Se trata de una petición conjunta de las 141 mujeres detenidas en la única cárcel que existe para ellas en el departamento.
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Sogamoso (Epmsc-rm) funciona desde el año 1986 y recluye a 141 sindicadas y condenadas que llegaron desde distintas regiones de país.
Actualmente, 10 son extranjeras y al menos otras 10 tienen doble nacionalidad.
El paso de casi medio siglo se refleja en su estructura de tres pisos con 24 celdas diseñadas para cuatro personas, pero ocupadas por hasta seis, y nueve celdas adicionales usadas por mujeres con condiciones de salud especiales o recién ingresadas.
Los escasos colores del lugar están en algunas bocas de las detenidas que se pintan con labial, en las cinco rejas blancas que es preciso atravesar desde la zona de registro hasta llegar a ese pabellón, y en el gris del cemento de las paredes que se funde con el verde oscuro de las puertas metálicas donde su ubican sus dormitorios.
Allí, las secretarías de Planeación, Gobierno y Acción Comunal, Integración Social y Desarrollo Empresarial, así como el Despacho de la Gestora Social de Boyacá, realizaron una de las últimas jornadas de construcción colectiva del Plan Departamental de Desarrollo ‘Nuestro gran plan es Boyacá’.
Salud mental, apoyo jurídico, proyectos productivos, formación, actividad física y familia, fueron los temas de esa mesa de trabajo.
«Tenemos un gran reto en cuanto a asegurar los derechos de las mujeres privadas de la libertad, empezando por gestionar capacitaciones que les permitan ser productivas y contribuir con la economía de sus familias. También propiciar actividades lúdicas, recreativas y académicas porque queremos que ese tiempo que estén en el centro penitenciario sea aprovechado para ser mejores ciudadanas y luego, al salir, puedan vivir con dignidad», señaló Daniela Assis, gestora social del departamento.
Según la Gestora Social, existe compromiso para trabajar por ellas, ayudándolas a comercializar los productos que elaboran, como juguetes en madera, amasijos y bolsos, y brindándoles jornadas de salud que incluyan servicios con especialistas y atención psicosocial.
Assis escuchó a varias mujeres y concluyó que hay muchas realidades e historias que llevaron a cada una de ellas a cometer delitos.
«Son situaciones que no las definen como personas. Hay redención y la necesidad de resocialización», expresó.
Las internas son madres solteras en su mayoría; las más jóvenes tienen 18 años y la mayor, 62: María Tambo, quien debió recurrir a la ilegalidad para pagar sus alimentos y medicamentos contra la hipertensión que padece y que no ha sido mitigada después de dos años en prisión. Aún no ha sido condenada. La última vez que se comunicó con su defensor fue hace cuatro meses.
Con la voz cortada y los ojos húmedos, doña María aseguró que lo que más extraña de estar en libertad es a sus nietos. «Estoy muy enferma y no sé qué hacer», manifestó angustiada.
Este sería un caso del que se ocuparía el juzgado de descongestión transitorio que abordaría, tanto procesos significativos, como los que permanecen en despachos ordinarios.
Aunque la oferta de servicios jurídicos no es competencia de la Gobernación de Boyacá, la secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Alejandra Pico, mostró su respaldo a estas mujeres frente a la solicitud de reabrir un tribunal que dé celeridad a los distintos casos, “entendiendo que muchas tienen procesos que pueden avanzar con prisión domiciliaria o incluso con la libertad misma por culminación del cumplimiento de su pena», indicó.
En ese sentido, será entablado un diálogo, junto a los Consejos Seccionales de la Judicatura, con el fin de contar con un juzgado de descongestión transitorio, que existió en 2023 e impactó el problema. Fue clave, incluso, para el funcionamiento del Sistema Carcelario del departamento, según la secretaria.
«Por iniciativa de la Gobernación de Boyacá realizaremos un diagnóstico, junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para atender las situaciones particulares de las recluidas en ese juzgado», puntualizó Pico. Para el Gobierno de Carlos Amaya todas las mujeres, sin excepción, son sujetas de derechos fundamentales y derechos humanos, asimismo, foco de las políticas públicas.
Fuente | Gobernación Boyacá
