Más allá de la imagen institucional, una reforma a la Policía Nacional implicaría tiempo y voluntad de varias instituciones –Presidencia de la República, el Congreso y el Ministerio de Defensa– para que esta se centre al ordenamiento jurídico y constitucional, y por ende a la protección de los derechos humanos.
Por Agencia de Noticias UN
Para los académicos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Adriana Márquez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y Víctor Reyes Morris, de la Facultad de Ciencias Humanas, los anuncios de cambio del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizados por el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, se esperaban con el inicio del nuevo gobierno, pero no son los únicos que se deben hacer para mejorar el servicio de dicha institución.
El sociólogo Reyes afirma que “existe la tendencia a pensar que cambiar la indumentaria, los tipos de armas o el color de las tanquetas es un cambio, pero esto solo es una expresión de cambio, no una transformación de fondo”.
Según el académico, “la renovación debe ser en especial cultural, en el sentido de que la Policía Nacional debe ser la garante de los derechos humanos y su principal función debe ser la seguridad y la convivencia”.
Menciona que la función de control de orden público es necesaria, en todos los países existe, pero es esencial contar con protocolos precisos de actuación, y sobre todo con una cultura de respeto a los derechos humanos, en esa línea deben ir los cambios del ESMAD, pero todavía falta más claridad con respecto a lo que hay que hacer.
En esa línea van los aportes de la abogada Márquez, experta en seguridad y convivencia, quien recuerda que el objetivo de los anuncios de ayer es cambiar la imagen como institución que la sociedad civil tiene frente al ESMAD a raíz de las protestas de 2019.
Desde su punto de vista, “además de la imagen institucional también se debe reformar el protocolo de la Policía Nacional para la atención de protestas y lo que haga falta del manual de funciones y procedimientos de los uniformados, lo cual implica que el Ministerio de Defensa se debe apersonar de esta tarea para que se pueda realizar una labor que garantice los derechos humanos”.
El profesor Reyes menciona que la reforma policial implicaría adoptar medidas importantes como la organización de la Policía. Además, existen dos líneas transversales a considerar: la desmilitarización, es decir “que siendo un órgano civil –como lo consagra la Constitución de 1991– es un inconveniente que permanezca adscrita al Ministerio de Defensa porque siempre ha sido percibida como una fuerza menor”.
La otra línea hace referencia a su regionalización, es decir, “debe ser una fuerza más ligada a las regiones donde estas tengan incidencia para atender lo que corresponde, porque hoy todo se decide desde el centro, desde Bogotá”.
Urgen cambios normativos
La profesora Márquez considera que algunos aspectos normativos se deben trabajar y forman parte de los pronunciamientos que la Corte Constitucional realizó en 2017 sobre los artículos 47 a 74 del Código de Convivencia y que fueron derogados en relación con el derecho de reunión.
La Corte declaró la inexequibilidad de todo el Título VI del Código,en el cual se regula, principalmente, el derecho de reunión, las expresiones o manifestaciones en el espacio público y las actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas. Para el alto tribunal, este es violatorio de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política.
“Recordemos que la Corte señaló que este tipo de asuntos se deben tramitar por Ley Estatutaria, situación que seis años después de entrar en vigencia el Código de Convivencia, y cinco años tras su derogatoria, no han sido objeto de trámite por parte del Congreso de la República, un desafío que se tiene para garantizar este derecho fundamental”.
Por otro lado, para la docente, “es necesario revisar el Decreto 003 de 2021, expedido en el gobierno de Iván Duque a raíz de decisiones judiciales que establece el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado, con ocasión de protestas y marchas, pues aunque allí se enfatiza en la protección de los derechos humanos no dice cómo se debe hacer”.
Por último, según la experta, otro cambio normativo prioritario debería ser el de la cuestionada Ley de Seguridad Ciudadana de 2022, la cual implicó la restricción de garantías en el marco del Código de Convivencia: “es importante señalar que la ley establece una serie de medios que posee la Policía, como el uso de la fuerza que se hace necesario su desarrollo de cara a no menoscabar los derechos humanos y fundamentales”, concluye.
