Por | Pedro Pablo Salas
El fallo del Consejo de Estado les da la razón a las comunidades de Oriente y Neira y ordena compensar a diez municipios por la venta de la Hidroeléctrica de Chivor. Sin embargo, en abril de este año Iván Duque prorrogó el contrato de explotación por 50 años más, a cambio de nada y sin que fuera necesario hacerlo.
Al final de un largo periodo de resistencias, luchas territoriales, persecución y muerte, la pregunta que vale la pena formularnos es si tenemos más sociedad que Estado a pesar de la peregrinación de un movimiento social y popular que ha soportado la fascistizacion de sus instituciones.
Un ejemplo de este triunfo es el proceso largo y penoso, que quiero compartir con ustedes a propósito del fallo del Consejo de Estado que da la razón a comunidades de Oriente y Neira en Boyacá en el caso de AES Chivor. Las veedurías de la región del valle de Tenza le dieron una gran noticia a cerca de 10 municipios de esta parte de Boyacá.
Fueron 23 años de resistencia, desde 1999, cuando la multinacional AEs Chivor se hizo con la propiedad de la hidroeléctrica. Las comunidades nunca han descansado en exigirle al Estado colombiano una compensación por lo que fue la construcción, en 1966; y posterior venta de lo que es hoy la hidroeléctrica de Chivor.
Inicialmente se generaron unos cuantos empleos en la construcción de la represa, con sus túneles, pero nunca más se supo de los responsables del proyecto que alteró no sólo el micro clima de la zona y generó afectaciones sociales, culturales y ambientales, sino que se produjo un deterioro y abandono de la malla vial, que no ha permitido el desarrollo de una zona que es una potencia agrícola y turística por sus bellezas naturales.
Lo paradójico de lo que significa la acumulación por despojo es que luego de 23 años de explotación, de acumulación de utilidades netas anuales cercanas al medio billón de pesos (ver recuadro en verde, utilidad neta 2021, $449. 308 millones) es el mismo valor que pagó la multinacional cuando la compró en 1966.
No obstante este ostentoso regalo, en el año 2021 se le otorgó a la multinacional una nueva cuota de inundación del embalse, de prórroga de la licencia ambiental a 50 años, que termina en que Iván Duque en el mes de abril de este año, 2022, decidió prorrogar el contrato de explotación por 50 años más, a Chivor, a cambio de nada y sin que fuera necesario hacerlo, ya que esta prórroga del contrato lo podría haber firmado en condiciones más favorables para la nación el gobierno entrante de Gustavo Petro. inexplicable que antes de irse Duque haya tomado esa decisión. Con su firma le entregó como regalo al capital extranjero, a sus amigos y los monopolios nacionales, bienes comunes y riquezas que tienen un carácter estratégico para el desarrollo del país.
Este es capitalismo que hoy está haciendo crisis. Las luchas sociales deben obligar a redefinir para quién son las riquezas, quiénes se han lucrando con el discurso de la intocable propiedad privada, qué es lo que ha significado este relato ideológico en materia de privatización de los bienes de uso común, cuando estos han sido entregados a monopolios, sin que hayan contribuido para dignificar la vida de sus ciudadanos, todo en nombre de la sacrosanta e intocable propiedad privada. (Carlos Marx, la acumulación originaria de Capital, pag 46)
¿Acaso no merecemos como sociedad preguntarnos si estas actitudes de entrega de nuestra riqueza, ejecutadas por individuos que actuaron en contra de la nación, nos lleve a plantear la pregunta ¿si los recursos estratégicos, como son los energéticos, los sistemas de acueducto, aseo, la tierra entre otros no merecen acaso ser objeto de una revisión de las condiciones en que fueron enajenados de forma fraudulenta en treinta años de neoliberalismo y que se deba contemplar la posibilidad de su nacionalización? ¿No deben correr la misma suerte de una valoración fractual, como se está haciendo con el TLC con los EEUU?
El triunfo de la sociedad civil, de abogados como Wilson Alexander Calderón Roa, entre otros, lograron entonces que el Consejo de Estado les concediera finamente el derecho a través de una acción popular para que el Estado se obligue a reconocer los derechos que desde 1999 se ha negado a reconocer a las comunidades del área de influencia de la hidroeléctrica.
A manera de colofón, los $138.000 millones que reconoce el fallo de Consejo de Estado hacen parte del 10% del valor de la venta de la hidroeléctrica a Aes Chivor en 1996; esta cifra es el equivalente al 30% del valor de las utilidades netas de un solo año de la multinacional y se necesitaron 23 años para reconocer este derecho por la justicia.
Con la llegada de @GustavoPetro entramos en un estado de transición, de lo que nos ha pasado como sociedad en los últimos 35 años, no sólo en materia del conflicto armado interno, donde la guerra hizo parte de este sistema por desposesión, sino del despojo económico y social del que hemos sido víctimas.
La pregunta es si la sociedad está preparada para afrontar las reformas necesarias, los ajustes institucionales y las posibilidades de ajustes sociales que busquen una sociedad justa y que deben ser puestas sobre la meza, el pueblo es soberano y tiene la palabra.
