Por | Edilberto Rodríguez Araújo- Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
Los únicos que permanecen impasibles e indolentes son los operadores privados de servicios públicos y telefonía móvil, además de los bancos comerciales. Operadores como Vanti con el gas natural domiciliario, no tuvieron problema en triplicar el costo del servicio en los dos primeros meses del confinamiento; las tarifas de Ebsa también se fueron a las nubes, mientras los operadores de celular recomiendan que un miembro de la familia, tan pronto pueda, salga a pagar los recibos, en muchos casos más caros. A su turno el Banco Agrario, califica a los pequeños y medianos productores agropecuarios como de alto riesgo y por eso se ha vuelto más exigente ante cualquier solicitud de crédito, aclarando que la tasa también sube.
La magnitud de la crisis
Las finanzas de las gobernaciones y ciudades capitales, que manejan cerca de $ 70 billones, se han ido a pique. La actividad económica agregada y sectorial, se precipitó a tierra, tal como lo revelan las cifras del comportamiento económico del primer trimestre de este año. Como gran parte de las rentas que recaudan dependen del ritmo de la economía regional y local, es previsible que estos se compriman.
Según los cálculos de la Federación Nacional de Departamentos, los recaudos, durante el primer cuatrimestre de 2020, en comparación con igual periodo de 2019, se redujeron en 10 por ciento, equivalentes a $280.000 millones. En abril la caída superó el 40 por ciento, alcanzando el 55 por ciento en algunos departamentos. Con los resultados de mayo la brecha se ensanchará.
La dinámica de las finanzas
La estructura presupuestal de las entidades territoriales es muy rígida, representando las transferencias del Gobierno Nacional, destinadas al gasto social, provenientes del Sistema General de Participaciones, aproximadamente, el 48 por ciento de los ingresos corrientes.
La inversión es sufragada con los giros del Sistema General de Regalías, que actúa como un comodín de las finanzas, por estar por fuera del presupuesto ordinario.
A su vez, los ingresos tributarios dependen de la dinámica de algunos rubros que, en la actual coyuntura del país, tenderán a contraerse, tales como el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, en el caso de los municipios (que representan el 77 por ciento de los ingresos tributarios), y de los llamados “impuestos al vicio”, como los que gravan el consumo de cerveza, licores y cigarrillos, y que copan un poco más del 51 por ciento de este agregado.
En Boyacá, en el presupuesto de 2020, se proyecta que estos rubros generarán el 68 por ciento de los ingresos tributarios.
La cuarentena y el confinamiento, derivado de la pandemia, hicieron colapsar estos rubros rentísticos.
Capítulo aparte, merecen los bajonazos en impuesto automotor, sobretasa a la gasolina, loterías, entre otros.
Si esto ocurre con los ingresos, por los lados de la inversión territorial, el panorama no es muy alentador, máxime cuando antes de la declaratoria de la emergencia económica, venía descendiendo, como se observaba en Tunja y Boyacá, particularmente la inversión fija. La inversión social, financiada con los recursos girados, a través del Sistema General de Participaciones, de alguna forma sigue una tendencia inercial, además, que es prioritaria en las calamitosas condiciones sociales actuales.
Como los ingresos son insuficientes frente a un gasto territorial expandido, -lo que lleva a un persistente déficit fiscal-y no es posible gravar más, ni a la propiedad de los agentes económicos ni a los consumidores, las entidades territoriales se endeudan con la banca comercial interna y la banca multilateral externa, registrando una deuda acumulada que bordea los $10 billones.
Las propuestas del gobierno
Recientemente, el Ministerio de Hacienda anunció un paquete de medidas, contenidas en el Decreto 678, para mitigar las penurias que afrontan las arcas públicas territoriales. Reconociendo la crisis fiscal que se avecina, este despacho apuntó a varios frentes, tales como la reorientación, ante la caída de los ingresos corrientes, de las rentas de destinación específica para asegurar el funcionamiento de las entidades territoriales en 2020 y 2021.
Asimismo, la contratación de créditos de corto plazo, en los que se podrá comprometer hasta el 15 por ciento de los ingresos corrientes para atender la emergencia. De otra parte, podrán endeudarse hasta el 100 por ciento de dichos ingresos para invertir y reactivar la economía. Lo anterior, significa desmontar las restricciones establecidas por ley, de ponerle límite al endeudamiento territorial y al gasto de funcionamiento.
Simultáneamente, la norma permite diferir, hasta doce meses, el pago del impuesto predial y de industria y comercio.
Como ñapa, se destinará el 100 por ciento de la sobretasa al ACPM a los departamentos, además de gastar, por encima del cubrimiento del 80 por ciento de los pasivos, los recursos de las pensiones territoriales.
Los apuros de gobernadores y alcaldes
Las responsabilidades y compromisos de alcaldes y gobernadores, no son, literalmente, de poca monta. Los bolsillos de los colombianos de a pie están vacíos, a lo que se añade la limitada capacidad de gobernaciones y alcaldías para encarar las demandas y reivindicaciones sociales.
Los únicos que permanecen impasibles e indolentes son los operadores privados de servicios públicos y telefonía móvil, además de los bancos comerciales.
En fin, estas medidas preventivas, quizás evitarán que las finanzas territoriales entren en cuidados intensivos, pero, las dejarán maltrechas, pues, los desequilibrios fiscales no darán tregua.
