Tras cifras arrojadas por la Procuraduría General de la Nacional se necesita con urgencia que tanto gobernadores como alcaldes instauren políticas que protejan la vida de los líderes sociales.
Los constantes asesinatos a líderes sociales y/o comunales es algo preocupa en el país, sin embargo, los entes gubernamentales, liderados por el Gobierno Nacional, no han tomado cartas sobre el asunto y han permito que estos pase. ¿Hasta cuándo más muertes? Es lo que se preguntan todos los colombianos.
En las más reciente Mesa por la Protección a la Vida desarrollada en el municipio de Carmen de Bolívar, la Procuraduría dio cifras escandalosas al relevar que tras la firma de los Acuerdos de Paz han sido asesinados 446 líderes sociales. El mismo procurador Carrillo advirtió que esto se debe a que el Estado “no estaba listo para defender el liderazgo social y que gobernadores y alcaldes desatienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por lo que se abrirán investigaciones disciplinarias”.
“El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país. Se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre. La Procuraduría trabajará de manera articulada con la Defensoría para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación” en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales”, aseveró Carrillo.
Además, el Procurador exhortó a gobernadores y alcaldes para que tomen cartas sobre el asunto y se apropien de la situación.
“Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre (…) a los líderes los están matando por buscar romper las cadenas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Las zonas de las masacres coinciden con los nichos de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotraficantes”, finalizó Fernando Carrillo.
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el discurso del Ministerio Público y las conclusiones de la III reciente Mesa por la Protección a la Vida, existe una responsabilidad real de los mandatarios, los cuales tiene que cobijar a los líderes sociales con acciones reales para proteger su vida.
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