La unión patriótica nació como partido político, civil, popular, resultado de un acuerdo de paz, para disputar poder en las urnas y bajo las reglas de la constitución nacional. Sin embargo, pocos de sus cuadros militantes quedaron vivos, unos en exilio, otros bajo persecución y estigmatización. El Estado colombiano fue el responsable de ejecutar un genocidio preocupado por que se ponía en riesgo su pérdida del control del gobierno, las rentas del estado usadas por estos como su banco privado y los cargos del estado con que organizan el poder y la impunidad. Como lo aprendieron del modelo nazi, organizaron el staff, diseñaron el plan y ejecutaron la eliminación de manera sistemática e intencional. La orden fue de aniquilación total, comprometió al menos a cinco presidentes de las élites y a sus respectivos gobiernos, congresistas, militares, empresarios y terceros. Aparte del objetivo de destrucción se trataba de mantener instalado el miedo, el escarnio y el silencio.
La Corte Interamericana de derechos humanos, tras 37 años de impunidad emitió el 30 de junio de 2021 una sentencia histórica calificando el plan ejecutado como un exterminio, asimilable a un genocidio (Expediente 12.579). Es uno de los crímenes de Estado más atroces en la historia contemporánea de América Latina. El fallo es un hito jurídico y políticamente un espejo de la fractura democrática colombiana, que pone en evidencia la capacidad que han tenido los centros de mando del poder hegemónico para producir horror y hoy que hoy se alinean en un bloque de ultraderecha.
La Corte IDH estableció que el Estado colombiano incurrió en responsabilidad directa e indirecta por el exterminio de la UP, configurando un crimen de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma), por acción directa de agentes de la Fuerza Pública (Ejército, Policía, DAS) que participaron en asesinatos selectivos, en coordinación de militares y paramilitares; por aquiescencia y omisión deliberada de autoridades judiciales y políticas que ignoraron las 5.763 alertas tempranas (CNMH, 2018) y la colusión con grupos paramilitares (AUC) y narcotraficantes (Cartel de Medellín), bajo una estrategia de “limpieza política” dirigida desde élites y por estigmatización institucional en cuanto funcionarios de alto nivel (procurador Carlos Jiménez Gómez, otros) que calificaron a la UP de “brazo político de las FARC”, legitimando su exterminio (son similares los calificativos recientes contra el gobierno popular y congresistas de izquierda por parte de congresistas, alcaldes y militantes del partido de la seguridad de AUV incluidos sus mediáticos y exitosos “hijos”.
El Estado no solo omitió su deber de protección, fue coautor del plan de aniquilación (Sentencia CIDH, párr. 287), cuya magnitud y tragedia en el ámbito de una llamada “democracia” da cuenta de cifras que estremecen por su precisión genocida. Fueron 6.401 victimas (1984-2002) distribuidos en 2 candidatos presidenciales (Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal), 8 congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes, 4.153 militantes asesinados (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). El patrón de impunidad se revela en solo 12 sentencias en 38 años (0.2% de los casos), por ejemplo el asesinato de Manuel Cepeda tardó 17 años en judicializarse.
Sobre los Responsables La CIDH evidenció una cadena de mando multisectorial, de paramilitarismo como Carlos Castaño (AUC) quien confesó que “ordenamos eliminar a toda la UP porque eran la fachada de la guerrilla” (Semana, 2000); la fuerza pública, como el general (r) Miguel Maza Márquez (exjefe del DAS) condenado en 2010 por el magnicidio de Bernardo Jaramillo y el Mayor (r) Álvaro Velandia vinculado al crimen de Manuel Cepeda y; la clase política hegemónica (hoy oposición) cuyos congresistas conservadores y liberales financiaron redes paramilitares, como el senador Álvaro Gómez, quien declaró en 1986 que “La UP es un cáncer que debe extirparse” (similar tono y narrativa de odio del abogado de la Espriella de que “hay que destripar a la izquierda” y; Narcotráfico, con Pablo Escobar, excongresista, financiador sicarios para asesinar en Medellín.
La sentencia de la Corte IDH ratifica el “exterminio de la UP” como un crimen jurídicamente innegable que obliga a Colombia a mirarse en el espejo de su barbarie y a acudir a su grandeza para convertir la memoria en acción, en verdad histórica, capaz de desmontar el relato oficial que negó por décadas el crimen de Estado. Hoy ante las avanzadas de la ultraderecha, la sentencia sirve de ejemplo para no caer nuevamente en las redes de infamia y falsedades, vulgaridades y soberbia de quienes suman su poder político, económico, jurídico y de medios de información (¿) en la alianza de ultraderecha sin programa ni proyecto de país, pero ensañada en hacer lo que sea para desestabilizar e impedir las ejecuciones del gobierno popular, incendiar el país y llevarlo otra vez por los caminos de la barbarie con el eco de sus voces de odio y llamados a la venganza, azuzando con oportunismo en espera de redito electoral a su favor, el cuerpo asesinado de uno de sus senadores, cometido por delincuencia común (hay 5 detenidos) y de fondo oscurecer e invisibilizar la condena y prisión por delitos comunes de su máximo líder AUV, a quien también se señala por crímenes de lesa humanidad (6.402 ejecuciones sumarias, masacres, espionaje que comprometen a buena parte de las élites).
El exterminio de la UP está en espera de la aplicación de una justicia transformadora que sancione no solo a los pistoleros, sino a quienes dieron las órdenes y que será la llave real de garantías de futuro, para que ningún acuerdo político deje afuera y sin juzgar a las cúpulas intelectuales que diseñaron el exterminio y para que los 6.401 nombres sean grabados en la conciencia nacional. Entonces Colombia podrá decir que ha empezado a saldar su deuda con la democracia. UP es paz.
