El estado colombiano a pesar de la constitución de derechos de 1991, ha generado preocupación a nivel nacional e internacional por los grandes crímenes y sistemáticos hechos de corrupción, que han sido objeto de denuncia y rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y sociedad civil. La lógica de la corrupción tiene como centro el espíritu y doctrina neocolonial de las élites, que han asumido al estado, no como producto de un pacto social, sino como su invento de beneficio propio, en detrimento de la realización universal de derechos humanos, El estado no es para ellos la herramienta que permite construir una identidad nacional fijada con valores de igualdad, dignidad y respeto por toda vida humana, si no su bien privado que debe ser poseído sin limitaciones, reglas o acatamiento a la voluntad popular sobre su voluntad de poder.
Este imaginario teórico y práctico es la base que da forma y sostiene las estructuras de corrupción, que como en el imperio Romano, se tomaron para su provecho las instituciones, dineros y decisiones públicas. Como representantes, funcionarios públicos o terceros involucrados con la dinámica de partidos, clanes, familias y grupos, aceptan y ofrecen sobornos, malversan fondos, abusan de su poder para beneficio personal, saquean el erario, asaltan los bienes comunes y conducen a la guerra. Las manifestaciones de corrupción son sólidas, estables y duraderas, más que la paz o los derechos e inevitablemente han contribuido al declive del país, igual que Roma hasta que cayó su imperio.
La corrupción es un fenómeno complejo, multifacético que entrelaza política, economía y poder. Afecta a todos los niveles de la sociedad y del estado, instituciones y grupos empresariales. Las estructuras de corrupción, no obedecen a actos aislados, comprometen colectivos que siguen unos patrones de naturaleza criminal, articulada en redes de actores y prácticas que la facilitan y perpetúan. Estas estructuras controlan los hilos de la impunidad y están conformadas por políticos, funcionarios, empresarios, que técnicamente se mueven entre la legalidad y la ilegalidad mediante alianzas directas o “colaboraciones” para obtener beneficios propios en contravía del bienestar público.
Las estructuras de corrupción se manifiestan con prácticas como: Soborno y extorsión, cuando los funcionarios públicos reciben pagos ilegales a cambio de otorgar beneficios a particulares, contratos, licencias, privilegios, exonerar de sanciones, impedir actuaciones judiciales, dilatar trámites, intercambiar posiciones en los cargos; Nepotismo y Favoritismo al asignar cargos y oportunidades basadas en relaciones personales y no por capacidades y méritos, apropiación de los cargos públicos e intercambio de cargos en diversas instituciones; Clientelismo, ejercido con la distribución de recursos públicos a cambio de apoyo político para perpetuar el control de ciertos grupos en instituciones, atender lo público haciendo favores, no respetando derechos; Malversación de Fondos mediante el desvío de fondos públicos para uso personal o para financiar actividades ilícitas o actividades políticas, peculados, sobrecostos, compra de votos, control de contratos; Captura Regulatoria y del aparato legal, basada en la influencia indebida de los intereses privados sobre la formulación de políticas, leyes, normas y regulaciones gubernamentales, para beneficio del interés privado de gremios y asociaciones, cooptar, comprar, chantajear o imponer intereses en detrimento de derechos y preservación del bien común e introducción de la gestión privada en lo público.
A partir de la constitución del 91, las reglas del capital suplantaron a los derechos humanos y sometieron el estado a su arbitrio, produciendo un reacomodamiento de las estructuras de corrupción a la nueva época, que en 30 años están perfectamente consolidadas. Las estructuras de corrupción han sido afectadas mínimamente, pero aun así y con una impunidad superior al 90% ha puesto en la cárcel y sancionado a miles de funcionarios de alto nivel del gobierno (hay cárcel especial inclusive), que delinquieron en calidad de ministros, consejeros, congresistas y directivos y hay innumerables juicios inacabados a presidentes de la república. Han estado presos presidentes del congreso, congresistas, presidentes de altas cortes de justicia, gobernadores, alcaldes, diputados, rectores, contratistas, empresarios, militares y entre millones de folios reposan miles de procesos judiciales abiertos.
Las estructuras de corrupción a la primera que violentaron por orden del partido de gobierno de ultraderecha en una votación fraudulenta, fue a la constitución del 91, debilitando los sistemas democrático, productivo y de justicia del país y conduciendo a la prensa a jugar un papel central como desinformadora de los hechos a los que convierte en asunto moral y de escándalo banalizando sus impactos sobre el estado de derecho, que asistió en menos de 30 años al robo y despojo de Foncolpuertos, flota mercante grancolombiana, sistema bancario estatal, Telecom, ferrocarriles de Colombia, aguas y energía publica, recursos de salud desviados a campos de golf. En 1995 altos funcionarios saquearon el Banco de la República, desviaron fondos y manipularon tasas de interés. En 2010 el heredero del presidente Uribe repartió los recursos del agro a terratenientes, políticos, empresarios y funcionarios. Odebrecht en 2016 desveló la corrupción corporativa de políticos, funcionarios y empresarios. Lo común es que nada en las estructuras de corrupción es ajeno a la dinámica de los partidos tradicionales en el poder, sus líderes y representantes. Los bienes incautados a las mafias se repartieron entre élites y clanes, se cedieron islas en comodato a costo cero, empréstitos repartidos sin cuentas claras, robos en logística de guerra, sobrecostos y coimas en las obras públicas y asesinatos para cobrar y repartirse recompensas. Los medios mintieron, engañaron, desinformaron, banalizaron la tragedia del país causada por la corrupción sistemática e intencional.
Las estructuras de corrupción han dejado consecuencias devastadoras para el Estado y la sociedad en su conjunto, llevado a la sociedad a un retroceso mental con la naturalización de la corrupción como pecado y culpa, antes que como delito de alta gravedad y terribles connotaciones. La corrupción ha producido la erosión de la confianza pública de la ciudadanía en todas las instituciones gubernamentales y socavado la legitimidad del Estado, aprovechada por lo privado. Ha sido un pilar para mantener la desigualdad que favorece a clanes y grupos tradicionales y de elites en detrimento de la mayoría de la población. Ha llevado al estancamiento económico al obstaculizar el desarrollo y desviar recursos de derechos e inversiones públicas y sociales. Ha debilitado las instituciones democráticas con la distorsión de la política y de los procesos electorales, tergiversado la rendición de cuentas y perpetuado la criminalidad al proporcionar un entorno propicio para lavar dinero, traficar drogas, comprar decisiones y movilizar dineros y capitales entre legalidad e ilegalidad.
Las estructuras de corrupción están en la mira del gobierno de poder popular y en su desespero ante la pérdida de certezas que tenían en su lógica colonial, activan estrategias de distorsión de la realidad e incluso apuestan por tomarse la bandera anticorrupción. La sociedad tiene la tarea urgente e inmediata de rodear y fortalecer las instituciones democráticas y fomentar una cultura de integridad y ahí universidades, universitarios, sindicatos y movimiento social y popular por su acreditación ética y capacidad autocrítica, pueden cumplir un papel protagónico para trazar rutas de confianza en el gobierno, en unidad de fuerzas y esfuerzos para erradicar las estructuras de corrupción.
