en el amor a Dios”.
Pocas semanas después, los obispos solicitaron a los sacerdotes que renuncien a sus cargos en el gobierno sandinista, pero se negaron.
En febrero de 1984, Juan Pablo II suspendió ad divinis a los tres sacerdotes y al P. Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, quien también participaba en el régimen de Ortega. Desde ese año hasta 1990, Fernando Cardenal fue ministro de Educación.
Un arzobispo valiente y la emboscada contra un sacerdote
Durante el primer periodo sandinista, uno de los miembros de la Iglesia Católica que destacó por sus denuncias contra las violaciones de derechos humanos fue el Arzobispo de Managua, Mons. Miguel Obando y Bravo (1926-2018), a quien en 1985 Juan Pablo II hizo cardenal.
El Arzobispo ya era conocido por denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de los Somoza y no calló ante los abusos del régimen de Daniel Ortega.
Además, su papel fue decisivo para impedir la difusión de la llamada «iglesia popular», promovida por sacerdotes y religiosos afines a la teología marxista de la liberación.
El gobierno del FSLN tomó represalias y se ensañó con destacados pastores. En agosto de 1982 agentes del régimen, vestidos como policías, detuvieron al P. Bismarck Carballo, que entonces era vocero de la Iglesia y director de una emisora católica.
Los agentes ingresaron a una vivienda donde estaba el sacerdote y fabricaron un supuesto escándalo sexual con una mujer. Lo desnudaron, lo sacaron a la calle y publicaron la historia falsa en todos los medios oficiales.
En febrero de 1986, la Secretaría de Estado de Estados Unidos publicó los testimonios del exteniente sandinista Álvaro Baldizón Avilés, un desertor quien aseguró que el escándalo en que se involucró al P. Carballo fue montado por el régimen de Daniel Ortega.
Otro de los atropellos de Ortega contra la Iglesia fue la expulsión de diez sacerdotes extranjeros en julio de 1984. Los presbíteros fueron acusados de violar las leyes nacionales y participar en actividades contrarias al gobierno por asistir a una marcha convocada por Mons. Obando y Bravo en solidaridad con el P. Luis Amado Peña, un sacerdote acusado de terrorismo por el régimen.
El papel de la Iglesia en el acuerdo de paz
En la década de 1980 los enfrentamientos entre el FSLN y la resistencia o “contras” dejaron decenas de miles de muertos. El 7 de agosto de 1987 se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz de Esquipulas II para poner fin a la guerra civil en Nicaragua y lograr una “paz duradera” en Centroamérica. El documento llamó a realizar elecciones libres y plurales, y a establecer una Comisión Nacional de Reconciliación.
En el caso de Nicaragua, en esta comisión participaron el Cardenal Obando y Bravo, y Mons. Bosco Vivas Robelo, entonces Obispo Auxiliar de Managua.
Daniel Ortega se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1990 y fue derrotado por Violeta Chamorro. Ortega volvió a postular sin éxito en 1996 y 2001.
El 18 de octubre de 1996, dos días antes de las elecciones, el Cardenal Obando y Bravo relató una historia –que la prensa llamó “la parábola de la víbora”– exhortando a los nicaragüenses a ser prudentes y pensar qué conviene más al país.
Ortega hizo las paces con la Iglesia Católica
Tras su fracaso electoral, Daniel Ortega –que entonces lideraba la oposición– aparentemente hizo las paces con la Iglesia Católica. En julio de 2003, el exguerrillero pidió perdón por los “excesos” y “errores” de su gobierno contra los católicos en la década de 1980.
En junio de 2004, Ortega propuso nominar al Cardenal Miguel Obando Bravo para el Premio Nobel de la Paz, «en reconocimiento a su lucha por la reconciliación nacional» y la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil.
Ese mes, el Cardenal Obando aceptó el pedido de Ortega de presidir la Misa auspiciada por el sandinismo por los miles de muertos de la guerra civil.
