En nota de protesta dirigida a las autoridades carcelarias y a medios de comunicación señalan que si no les solucionan los problemas entrarán en desobediencia pacífica para reclamar sus derechos.
Las personas privadas de la libertad de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita denunciaron ante los organismos de control, Defensoría y Procuraduría, y ante los medios de comunicación la grave situación que se viene presentando en materia de salud con la población privada de la libertad, pues no cuentan con médicos y enfermeras que puedan atender los requerimientos que se puedan presentar.
La situación que se agrava con el manejo que le viene dando la Fiduprevisora y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, al personal médico que labora en las distintas cárceles del país y, en particular, en Cómbita, Boyacá.
“La salud ha sido siempre uno de los graves problemas de violación de derechos humanos al interior de las cárceles, ya que ha establecido un sistema mediocre que ha estado permeado por los graves problemas de corrupción que existen al interior de la USPEC y de las empresas que esa entidad contrata para la prestación del servicio en salud a las personas privadas de la libertad; problemas que se reflejan en la mala calidad del servicio prestado en todos los niveles”, dicen en un comunicado que hicieron llegar al periódico EL DIARIO y en el que agregan que en la mayoría de ocasiones las personas privadas de la libertad tienen que acudir a tutela, a acciones de desacato y hasta a la huelga pacífica para que sean atendidas sus peticiones. Son miles de internos lo que en todo el país se ven frecuentemente afectados por esta problemática.
En el comunicado los internos de la cárcel de Cómbita relacionan las siguientes situaciones relacionadas con la prestación del servicio de salud:
1. Desde el mes de junio del 2021 Fiduprevisora le debe el sueldo al personal médico que presta el servicio en las cárceles.
2. El día primero de julio de 2021 inició una nueva contratación con la entidad prestadora del servicio Fiducentral contratada por la USPEC, dejando al personal médico sin contrato hasta el día 1 de agosto; es decir dicho contrato fue solo por un mes.
3. En diferentes ocasiones se han realizado reuniones con la USPEC y Fiducentral para tratar el tema de los salarios atrasados. En la última, el día 2 de agosto, manifestaron que el dinero para los pagos atrasados está disponible.
4. El día 11 de agosto volvieron se realizó una nueva reunión con el personal médico donde voceros de la USPEC manifiestan que no hay recursos para el pago de los salarios atrasados. Y a la fecha Fiducentral no cuenta con convenio con los hospitales y clínicas para tratar las patologías más graves de los internos. Además de toda esta problemática la USPEC y Fiducentral no ha hecho el pago del bono otorgado por el gobierno a causa de la emergencia sanitaria COVID-19.
“En este sentido -dicen los internos en su comunicado- nos vemos afectados toda vez que no contamos con un sistema de salud que nos brinde las garantías para resolver las distintas patologías que se presentan a diario en esta población”.
También señalan que por el no pago y falta de contratación al personal médico los casos de salud que hoy requieren tratamientos especializados e incluso los que son de nivel uno que se tratan en el área de sanidad de la cárcel están resultando gravemente afectados por la irresponsabilidad de la USPEC y la entidad prestadora de servicios Fiducentral, ya que el personal médico no está trabajando por falta de garantías laborales.
Dicen finalmente que de no resolverse está grave situación en el menor tiempo las personas privadas de la libertad se verán en obligación de entrar en desobediencia pacífica para reclamar su derecho a la salud en conexionado con el derecho a la vida.
“Hacemos responsable al Estado colombiano, representado por el INPEC, la USPEC y Fiduprevisora de lo que le pueda suceder a cualquier privado de la libertad, por violar un derecho fundamental que está consagrado en los Derechos Humanos y los Derechos Individuales del Hombre y demás protocolos internacionales. Esperamos que los organismos de control del Estado y las organizaciones sociales que velan por la seguridad de la población privada de la libertad nos ayuden a denunciar esta grave situación que hoy padecemos los privados de la libertad”, dicen finalmente los internos de la Cárcel de Cómbita.
