Lo que ha pasado a lo largo de la historia republicana con el manejo de la educación pública no ha cambiado sino de circunstancias, la realidad ha sido la misma en estos doscientos años: al pueblo siempre se le ha negado el acceso a la educación. Desde luego que esto viene de la herencia de los trescientos años de la colonia que, a su vez, fueron consecuencia de lo que se impuso en las Españas predescubrimiento con los reyes católicos, quienes expulsaron a moros y judíos de su territorio, con lo cual renegaron del conocimiento y por tanto del aprecio y la defensa de la educación como derecho del pueblo.
Así que hoy, cuando el movimiento estudiantil vuelve a salir a las calles para exigir del gobierno una verdadera política de favorecimiento de la educación pública, este responde de la misma manera: niega el derecho que siempre ha birlado. Toda laya de argumentos en contra: que no hay margen presupuestal, que los ingresos de la nación no alcanzan, que no hay regalías, que el Estado tiene otras prioridades, o que es que los dineros que se dan para las universidades públicas los malgastan, o se los come la corrupción. Así, siempre hay una excusa para evadir la obligación; mientras tanto, siguen favoreciendo e imponiendo el negocio de la educación en manos de las universidades privadas, de las cuales, una buena parte, pertenecen a los curas de la iglesia católica, que a su vez han sido los cómplices del establecimiento para evitar el acceso de las mayorías a la educación, tal como se vivió entre 1886 y 1936 bajo la ortodoxia de la república conservadora, en el marco de la constitución del 86 y el concordato con el Vaticano, quizá el convenio de sometimiento más ignominioso que se le ha impuesto al país.
Y, para completar, ahora sale la senadora Paloma Valencia con la genialidad de proponer que los egresados de las universidades públicas paguen durante los siguientes diez años a su grado, el 20% de su ingreso laboral para capitalizar el sistema. Nada más estúpido, por decir lo menos. Despropósitos como estos son los que comprueban una vez más cómo las elites, sin ningún pudor, se oponen a la posibilidad de acceso a la educación superior por parte de las mayorías de la población que, en efecto, jamás podrán pagar los costos de la universidad privada.
Y como todo puede ser peor, a la propuesta de Paloma Valencia, se le añade una campaña como la emprendida por la emisora W, junto con la Universidad de los Andes, por medio de la cual se pide limosna por todo el país para traer estudiantes de la Región Pacífico a esta universidad, (se supone que serán afrodescendientes). Dicha campaña no podía ser más cuestionable y excluyente: promover la recolección de recursos para transferírselos a un negociante privado para que traiga un número insignificante de estudiantes es un comercio insultante; además, porque sería una actitud racista, en este caso, dado que la propuesta está en la esfera de la conmiseración y no de la inclusión y la igualdad que es la obligación del Estado.
Sin embargo, por adversas que sean las circunstancias económicas, como siempre alega el gobierno, el presupuesto para financiar la educación superior, a través de universidades públicas vigorosas, sí es posible. Es cuestión de orientar los recursos; siguiendo experiencias que ya han sucedido y que prueban que obtener los recursos es posible, que solo basta la voluntad política. Pruebas al canto: el famoso, pero nunca aceptado del todo cuatro por mil a las transacciones financieras se ha cobrado desde hace 20 años (noviembre de 1998), primero sirvió para salvar a los bancos a raíz de la crisis del UPAC, que después se siguió cobrando con otros pretextos y ahora se anuncia su desmonte a partir de este año, podría mantenerse con destino a la Educación. Otro caso, desde el 1 de diciembre de 2006, se nos impuso a todos los colombianos el pago de un impuesto anticipado para prevenir una posible crisis de abastecimiento de energía y evitar lo que siempre hemos temido: el apagón. Por cuenta de este cobro, se calcula que pagamos hasta 2015 más de quince billones de pesos, los cuales, a la hora de saber dónde estaban, para afrontar la crisis del Fenómeno de El Niño de ese año, se comprobó que el sistema eléctrico los desapareció, es decir, se los robó. 15 billones es lo que dicen que cuesta la deuda acumulada con la educación superior pública.
En España, en las negociaciones de los presupuestos del año entrante, Podemos, la formación políticas de Pablo Iglesias, que le permitió a Pedro Sánchez llegar a la presidencia del gobierno, ha dicho que llegó la hora de que la banca española devuelva lo que la sociedad pagó para su salvación en los últimos diez años y, por tanto, propone que esta pague un tributo especial. Es lo mismo aquí: podría ser que la banca nos devuelva a los colombianos parte de lo que le hemos transferido, y lo podemos dedicar a la educación superior, que sin duda, es la mejor inversión que se pueda hacer. De modo que el movimiento estudiantil tiene toda la razón en exigir y el gobierno sí tiene de dónde echar mano. Otra cosa es que no se quiera.
