El Tribunal Administrativo de Boyacá, en fallo en primer instancia, negó la tutela presentada por la Gobernación de Boyacá por el congelamiento de recursos por parte del DNP para el nuevo Terminal de Transportes de Tunja.
Doce mil millones de pesos, tiene represados el Departamento Nacional de Planeación, procedentes de regalías para la obra del nuevo Terminal de Transportes de Tunja. Este hecho se da porque todavía no se ha determinado el modo de administración y operación del Terminal, que por ahora se haría en una alianza pública entre Gobernación y Alcaldía, iniciativa que se discute en la Asamblea y se presentará de nuevo al Concejo de Tunja, ya que el anterior proyecto fue archivado.
En vista que esta problemática afecta el avance de la obra, el Gobierno Departamental presentó una tutela contra el DNP ante el Tribunal, alegando que “el DNP le vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al suspender preventivamente los giros de recursos del proyecto ‘Nuevo Terminal Regional de Transportes’ de Tunja, mediante la resolución 1626 del 6 junio del 2017, decisión por la cual el departamento interpuso los recursos correspondientes”.
Según, la Gobernación, el DNP se contradice con el decreto 1079 de 2015 que establece que “dichas obligaciones deben ser asumidas por la Sociedad Pública que se organice para el funcionamiento de la terminal, pero solo para ese momento en el que esté en servicio la terminal, y no en la etapa de construcción de la obra, como lo exige el DNP».
Por su parte, el DNP dio respuesta a la tutela presentada por el Gobierno, manifestándole al Tribunal lo siguiente: “se acoge la solicitud de declarar improcedente la acción de tutela presentada por del departamento de Boyacá porque en este caso además se pudo establecer que aún está pendiente de resolverse ante la instancia superior en el DNP, un recurso de apelación que fue interpuesto por el departamento de Boyacá. Así que no tendría sentido para el Tribunal que estando pendiente esa decisión del recursos de apelación nos pronunciáramos de fondo sobre la acción de tutela”.
Luis Alfonso Arciniegas, magistrado ponente, en entrevista con Caracol Radio, agregó “como ese es un acto administrativo que todavía está sometido al trámite de los recursos, y me refiero al acto que suspende el giro de recursos, la gobernación debería aprovechar y hacer una acercamiento con el DNP, para dialogar y ponerse al día con los requerimientos que le ha hecho el organismo de planeación, así de pronto se puede superar estas dificultades y los recursos pueden ser destrabados y girados al ente territorial”.
Por ahora, se espera una posible apelación o de lo contrario el caso muere ahí.
Y lamentablemente murió, de verdad, como mal asesorado jurídicamente el Gobernador, toda vez que: le estaba violando el debido proceso a los recursos, pretendía que un Juez de tutela resolviera una apelación ante la DNP, No existen evidencias de estar haciendo bien el trabajo los mandatarios.