En julio de 2004, en el marco de los 25 años de la revolución sandinista, Daniel Ortega pidió perdón en público por los atropellos contra la Iglesia Católica durante su primer gobierno y se refirió explícitamente a Mons. Carballo.
Daniel Ortega vuelve al poder en 2007
Daniel Ortega ganó las elecciones de 2006 con el 38% de los votos gracias a una reforma electoral que rebajó el porcentaje para obtener la presidencia al 35% de los votos si es que hay un 5% de margen sobre el segundo lugar.
En febrero de 2007 Ortega invitó al Cardenal Obando, entonces Arzobispo Emérito de Managua y con 81 años de edad, a presidir el Consejo Nacional de Reconciliación y Paz creado por su nuevo gobierno. El Purpurado aceptó el cargo a “título personal” y tuvo el respaldo del Episcopado.
Sin embargo, en septiembre de 2008, el Obispo de Matagalpa, Mons. Jorge Solórzano, advirtió que las relaciones con el gobierno parecían amables, pero se anticipaban medidas contra la labor de la Iglesia como la eliminación de las subvenciones del Estado para las escuelas católicas.
En noviembre de ese año, estalló nuevamente la violencia en el país tras las denuncias de fraude en las elecciones municipales que dieron el 62% de las alcaldías de todo el país al FSLN. Los obispos hicieron un enérgico llamado a la paz.
Daniel Ortega vuelve a atacar a la Iglesia Católica
A inicios del año 2009 comenzaron de nuevo las tensiones entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica. A finales de abril, se envió a los medios de comunicación, desde un correo electrónico de la Presidencia de Nicaragua, un documento que calificó a los obispos nicaragüenses de corruptos suscitando una reacción formal del Episcopado.
En junio, Daniel Ortega trató de silenciar las críticas que varios obispos expresaron sobre su gobierno llamándolos a orar en vez de opinar sobre política. Los prelados respondieron que no basta con rezar si no se trabaja por la justicia.
En abril de 2010, cuando se debatía la posibilidad de que Ortega postule a la reelección en 2011, los obispos llamaron al país a dialogar y denunciaron los «actos de transgresión” a la Constitución que justamente prohibía la reelección presidencial inmediata.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con miembros sandinistas, permitió a Daniel Ortega participar en los comicios del 6 de noviembre de 2011.
En ese contexto, el Obispo Auxiliar de Managua, Mons. Silvio José Báez, advirtió que Nicaragua iba camino «a un totalitarismo visible o encubierto» y pidió la presencia de observadores internacionales.
Por su parte, el secretario del Episcopado, Mons. Sócrates René Sandigo, dijo que con esta postulación el país carecía de Estado de derecho y que había crecido la desconfianza en la población.
Casi un mes antes de las elecciones, varios obispos denunciaron que recibieron amenazas.
El líder sandinista ganó los comicios con más del 62% de los votos emitidos, en medio de denuncias de fraude. El informe del Centro Carter dijo que, según las valoraciones de observadores nacionales e internacionales, las elecciones “no fueron transparentes”.
En un comunicado, el Episcopado señaló que la legitimidad de los resultados ha quedado “totalmente en entredicho».
Iglesia Católica se opone a la reelección indefinida
Luego de su tercer periodo, en el que también hubo fricciones con los obispos, Daniel Ortega decidió postular a un cuarto mandato.
En enero de 2014, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la reforma constitucional para permitir la reelección indefinida de Ortega. Esto fue criticado por los obispos. El Parlamento también dio a la Presidencia la facultad de emitir decretos con fuerza de ley.
En junio de 2016, el Episcopado llamó a Daniel Ortega a garantizar que las elecciones del 6 de noviembre fueran transparentes y con presencia de observadores nacionales y extranjeros.
Sin embargo, Ortega ganó los comicios nuevamente bajo denuncias de fraude.
“Somos una Iglesia perseguida”
La actual crisis en Nicaragua se inició en abril de 2018, durante el cuarto periodo de Daniel Ortega. La reforma del sistema de salud y de pensiones detonó numerosas protestas en todo el país, que fueron reprimidas con violencia por la policía y durante las cuales, numerosos obispos y sacerdotes recibieron amenazas de muerte.
