Por: Edilberto Rodríguez / @zaperongo
Con el inicio de cada gobierno, las promesas electorales deben convertirse en acciones gubernamentales. El presidente Duque formuló durante su meteórica campaña 203 propuestas.
En la propuesta 98, el ahora presidente Duque anunciaba: “Se trata de reactivar el crecimiento con menores impuestos a las empresas, menos exenciones (existen más de 200) y mayor certidumbre, para activar las inversiones que expanden la base tributaria y las inversiones en productividad que generan crecimiento sostenido de mediano y largo plazo”. Más adelante, en la propuesta 190, agregaba: “Los empresarios del país saben que vale la pena invertir en los trabajadores con talento, pero para eso necesitan que se reduzcan las cargas impositivas y contributivas excesivas, tanto las directas como las regulatorias, de manera que puedan destinar más recursos a salarios e incentivos que ayuden a mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias”.
Quizá en estas dos propuestas se resumen el sesgo patronalista de esta administración, en la que las mejoras laborales son un subproducto de los estímulos a la oferta, mientras que la demanda, vía ingresos, se presume, se da por generación espontánea, agravando la inequidad. No hay que soslayar que las ganancias absorben el 55 por ciento del ingreso nacional en Colombia.
Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no han pasado desapercibidas. Sus anuncios de una nueva reforma tributaria, la decimoquinta desde 1990 (una cada dos años), todas con el rótulo de “estructurales”, no pueden tomarse a la ligera. Durante los últimos cinco periodos presidenciales, los problemas de las finanzas públicas se han acentuado y el recetario para obtener mayores recaudos no ha variado, pues el gasto se ha desbordado, haciendo metástasis la desviación dolosa de los recursos públicos, por la incontenible corrupción.
Contrario a quienes abrigaban alguna esperanza, de que el nuevo gobierno corregiría su libreto económico, ensayado durante el octenio de Uribe, en el cual el recién nombrado ministro Carrasquilla ensayó sus recetas de estirpe neoliberal, los planteamientos hechos por este no presagian sino más de lo mismo. Así lo aseguró, recientemente, en un críptico mensaje: “La clase media es un actor importante, desde el lado de la participación democrática, las opiniones, las exigencias en materia de calidad de los servicios, todas las cosas buenas que tiene la clase media, pero también debe ser una parte activa de la financiación de las estructuras redistributivas y de la lucha contra la pobreza”. La paradoja reside en que se ha sostenido que este siglo corresponde al empoderamiento de la clase media, vago concepto que pretende desvanecer las brechas, y, en particular, la existencia de un segmento importante de trabajadores asalariados, situados en la base de la pirámide social. Sin embargo, ni el bienestar de la clase media, ni los trabajadores, podrán mejorar con mayores gravámenes a sus ingresos, mientras se reducen las cargas a los empresarios. La firma Raddar estima que al estrato 1 y 2 representan el 44,8 por ciento, el 3 y 4 coparían el 45,4 por ciento, y, por último, los estratos 5 y 6 participarían con el 9,8 por ciento.
Los primeros anuncios de Carrasquilla se alinean con la insistencia de los gremios empresariales, por ejemplo, el Consejo Nacional Gremial, que ha propuesto gravar los ingresos de más de 2,5 salarios mínimos, unos $1.953.105, lo que permitiría ampliar la base de declarantes y así elevar los recaudos derivados del impuesto de renta, que en 2017 año, según la Dian, alcanzaron 11 por ciento ($15 billones), cifra que representa un poco más de la mitad de los recaudos del IVA ($31,9 billones)). En la actualidad declaran un poco más de 2,6 millones de colombianos, quienes perciben ingresos superiores a $3.716.916 mensuales.
De acuerdo con las cuentas nacionales, entre 2005-2016, el ingreso por habitante en Colombia, ha fluctuado entre 1,7 y 2,1 salarios mínimos, de manera que gravar los ingresos que sobrepasen los 2,5, castigaría a la mayoría de los colombianos. Según estimativos de Fasecolda, el 55 por ciento de los empleados gana el equivalente o menos de un salario mínimo. De otra parte la Escuela Nacional Sindical afirma que el 85 por ciento de los ocupados dependientes (formales e informales) tienen una remuneración inferior a 2 salarios mínimos. Así las cosas, sólo una franja minúscula (15 por ciento) sobrepasa ese nivel.
Es indudable que las propuestas de los gremios y del nuevo ministro de Hacienda, no solo empeorarían las condiciones salariales de los trabajadores, sino que pauperizaría a quienes han pretendido engrosar la clase media, a quienes la regresividad tributaria mermará su capacidad de demandar más y mejores bienes y servicios. La tal progresividad sobre el impuesto de renta no existe. Aún más, la regresividad del impuesto al valor agregado (IVA) ha tendido a afectar a los asalariados, además de la gravitación de la inflación en los precios de la canasta familiar para los estratos bajos y medios.
Acorde con lo dicho erróneamente por el ministro Carrasquilla, de que "El primer colombiano que paga renta recibe cuatro veces el ingreso promedio en Colombia, yo diría que eso hay que reducirlo por ahí a una vez el ingreso promedio en Colombia”, tributarán no solo quienes perciben $3,7 millones mensuales, sino los que obtienen más de $1,6 millones. Mayor regresión social no es posible. Es la vuelta al pasado. Habrá que vender el modesto patrimonio familiar o endeudarse para pagar el exagerado impuesto a la renta.
Este gobierno neoliberal solo pretende favorecer a los ricos y perjudicar a las clases menos favorecidas.