Una alianza entre la Gerencia de inclusión de Personas con Discapacidad de la Vicepresidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Programa Pacto de Productividad, permitirá que quienes trabajan en el sector público accedan a un programa para reforzar conocimientos en inclusión laboral de personas con discapacidad.
La apuesta del Gobierno del Cambio de fortalecer la inclusión y la diversidad laboral en el empleo público, llevó a la Vicepresidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Programa Pacto de Productividad a crear el curso “Discapacidad e Inclusión Laboral”.
El programa de formación está dirigido a servidores públicos quienes, a lo largo del proceso de formación, podrán aumentar sus conocimientos normativos, generar nuevas habilidades en estrategias de abordaje y consolidar competencias para ejecutar ajustes razonables en la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El curso es un logro del trabajo entre el Gobierno del Cambio y el sector empresarial en la implementación de estrategias, proyectos y planes con enfoque de cierre de brechas en el derecho al trabajo e inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público.
El Gobierno del Cambio comprometido como ningún otro con la inclusión de esta población, ha ejecutado tres acciones que tendrán un impacto positivo en su vida laboral, una de ellas está la relacionada con las directrices de la Directiva Presidencial 05 de 2023, en la que se les solicitó a las entidades avanzar en el desarrollo del Capítulo 7“ Garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad”, del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia potencia mundial de la vida.
En la Directiva se instó a las entidades, entre otras medidas, a promover el trato digno, el goce efectivo del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, implementar horarios flexibles, teletrabajo, espacios de formación y capacitaciones para generar condiciones favorables para las personas en condición de discapacidad.
Otra de las medidas ha sido un seguimiento más riguroso de la implementación del Decreto 2011 de 2017 sobre el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público, medida que, con corte a junio de 2023, arrojó que 13. 433 personas con discapacidad están vinculadas o contratadas en el sector público. La meta del Gobierno es que a fines de 2026 unas 20.000 personas de esta población estén laborando en el sector público.
La tercera medida del Gobierno es este curso sobre el que, el director de Empleo Público de Función Pública, Francisco Camargo Salas, mencionó que, «la administración pública que estamos transformando en el Gobierno del Cambio está encaminada a propiciar ambientes laborales participativos, inclusivos, diversos y seguros para todos los servidores públicos. Con este curso, estamos avanzando en la apuesta de tener un empleo público compuesto por un talento humano más sensible, eficaz y meritocrático».
Entre tanto, Anderson Henao, gerente de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Vicepresidencia de la República, contribuyó reafirmando que: «De acuerdo con el Dane, la tasa de ocupación de las personas con discapacidad está en el 22%, mientras que la tasa de ocupación de personas sin discapacidad es cercana al 60%, una brecha que debemos cerrar».
Finalmente, Juan Pablo Álzate, líder de Seguridad Económica de la Fundación Saldarriaga Concha, expresó que el curso permitirá llevar a los territorios una pedagogía de la inclusión laboral, de la población con discapacidad en el empleo público, “nosotros aportamos los recursos para este curso, por eso invitamos a los servidores de todo el país a lo que lo desarrollen”.
Sobre el Curso: Discapacidad e Inclusión Laboral
Alejandra León, directora del Pacto de Productividad, explicó que el programa se desarrollará virtualmente, será autodirigido, tendrá duración de dos meses y estará compuesto por cuatro módulos que incluyen las temáticas de discapacidad e inclusión laboral; normativas de inclusión laboral; estrategias para el abordaje de la población con discapacidad y ajustes razonables que deben estar presenten durante toda la ruta de empleabilidad, ingreso, desarrollo y retiro, de personas con discapacidad en el sector público.
Fuente | Función Pública
