Este miércoles 17 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación programó la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y otras dos personas vinculadas a un contrato celebrado entre la Alcaldía y la empresa Ecovivienda. La diligencia judicial hace parte de una investigación penal por presunto favorecimiento indebido en la contratación pública.
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De acuerdo con el expediente, el abogado Juan Sebastián Ramírez, quien había demandado inicialmente la elección de Krasnov, habría retirado su demanda a cambio de un contrato con la administración municipal. Dicha contratación también involucraría a la exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza. Las autoridades investigan si existió un acuerdo irregular que vulnera la normatividad en materia de contratación estatal y transparencia.
A los implicados se les imputarán presuntos delitos como cohecho, tráfico de influencias y fraude procesal. La audiencia tiene lugar en medio del proceso que se adelanta en el Consejo de Estado, donde se estudia la validez de la elección del actual alcalde, tras haber sido anulada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá el pasado 27 de febrero.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también abrió un proceso disciplinario contra Krasnov por posible inhabilidad. El ente de control investiga un contrato docente que el mandatario firmó con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en diciembre de 2022, menos de un año antes de las elecciones, lo cual podría haber afectado su derecho a ser elegido.
La jornada de hoy es clave para definir el rumbo jurídico y político del actual mandatario de Tunja, en un contexto donde confluyen procesos penales, disciplinarios y electorales en su contra.
