Dicha corporación autónoma hace presencia en seis municipios de Boyacá.
Por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras, La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios de 7 corporaciones autónomas regionales. “Yo creo que si el país es serio en la lucha contra la corrupción tiene que reformar las Corporaciones Autónomas Regionales”, afirmó el procurador general Fernando Carrillo.
Según el Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, se ordenó la apertura de indagación preliminar en la CAR Cundinamarca, Corporcesar – Cesar, CVC del Valle del Cauca, Corpamag – Magdalena, CRC – Cauca, Cortolima – Tolima y Carder de Risaralda.
El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, individualizar a los autores y su grado de responsabilidad.
Vale la pena recordar, que la CAR Cundinamarca hace presencia en el territorio boyacense ejerciendo como autoridad ambiental en los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Caldas, Ráquira y Buenavista.
Los casos
En el caso de la CAR – Cundinamarca la Procuraduría General busca determinar la existencia de posibles irregularidades en la construcción de las plantas de tratamiento (PTAR) de los municipios de Facatativá, Madrid, Sesquilé y Apulo.
En Corpocesar se indaga por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la compra de predios de propiedad del resguardo Arhuaco.
En Corpamag – Magdalena la indagación tiene que ver con la presunta ocupación por parte de la corporación de bienes de uso público en Pozos Colorados -Santa Marta, y supuestas irregularidades financieras.
En la CVC el proceso tendría relación con eventuales fallas en la inversión de recursos.
En los casos de la Corporación Regional del Cauca (CRC) y Cortolima, la Procuraduría indaga presuntas inconsistencias en el cobro de la tasa retributiva y la prescripción de la acción de cobro por daño ambiental.
En Risaralda se indaga si funcionarios de Carden habrían incurrido en irregularidades en la construcción y estabilización de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de Pereira y Dosquebradas.
También se asumió la competencia de la indagación contra servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge, relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba.
