En ese municipio la familia Rincón han gobernado durante casi de 20 años y ahora la Fiscalía los tiene ‘aRinconados’. En marzo del 2004 la misma Fiscalía le había imputado cargos al alcalde actual, Pupo Alonso Rincón, y a su hijo, Jairo Alonso Rincón Quintana, que también fue alcalde del municipio, por el delito de prevaricato por acción.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los exalcaldes del municipio de Susacón Silvio Alberto Rincón Ortega (sobrino del actual Alcalde) y a Jairo Alonso Rincón Quintana (hijo del alcalde), como presuntos responsables de delitos contra la administración pública.
Rincón Ortega, mandatario durante el periodo 2011-2015, habría incurrido en delito de prevaricato por omisión; mientras que Rincón Quintana, alcalde entre 2016 y 2019 fue señalado como posible responsable de omisión en concurso y peculado por aplicación oficial diferente. Ninguno aceptó los cargos en su contra.
Los exmandatarios, a pesar de conocer que 268’519.716 de pesos que de manera gradual transfirió una generadora de energía durante el periodo 2014, 2015 y 2016, tenían una destinación específica relacionada con el saneamiento básico y mejoramiento ambiental, la dispusieron para atender otros rubros.
También se determinó que entre 2017 y 2020 únicamente fueron transferidos 100.000 pesos, cada año cuando las sumas eran superiores a esa cifra.
En marzo de 02024 la Fiscalía les había imputado cargos al actual mandatario de Susacón Pupo Alonso Rincón y a su hijo, Jairo Alonso Rincón Quintana, exalcalde por el delito de prevaricato por acción.
Dijo la Fiscalía en esa oportunidad que los procesados se habrían excedido en sus funciones en la alcaldía municipal, al expedir dos decretos que permitieron el cobro de un impuesto a contratistas entre 2008 y 2016, para propiciar actividades deportivas y recreativas en el municipio.
La Fiscalía evidenció que el actual alcalde, durante su primer mandato local (2008- 2011) expidió un decreto mediante el cual se creó el impuesto de estampilla prodeporte, para financiar actividades deportivas y recreativas.
Asimismo, Jairo Alonso Rincón Quintana, durante su periodo como alcalde (2016 – 2019), firmó otro decreto autorizando nuevamente el cobro de ese tributo en el municipio; Es decir, el impuesto se cobró a contratistas, entre 2010 al 2020.
De acuerdo con la investigación adelantada, ambos servidores se habrían excedido en sus funciones, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la facultad de crear impuestos es competencia únicamente del Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos, y no en el poder ejecutivo.
En este sentido, los procesados fueron imputados por el delito de prevaricato por acción. Ambos se negaron a aceptar el cargo.
