Más de 470 estudiantes de la Institución Educativa San Luis de Gaceno, están obligados a recibir sus clases aglomerados en 11 salones, bajo el asfixiante calor de 30°C, sin aire acondicionado, junto a los escombros de lo que una vez les aseguraron sería un nuevo plantel educativo. El Personero declaró que el derecho a la educación les ha sido vulnerado.
Los estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa San Luis de Gaceno, en el municipio del Piedemonte Llanero, se manifestaron desde principio de este año, porque han tenido que recibir clases en los 11 salones que corresponden a los 180 estudiantes de primaria.
El antiguo colegio fue demolido hace más de cuatro años y enseguida iniciaron la construcción de un nuevo plantel educativo que no llegó sino al 70 por ciento de la obra.
Gracias a las solicitudes de los estudiantes y padres de familia, el personero de San Luis de Gaceno, Juan Manuel Castañeda, actuando como Agente Oficioso de los estudiantes de la Institución Educativa, instauró una tutela para proteger el derecho de educación, en contra del Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación de Boyacá, Secretaría de Infraestructura de Boyacá, Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa (Interventoría), por la vulneración del derecho a la educación, el cual, cita la tutela, “está siendo violado y desconocido”.
El personero en la tutela desarrolla en línea de tiempo el proceso de construcción del plantel educativo, desde el 12 de junio de 2016, cuando se suscribió el Contrato de Obra entre el Consorcio FFIE Alianza BBVA y la Unión Temporal MEN 2016, con el propósito de remodelar la infraestructura física de la I.E. San Luis de Gaceno para entregar en 2020.
Tal contrato no finalizó con la obra. Al día de hoy, la obra no se ha entregado y las instalaciones se han deteriorado.
En agosto de 2019, fue suscrito un contrato de sesión del contrato al Consorcio Boyacá G-19, contrato en ejecución que fue suspendida en junio del 2021, y de la cual se desconoce el acto administrativo y/o acta de suspensión, del cual argumentan que se debió al problema de salud pública por la COVID-19.
La ejecución de la obra ya cuenta con atrasos e inconvenientes por parte del contratista inicial, quien dice que no tenía el capital humano o personal suficiente para terminar la obra; no obstante, superado el obstáculo, se realizó la sesión del contrato al Consorcio Boyacá G-19.
El 19 de enero del 2022 el representante del Consorcio Boyacá G-19, Yofre Leónidas López, citó a una reunión de socialización en donde quedó pendiente la fecha para reinicio de las obras, la comunidad dice que la fecha ya estaba fijada para finales de enero del 2022 según la respuesta de FFIE, por asignación de la interventoría o supervisión directa. No obstante, al día de hoy, solo han dado excusas para retomar las labores de construcción de la obra.
Los padres de familia han presentado múltiples peticiones al Consorcio Boyacá con el fin de reiniciar la obra. Al día de hoy la Institución se encuentra en un estado de ejecución del 40%, es decir, que está en obra negra y sin ningún tipo de aviso de reinicio de labores de construcción por parte de las autoridades a las que les compete.
Todos los estudiantes se encuentran tomando clases en la sede de primaria, la cual no cuenta con el espacio suficiente para realizar sus actividades escolares, lúdicas y deportivas. Son más de 470 estudiantes, de los cuales 180 son de primaria y el resto de bachillerato, divididos en 11 salones pequeños, distribuidos en dos jornadas, obligando a los más pequeños a extender su jornada, terminando muy tarde y a soportar temperaturas de casi 30° C.
Los no existentes escenarios deportivos y los salones se encuentran en deplorables condiciones, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con los propósitos de la Institución, obligando a la aglomeración de los alumnos, cuando el Ministerio de Educación actualmente está exigiendo la presencialidad en todas las instituciones educativas del país.
Es urgente terminar las instalaciones de bachillerato porque la sede física de primaria no está en condiciones, ni cumple con los requisitos del protocolo de bioseguridad.
Parte de los fundamentos del Personero para declarar que el derecho a la educación ha sido vulnerado, es la omisión y violación del derecho a la educación consagrado en los artículos 26, 27, 44, 67, 68 y 70 de la Constitución Política de Colombia.
Sobre las pretensiones de la tutela, recalca el derecho fundamental a la Educación de los estudiantes; ordenar al contratista y/o a quien corresponda el reinicio y la terminación de la obra sin ningún tipo de dilaciones, superando cualquier inconveniente y ordenar a los accionados realizar una audiencia pública en la que contextualice de manera clara y puntual a la comunidad, padres de familia y estudiantes sobre el estado actual del contrato y el cronograma de obras a ejecutar, con el fin de que las veedurías ciudadanas realicen un seguimiento estricto al cumplimiento.
