Al parecer se suspende el proceso de liquidación de la EPS Comparta, dejando gran desasosiego a los afiliados y a las IPS aliadas. Son más de 190.000 usuarios en Boyacá los que se verán afectados, y una deuda de 120 mil millones la que queda con la red hospitalaria del departamento.
Los secretarios de Salud de Boyacá y Santander, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez y Javier Alonso Villamizar Suárez, expresaron públicamente su preocupación ante la incertidumbre jurídica de la EPS Comparta por la medida cautelar del Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga que suspende el proceso de liquidación de la EPS, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud e informan lo siguiente:
1. De manera presencial, el día de hoy buscamos acercamientos con el doctor Faruk Urrutia, agente liquidador designado, con quien sostuvimos reunión en horas de la mañana. También, al momento de la salida en las mismas instalaciones, pudimos sostener reunión con la Dra. Mónica Hernández, anterior gerente de Comparta EPS, quien se encontraba en el lugar y de acuerdo con lo que indicó, iba a hacer nuevo proceso de empalme y volver a recibir la empresa.
2. Según reuniones sostenidas con estas dos personas y con la reciente medida cautelar decretada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, que ordena suspender la medida de liquidación de Comparta EPS, decretada por la Superintendencia Nacional de Salud, vemos con preocupación que nos encontramos en un momento de incertidumbre jurídica, teniendo en cuenta que la Superintendencia ya había nombrado agente liquidador y este proceso ya iba avanzando.
3. El actual liquidador nos informó que se está trabajando desde la Superintendencia Nacional de Salud para resolver este fallo jurídico, y que la medida ordenada por ellos pueda seguir adelante. Mientras tanto, la anterior gerente de Comparta EPS, Mónica Hernández, está adelantando el trámite pertinente ante la Cámara de Comercio, para recuperar la representación legal y continuar al frente de la entidad, amparada en la medida cautelar ordenada por el Juez de Málaga.
4. Por esta razón, como representantes del sector Salud, de los gobiernos de Boyacá y Santander, solicitamos que se establezcan todos los canales posibles para mantener la adecuada prestación de servicios a más de 380.000 afiliados, de los cuales 195.000 son del departamento de Boyacá y 190.000 del departamento de Santander, por parte de Comparta EPS, y/o de las EPS receptoras, en el momento en que se realice el traslado masivo de usuarios.
5. Hemos pedido tanto al Dr. Faruk Urrutia, liquidador de Comparta EPS, como a la Dra. Mónica Hernández, que se realicen todas las acciones pertinentes y conducentes a garantizar la efectiva prestación de servicios a toda la población afiliada y de esta manera no se cree ninguna barrera en el acceso a los servicios de salud que se requieran por parte de esta población.
6. También hemos pedido que, de manera urgente, se determine cómo se va a realizar el giro de recursos a la Red hospitalaria para los servicios prestados en el mes de agosto, así como las deudas existentes antes del 27 de julio, fecha en que se anunció la liquidación y que, para el caso de Boyacá, asciende a la suma de 120 mil millones de pesos y para Santander es de 27.000 millones de pesos.
7. En la reunión que sostuvimos con el agente liquidador establecimos comunicación con el Ministerio de Salud y Protección Social para que nos informara si efectivamente el traslado de los usuarios de Comparta EPS se va a ejecutar y ellos respondieron, de manera telefónica, que este proceso se está estudiando según la viabilidad jurídica, debido a la medida cautelar ordenada por el juez de Málaga.
8. El Ministerio de Salud y Protección Social está revisando todas las actuaciones jurídicas para determinar si se hace la migración de los usuarios de Comparta EPS, el próximo domingo 8 de agosto, como estaba previsto, o se deba postergar transitoriamente mientras se define la situación jurídica de la Entidad.
9. Mientras tanto, pedimos a Comparta EPS que garantice la prestación de servicios a los usuarios durante estos días y el tiempo que sea necesario, hasta que se defina este proceso jurídico y se migren los usuarios a otras EPS, con el fin de proteger la vida de sus afiliados en todo el territorio nacional, especialmente en Boyacá y en Santander.
10. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud nos informan que se debe seguir garantizando la prestación de los servicios a los usuarios y que, los recursos que se originen por los servicios prestados después del 27 de julio de 2021, serán reconocidos.
