En Colombia a pesar de existir una Constitución Política rica en derechos y participación democrática, las prácticas excluyentes y de manipulación de la sociedad, -por unas elites que se niegan a permitir las transformaciones-, tienen bloqueada la posibilidad de tener un real Estado de Derecho.
Produjeron en cambio un acomodamiento de estrategias y redes de protección social premodernas, sobre las que sostienen buena parte de un excluyente poder de derechas, con uno que otro matiz diferencial, no sustantivo, entre un gobierno y otro. Lo central ha sido impedir la formulación de políticas públicas, en cuanto instrumentos de garantía para realizar los derechos, e imponer programas de compensación a voluntad y control del soberano.
La compensación tergiversa el sentido, contenido y capacidad de los derechos humanos y ata al beneficiario a su benefactor, pero además individualiza y obliga a cada quien a ocuparse de sus asuntos una vez es seleccionado y desprendido del colectivo, lo que favorece el clientelismo que cobra electoralmente su intermediación y, de fondo elimina los principios de universalidad e integralidad de los derechos, debilitándoles su espíritu y memoria de lucha colectiva.
Estos programas tienen la tendencia a formar un público consumidor y reproductor de una lectura incompleta y sesgada de la realidad al ocultar o invisibilizar las causas de los hechos y mostrar solo las consecuencias, afectando de esta manera la potencia de los derechos y poniendo en retroceso sus garantías.
El sistema de compensaciones y el modelo de liderazgo que crea, terminan por suplantar el carácter universal e integral de los derechos y se convierten en una amenaza para la democracia real, por lo que resulta urgente e inaplazable volver la mirada del movimiento social y político alternativo hacia la construcción de una sociedad de derechos, tejida con la fuerza de un pensamiento propio y emancipador, basado en la diversidad cultural, social y de experiencias de resistencia y defensa de la vida y los territorios, y forjar también las estructuras de un estado de derechos, en cambio del actual estado de derechas y justicia promovida por las elites, que imponen sus lógicas en defensa de su status quo, de sus agendas de entrega de bienes al capital transnacional, y de indiferencia ante el mundo desigual, mercantil y de trampas y muerte que ofrecen como única opción.
Algunos ejemplos de la sustitución de políticas por programas de compensación vigentes son: El programa de Familias en Acción que compensa con incentivos económicos para salud y educación a familias con jóvenes de hasta de 18 años, y apoyo económico, cada dos meses, para alimentación a familias con niños menores de siete años (www.dps.gov.co). Entrega alimentos a pocos, en cambio del efectivo derecho humano a la alimentación de todos. El beneficio entregado carece del sentido de igualdad y dignidad que debe tener todo derecho y lleva implícito el compromiso de que hay que pagarle al gobernante con adhesión política o por lo menos con apoyo electoral y lealtad personal. El programa de compensación registra a más de un millón de familias, que se multiplican para votar.
Con la misma orientación se ofrece el programa Ser Pilo Paga, de Educación Superior, que compensa a menos del 1% del cuarto de millón de aspirantes excluidos anualmente del sistema, en razón a desigualdades e inequidades territoriales, tecnológicas y de acceso a bienes. Los afortunados seleccionados, resultan funcionales al propósito -reiteradamente negado-, de la velada transferencia de recursos económicos del Estado hacia las universidades privadas, a la vez que los mejores estudiantes de las familias empobrecidas del país le quedan a merced del sistema privado.
El Sisben (sistema de selección de beneficiarios para programas sociales: sisben.gov.co), es la herramienta letal que legaliza la marginalidad y niega la desigualdad. El sisben clasifica a las personas en un rango social, según sus carencias y condiciones de vida y habilita para acceder a subsidios. Según el sisben se accede a atención sanitaria gratuita pero el derecho deja de ser universal y de calidad y el beneficiario individualizado es convertido en un número sin identidad, ni historia, que recibe asistencia mínima, precaria y temporal.
Se calculan no menos de dos millones y medio de personas incorporadas, quienes con esta metodología, quedan estratificados jerárquicamente, unos debajo de otros, en una pirámide que indica que los estratos 1 y 2 están por fuera de circulación humana, el 3 sería de subhumanos, 4 y 5 de humanos a medias y de 6 en adelante humanos sin restricción de nada y con derecho a todo., incluido decidir por los demás.