En este contexto, el Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José Brenes; su Obispo Auxiliar, Mons. Silvio José Báez; y el Nuncio Apostólico, Mons. Waldemar Somertag fueron golpeados mientras realizaban una visita pastoral en la Basílica Menor de San Sebastián de Diriamba, a 41 kilómetros de la capital.
El 13 de julio de 2018 policías y paramilitares atacaron a balazos la parroquia Divina Misericordia de Managua, donde se habían refugiado jóvenes que habían protestado contra el régimen.
En su cuenta de Twitter, Mons. Báez condenó la “represión criminal” contra civiles y pidió a la comunidad internacional no ser indiferente. El Prelado dijo que “estamos empezando a ser ya una Iglesia perseguida”.
Poco después, la Iglesia Católica aceptó participar una vez más como mediadora en el diálogo nacional para resolver la crisis que ya había dejado cientos de muertos pero las negociaciones se suspendieron.
En 2019 hubo otro intento de diálogo entre el gobierno y la oposición, pero esta vez la Conferencia Episcopal de Nicaragua desistió de participar y pidió que sean “los laicos los que asuman directamente la responsabilidad” de este proceso.
En marzo de 2019, el Papa Francisco recibió a Mons. Báez en audiencia privada en el Vaticano. Dos semanas después el Cardenal Brenes informó que el Pontífice pidió a Mons. Báez mudarse a Roma. Actualmente el Obispo vive en Estados Unidos.
Un año después, el 31 de julio de 2020 ocurrió uno de los ataques más simbólicos contra la Iglesia. Un desconocido ingresó a una de las capillas de la Catedral de Managua y lanzó una bomba incendiaria que destruyó la famosa imagen de la Sangre de Cristo, un crucifijo de 382 años muy querido por los nicaragüenses.
Nicaragua llegó a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021 con los principales candidatos opositores encarcelados. Días antes, el Episcopado dijo que cada ciudadano debía actuar considerando qué era lo más justo y conveniente para el país.
Se calcula que el ausentismo fue del 81,5%. El Obispo de León, Mons. René Sándigo, fue el único prelado que acudió a votar. Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez consecutiva con el 75% de los votos.
Un obispo “secuestrado”
Tras ordenar la disolución de 100 ONG, la expulsión de las Misioneras de la Caridad y el cierre de varios medios de comunicación católicos, el gobierno ahora tiene en la mira al Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, uno de sus más fuertes críticos.
Desde el 4 de agosto el Prelado está recluido en la sede del Obispado con cinco sacerdotes, dos seminaristas y tres laicos.
Ese día, cuando la Iglesia celebraba a San Juan María Vianney, patrono de los párrocos, Mons. Álvarez salió con el Santísimo Sacramento y denunció que los policías enviados por Daniel Ortega no dejaban que sus sacerdotes y colaboradores entraran para celebrar la Misa en su capilla.
Luego de casi una hora de llamar al diálogo y al respeto a la Iglesia Católica, el Prelado reingresó y celebró la Eucaristía con sus asistentes.
Sin embargo, esa misma tarde, policías antimotines bloquearon el acceso al Obispado y no dejaron salir a Mons. Álvarez, que había invitado a los fieles a ir a la Catedral de Matagalpa para celebrar la Hora Santa y la Misa.
El régimen sandinista ha amenazado con encarcelar al Obispo, quien solo ha recibido muestras de solidaridad del Episcopado local y de algunos países.
La abogada Martha Patricia Molina Montenegro, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, publicó recientemente la investigación “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”, que documenta 190 ataques y profanaciones contra la Iglesia Católica hasta mayo de este año.
Para expertos como Molina, no hay duda que “la dictadura” de Ortega “tiene una guerra frontal en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua y su objetivo es eliminar por completo todas aquellas instituciones afines a la iglesia”.
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