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Aunque la exconsejera para las Regiones se muestra tranquila e incluso sonríe frecuentemente ante las cámaras, la Fiscalía aseguró hoy que la exfuncionaria imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias usó su cargo para gestionar millonarios soborno a congresistas.
En el complejo de Paloquemao continuó hoy la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.
Durante la jornada la Fiscalía sustentó el llamado a imputación de cargos contra la exfuncionaria, a quien sindica que de delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
El ente investigador entregó y reveló una serie de chats, videos y fotografías con los que trata de demostrar las movidas de la exfuncionaria para entregar el presunto soborno al expresidente del Senado, Iván Name.
La Fiscalía dijo hoy que Sandra Ortiz usó su cargo para gestionar un millonario soborno y la adición de un contrato para favorecer al entonces presidente del Senado, Iván Name.
“La alta consejera presidencial para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de, primero, entregar 3.000 millones de pesos derivados de la contratación de la UNGRD con destino al presidente del Senado Iván Name y para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato por 11.000 millones que se estaba ejecutando en el Atlántico, gestiones ilícitas que debía llevar a cabo el entonces director Olmedo López”, dijo la fiscal María Cristina Patiño durante la audiencia.
Fue la segunda sesión dentro de la audiencia que comenzó hace una semana y en la que la boyacense tendrá que responder en las investigaciones por corrupción relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General de la Nación la vincula con un esquema de desvío de recursos destinados a proyectos sociales.
En particular, se le señala de ser parte de un acuerdo que involucraba al entonces presidente del Senado, Iván Name. Según declaraciones de testigos, Ortiz habría transportado millonarias sumas en efectivo para influir en la aprobación de reformas sociales en el Congreso.
La defensa de Ortiz ha rechazado categóricamente las acusaciones, insistiendo en su inocencia y cuestionando la validez de los testimonios presentados. Su abogado destacó inconsistencias en las pruebas, incluidas discrepancias sobre los encuentros entre Ortiz y otros implicados, y solicitó el rechazo de la medida de aseguramiento propuesta por la Fiscalía.
Ortiz ya había señalado que no participó en ningún acuerdo ilícito y que su carrera ha sido destruida por estas acusaciones. Además, mencionó temores por su seguridad y la de su familia.
El caso ha generado una intensa atención mediática, pues no solo implica a Ortiz, sino que también alcanza a otras figuras políticas de alto nivel. La Fiscalía busca esclarecer el destino de más de 3.000 millones de pesos supuestamente desviados de un contrato relacionado con el suministro de agua potable en La Guajira.
La audiencia de hoy fue interrumpida y continuará el próximo 11 de diciembre cuando la Juez tendrá que decidir si acepta las pruebas y la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Mientras tanto, Ortiz permanece en libertad, pero con medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.
Al parecer la defensa de la exconsejera tendrá que analizar las revelaciones que hizo hoy la Fiscalía General de la Nación, que, en concepto de expertos en temas legales, son muy delicadas y la comprometen en la autoría de hechos por fuera de la ley.
