Con el despojo de unos seis millones de hectáreas de las mejores tierras del país y alrededor de seis millones de desplazados internos y más unos 4 millones de exiliados en el exterior, durante las últimas tres décadas, se demuestra que la peor expropiación ya pasó y que los que deben responder y hacer el juramento de no volver a estas acciones son precisamente los expresidentes que encabezan hoy el respaldo al candidato Iván Duque.
El punto de quiebre de la actual campaña por la presidencia ha estado en contra de Gustavo Petro, por cuanto se ha propagado la idea de que al estilo de Chávez en Venezuela, aquí en Colombia, de llegar Perto al Palacio de Nariño, iría en el camino de la expropiación. Con esta idea, manejada desde la falacia, el Centro Democrático y otras fuerzas han aprovechado cuanta oportunidad han tenido para propagar el temor y el rechazo al candidato de la Colombia Humana.
Sin embargo, solo basta ver con algo de calma el panorama, para comprobar, sin mayor elaboración, que en realidad en Colombia, el proceso de expropiación ya se dio, y quienes lo perpetraron no fueron los izquierdistas, chavistas y comunistas, sino la derecha y la ultraderecha que han sido los detentadores del poder en todos estos años, desde la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta del siglo pasado, que es el punto de partida de todo lo que ha sucedido en Colombia, hasta el día de hoy.
Así que quienes tienen que jurar y escribir sobre la piedra la promesa de no volver a expropiar, a desplazar, a masacrar, son los tres más importantes socios de la coalición que ahora respalda a Iván Duque. La historia de los últimos 30 años es irrefutable. Han sido los tres expresidentes los protagonistas de la peor barbaridad en su historia, lo cual arranca con el nombre de César Gaviria, quien siendo parlamentario y luego ministro de gobierno del mandato de Virgilio Barco, conoció de primera mano el proceso paramilitar que se fortaleció y actuó de manera tan criminal en esos años, al lado de los peores actos de la guerra del narcotráfico contra el Estado y la sociedad colombiana que dejó los atentados indiscriminados de la época, el exterminio de la Unión Patriótica y el asesinato de cuatro candidatos a la presidencia. Una auténtica masacre.
A la sazón Álvaro Uribe Vélez ya se le conocía como hombre cercano a los clanes del narcotráfico, a partir de la amistad de su padre, Alberto Uribe Sierra, con la familia Ochoa y la cercanía de él mismo con Pablo Escobar Gaviria, con hechos de bulto que parten desde la actuación de Uribe Vélez en la Aerocivil, durante el gobierno de Turbay Ayala y su paso por la alcaldía de Medellín, en tiempos de Belisario, cuando tuvo que renunciar por presión del propio presidente ante los insistentes rumores de sus vínculos con Pablo Escobar que en esos tiempos promovía su programa estrella en lo social: “Medellín sin tugurios”.
En el periodo 90-94, con César Gaviria en la presidencia, se desarrollan acontecimientos tan decisivos en la exacerbación del conflicto como el bombardeo a Casa Verde, el campamento de la FARC, el día de la elección de la constituyente, (1990); las negociaciones siguientes del entonces ministro de Justicia y hoy procurador Fernando Carrillo, con Pablo Escobar y la construcción de su propia cárcel, la Catedral, donde y desde donde se cometieron e impulsador más acciones criminales. Pero en el caso de Gaviria, no fue solo el instrumento de la violencia el que ayudó al desplazamiento, fueron sus medidas económicas, que con la apertura económica condenó a miles de agricultores que vivían de cinco cultivos, el maíz, el trigo, la cebada, el tabaco y el fique, quienes quedaron sin nada entre las manos, de la noche a la mañana; esa resultó una de las peores violencias de estos 30 años. Fue también el gobierno de César Gaviria el que, antes de terminar, deja la estructura jurídica para dar comienzo a la seguridad privada que se vuelve el amparo legal del paramilitarismo de los siguientes años, cuyos desarrollos se reflejaron en las famosas Convivir que impulsó en Antioquia el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez.
Lo que sigue con Pastrana, 1998-2002, es una de las etapas más oscuras y sangrientas de la historia del país en estos 30 años; el paramilitarismo a sus anchas, la época de las peores masacres y el desplazamiento forzado de personas dentro de su propio país, ( se estima que hacia 2002 se alcanzó la espeluznante cifra de más de 400 mil deslazados en un años) siendo el más grave proceso de tal naturaleza en el mundo; y, por si fuera poco, entre 1999 y 2004, se produjo la huida al exterior de unos cuatro millones de colombianos, dada la crisis económica de 1999, la peor en la historia económica del siglo XX y la exacerbación del conflicto.
Así que entre el desplazamiento interno y el exilio, al cabo de la Seguridad Democrática, la violencia arroja cifras como que fueron más de 10 millones de colombianos los afectados directamente, la quinta parte de la población actual. La otra cara de esta misma moneda es que alrededor de 6 millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia se expropiarion durante esta era de violencia, con los miles de muertos y desaparecidos y la peor corrupción de toda la historia en los doscientos años de existencia de la república.
Hoy el país tiene que pagar la deuda de la Guerra de los últimos 16 años que pude estar en los 100 mil millones de dólares, los que se gastaron sin ningún control ni auditoria, de lo cual nadie habla, pero que corresponde al periodo de la Seguridad Democrática; también hay que pagar los 5 mil millones de dólares del robo de Reficar, también propiciado en la era de la Seguridad Democrática; no hay que olvidar el robo a todos los colombianos que con sus recibos de energía aportaron entre 20 y 30 billones para el aseguramiento del sistema, pero que en realidad se los apropiaron unos pocos, y nadie respondió; y para completar, ahora habrá que pagar los 4 mil millones de dólares, o más, que están perdidos en la represa de Ituango, una obra que pasó de ser el orgullo y el referente de la ingeniería colombiana, a ser la muestra escandalosa de las equivocaciones y seguramente de otro tramo de la corrupción.
Entonces, en esta última semana antes de las elecciones lo que se impone como reflexión es quién o quiénes tienen que jurar que no vuelven sobre la barbarie que ha caracterizado la historia del país en estos 30 años. La conclusión inevitable es que los que deben jurar que no volverán a hacerlo son estos tres nombres: César Gaviria Trujillo, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.
La constante en el país ha sido la expropiación por vía de la violencia, lo que han perpetrado tanto las élites tradicionales como los grupos emergentes que en cada periodo han surgido.
