Por más frases repetidas hasta el cansancio, como “¡La plata alcanza, cuando nadie se la roba!”, el manejo presupuestal del municipio de Tunja durante el año 2024 se convirtió en un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden derivar en graves errores administrativos cuando no se acompañan de criterio técnico, capacidad operativa y responsabilidad política real.
El alcalde Mikhail Krasnov, en un gesto de supuesta transparencia, decidió asumir directamente la ordenación del gasto desde el 5 de enero de 2024, según lo establecido en el Decreto 0030. Que, en palabras suyas, significaba que:
“cada peso que se vaya a invertir, gastar o usar en la alcaldía, pasará por mi supervisión”.
Lo que no dijo en su video institucional, ni tampoco le explicó a la ciudadanía, fue cómo pensaba asumir esa carga de manera eficiente, sin afectar el normal funcionamiento de la administración pública. La centralización extrema del gasto no solo colapsó los tiempos de la contratación, sino que también concentró en su despacho una responsabilidad que, en la práctica, terminó siendo manejada de forma lenta, ineficaz y con desconcertantes signos de clientelismo y corrupción (como la firma de los contratos del abogado Juan Sebastián Ramírez García).
La decisión de no delegar esta función, que tradicionalmente recaía en la Secretaría de Contratación, fue en sí misma un error al no prever que esta medida requería una estructura robusta, técnica y operativa, capaz de responder con eficiencia al ritmo que exige un municipio como Tunja. La consecuencia directa fue la parálisis de múltiples procesos de contratación y una ejecución presupuestal tan baja que generó un escandaloso superávit de más de $62 mil millones de pesos no ejecutados en 2024. Es decir, recursos públicos que debieron transformarse en obras, programas y bienestar para la ciudadanía, pero que se quedaron en las cuentas bancarias de la administración debido a ineptitud y desorden interno.
Frente a este panorama, cualquier administración responsable hubiera enfrentado un debate serio sobre la ejecución fiscal, evaluado su modelo de gestión y corregido el rumbo. Pero no fue así. Para sorpresa y decepción de muchos, el Concejo Municipal de Tunja aprobó sin mayor resistencia ni el menor sonrojo el Proyecto de Acuerdo 003 de 2025, que adicionó más de $111 mil millones de pesos al presupuesto de la vigencia 2025, incluyendo los dineros no ejecutados del año anterior con 11 votos a favor, 1 ausente y 5 en contra. La votación fue la siguiente:
La tabla anterior refleja cómo han venido votando los concejales las iniciativas y proyectos de acuerdo durante la administración Krasnov, el mal llamado grupo de “los 12 apóstoles” de la coalición, incluyendo al concejal Andrés Felipe Duarte González y los 5 concejales de la oposición.
Lo que más preocupa de la aprobación de la adición presupuestal, es la falta de condiciones, exigencias o compromisos serios por parte del Concejo a la administración municipal. ¿Cómo es posible que se premie con más recursos a una administración que no ha demostrado capacidad para ejecutar los que ya tenía? ¿Dónde quedaron los principios de control político y vigilancia fiscal que la ciudadanía espera de sus “representantes”?
La responsabilidad de este desorden administrativo recae, entonces, tanto en el alcalde como en la mayoría del Concejo. Por un lado, Krasnov ha demostrado ser un desastre como ordenador del gasto. Se requiere conocimiento, voluntad política y liderazgo técnico; no basta el discurso anticorrupción. Por otro lado, los concejales que avalaron la adición presupuestal sin exigir explicaciones ni garantías de ejecución han sido cómplices silenciosos de una gestión fallida y, seguramente, también tendrán que responder en su momento.
Las consecuencias de esta doble negligencia pueden ser graves y conllevar, junto con el debilitamiento institucional, la desconfianza ciudadana, obras sin ejecutar (programas sociales y subsidios), riesgos fiscales que pueden derivar en un detrimento patrimonial que afecte, durante un largo plazo, las finanzas del municipio.
En conclusión
Tunja no necesita discursos moralistas ni concejales complacientes, alineados más con sus intereses personales que con el bienestar de la ciudadanía. Necesita una administración que sepa ejecutar y un Concejo que vigile y exija. Ni la firma del alcalde ni la votación mayoritaria del Concejo pueden ocultar lo evidente: el municipio está pagando el precio de la improvisación en todos los frentes, la falta de autocrítica y la ausencia de control político real. Si no se toman medidas correctivas urgentes, las finanzas de la ciudad —y el bienestar de los tunjanos— estarán en peligro.
Estos y otros análisis reveladores forman parte de un libro que estará disponible próximamente, una obra que promete ofrecer una mirada profunda y sin filtros sobre Mikhail Krasnov, su gobierno y otros temas clave de nuestra realidad local.
