Mientras el presidente, Gustavo Petro, dijo ayer en Apartadó, que el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente ya inició, el constitucionalista, exalcalde de Bogotá Jaime Castro indicó que la idea de una Constituyente es ‘otro disparate’ del Mandatario. Petro dijo en Antioquia: “Este ya es un proceso Constituyente, esta reunión ya hace parte del proceso Constituyente”.
En su columna en El Tiempo, Castro indicó que los propósitos, la convocatoria y la elección de una constituyente no dependen exclusivamente de la voluntad y los deseos del gobierno de turno porque la carta política define y reglamenta los temas anotados.
«Expresamente dispone que es una de las formas válidas para reformar la Constitución vigente mediante un procedimiento que exige la expedición de ley que sea aprobada por mayoría calificada compuesta por los miembros de una y otra Cámara y no con el mero ‘quorum’ reglamentario de los asistentes a una u otra sesión”, escribió Castro.
Pero también dijo que esa misma ley debe determinar que el pueblo, en votación popular en la que participe no menos de la tercera parte del censo electoral, o sea, algo más de 13 millones de ciudadanos, decida si convoca la asamblea propuesta.
“A lo anotado debe agregarse que la ley igualmente debe establecer cuál será la integración de la corporación pública sugerida, cuántos serían sus miembros y en qué tipo de circunscripciones se elegirían”.
Indicó Jaime Castro que cumplido todo el proceso anterior, los ciudadanos que acudan a las urnas escogerían los constituyentes en una votación que no puede tener lugar simultáneamente con otro acto electoral, es decir que debe tener lugar en día distinto de aquel en que se elijan jefe de Estado y congresistas. No se citan las autoridades territoriales porque la elección de la que reemplacen a las actuales tendría lugar en el 2028.
“En el mejor de los casos, entonces, la elección de los constituyentes tendría lugar a fines del 2025 o principios del 2026 y no coincidiría con el día, pero sí con la época de la elección de presidente y congresistas. Es fácil imaginar todas las consecuencias, complicaciones y enredos de carácter político-electoral que tendría lo anotado. Si se deja esa elección para después de agosto del 2026, Petro no orientaría ni manejaría la asamblea, sino quien lo suceda en el ejercicio del poder”.
Finalmente anotó que la Asamblea no se convocaría para reformar la Constitución sino para convertir en textos constitucionales los proyectos de ley del Gobierno que no fueron aprobados por el Congreso.
“La legitimidad política del proceso citado exige que en su trámite, desarrollos y aprobación participen activamente la mayoría de las fuerzas políticas de la Nación, incluidas las que no estén de acuerdo con la iniciativa. No es el caso de la propuesta en curso porque el Presidente considera que es un acto importante de su gobierno y bandera del cambio ofrecido por él y todos sus amigos que ahora ejercen elevadas responsabilidades públicas, razón por la que solo cuenta para estos efectos con el apoyo, obviamente, del Ejecutivo y del Pacto Histórico, que es partido de gobierno”.
Por todo lo anterior Castro concluye que la Constituyente del doctor Petro no es viable jurídica ni políticamente.
