Los hallazgos realizados por la Procuraduría General de la Nación y la Cámara Colombiana de la Infraestructura evitaron un detrimento patrimonial por cerca de 384 mil millones en todo el país.
Durante una reunión que contó con la presencia del procurador general dela Nación, Fernando Carrillo, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, y la junta directiva de esa entidad; se destacaron las labores realizadas por el Observatorio de Contratación y se revelaron varios procesos contractuales que podrían poner en amenaza la correcta ejecución de recursos públicos.
En el caso de Boyacá, se realizaron dos hallazgos que encendieron las alarmas. El primero de ellos fue en Úmbita, donde se declaró desierta la licitación abierta por la Alcaldía con el objeto de mejorar y pavimentar la vía entre Úmbita y Turmequé. Este contrato se hacía por valor de 6.865.463 pesos.
El otro caso se dio en Sutamarchán, donde se abrió proceso licitatorio para la pavimentación de la vía Sutamarchán – La Punta del Llano; tramo vial que comunica al municipio con Villa de Leyva y Santa Sofía. El contrato que se hizo por valor de 11.534.982 pesos. De acuerdo a los hallazgos de estas dos entidades, el proceso licitatorio no tuvo en cuenta criterios de pluralidad y terminó adjudicándose a un único oferente el pasado 23 de febrero de 2018. Por ello, se trasladó para actuación disciplinaria.