El camino del seleccionado y aislado, para atención en salud se llena de obstáculos; primero, enfrentarse al aparato burocrático indolente, donde la corrupción de alto nivel, no es excepción si no generalidad y después la atención por costo-beneficio, donde el enfermo no es un paciente si no un problema, que podrá ser depositado en pasillos de hospitales regularmente hacinados, húmedos, malolientes, sin medicamentos, ni camillas, donde compartirá su tragedia personal con trabajadores maltratados, mal pagados y obligados a responder como maquinas por indicadores, y también con médicos y enfermeras atiborrados de consultas que deben resolver en quince minutos con receta incluida, a cambio de precariedad y condiciones de irrespeto a su profesión.
Durante el sufrimiento, sin costo para el sistema, se podrá mirar por tele, entre sentimientos de impotencia y rabia, a los contratistas y directivos de la salud, que salen en noticieros y en portadas de farándula, repitiendo incoherencias, hablando de golf y de negocios o auto alabándose de estar señalados, por otros como ellos, de ser personalidades respetables, ejemplares inversionistas o prósperos empresarios.
Las casas gratis, son otro programa que con compensaciones degrada el sentido del derecho humano a la vivienda, con el mismo propósito de debilitarlo y ofrecer un subsidio individualizado, sin memoria colectiva, ni respuesta universal. La vicepresidencia de la republica (ejercida por un funcionario-candidato a la presidencia) orienta y determina el curso de este programa y lo pone en la órbita de unas elecciones que cobrará su partido. Son viviendas de 40 metros cuadrados para muy pocas familias de excluidos que se juegan su destino en una balotera.
Se habla de cien mil viviendas, que ocultan el espíritu del poderoso negocio inmobiliario de constructores y contratistas tras el noble propósito. El programa entrega casas gratuitas a través del Ministerio de Vivienda, evitando señalar que son casas pagadas con recursos de los impuestos de todos los contribuyentes y no de la fortuna personal de ningún funcionario. En cada entrega hay un espectáculo mediático, -en la primera casa el presidente pasó una corta noche y a la mañana siguiente fue fotografiado en pantalón corto de pijama- y así sucesivamente, para que el líder del proceso, extienda su popularidad y reclame lealtad política y electoral entre los afortunados directos y los esperanzados que depositarán sus votos prepagados.
El programa vial y de infraestructura del país, -aunque no compromete abiertamente a los derechos humanos-, se constituye en el mega programa de distribución de recursos de la nación y autocompensa a una reducida parte de población que no es ajena al poder y control del Estado. El programa atraviesa algunos territorios despejados a bala y barbarie por la seguridad democrática y entre sus beneficiarios se encuentran políticos regionales, terratenientes, contratistas, constructores y gobernantes locales. Es financiado con los recursos de los contribuyentes y el producto de ventas del patrimonio público. Es justificado con el slogan, de un país en marcha hacia el progreso, convertido en verdad irrefutable.
La mega-meta del programa, es construir vías anchas de alto impacto (8.000 km de carreteras, 159 túneles, dobles calzadas, otros), sin importar el antes de saqueo o el después de incertidumbre y deuda y, sin haber investigado y sancionado a los inversionistas y contratistas que con tramas de corrupción y clientelismo, adelantaron otras obras anteriores como autopistas, túneles y refinerías, que defraudaron al país con cifras de billones.
Las obras físicas son el manjar más apetecido por directivos de instituciones y entidades y son un botín de corrupción y criminalidad. Sin embargo con estas nuevas obras -dice el vicepresidente-candidato- que todo será distinto y lo anuncia con multimillonarios recursos públicos gastados en una publicidad personalizada e insistente en mostrarlo como el gobernante que marcha hacia el progreso y el cambio, lo que será determinante para su elección, en la que hay espacio suficiente para integrar todos los intereses de negocios, cargos e impunidades del poder político, económico y militar del país, para quienes el estado de derechas, con compensaciones e incentivos es su garantía de sobrevivencia sin riesgo, por el espíritu y lealtad en los negocios y en el sentir de que los derechos son la barrera al progreso y hay que derribarla o al menos aislarla con un muro de hormigón que impida promover la dignidad que junta resistencias.
