El Púlpito del Diablo
Por | Guillermo Velásquez Forero
El Escuadrón de la Muerte Antimanifestantes ESMAD de la Policía es una organización violenta creada y legalizada en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana. En ese mismo año se publicó la directiva 0205 en la que se justificaba la creación de un escuadrón antidisturbios con el argumento de que las unidades policiales existentes habían sido superadas por la unidad, organización, capacidad de movilización y lucha de los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, que alzados en almas y en voces, y con temeridad se atrevían a salir a las calles a marchar y protestar contra la violencia, la corrupción y la injusticia social.
En el 2007, el general Oscar Naranjo, comandante de la Policía, aplicando las intenciones criminales de Uribe, con las que cometió su Seguridad Democrática, impuso un nuevo manual para dominar y manejar las multitudes. Pero en el 2012 vino la mano dura, la orden de tirar a matar: el general José Roberto León Riaño excretó la resolución 02686, con la cual “modernizó” el Escuadrón, lo dotó de armas letales y autorizó a los agentes a disparar directamente contra las manifestaciones político-sociales. Su ilusión era romper y disolver, a cualquier precio, toda protesta social en el país. Ese autor intelectual convirtió el escuadrón en una organización criminal, y elevó a los policías a la categoría de asesinos.
Esta élite de verdugos que tienen licencia para matar, son enviados por los enemigos del pueblo, enquistados hasta la eternidad en el poder, con el fin de infiltrar encapuchados y vándalos en la multitud para organizar el caos y perpetrar vandalismo, y así tener pretexto para deslegitimar, enfrentar y violentar las manifestaciones. Y han tenido mucho éxito: ya han cometido cerca de cuarenta asesinatos.
Este escuadrón mortífero adiestrado para disparar bombas y balas contra las multitudes que no se dejan engañar, controlar y manipular; tiene como noble y sagrada misión salir a las calles a atropellar, herir, mutilar y asesinar a los estudiantes, docentes y directivos docentes, trabajadores, campesinos, indígenas, habitantes de comunas, independientes, desplazados, etc., que se atrevan a manifestarse para exigir el respeto a la vida y la vigencia de los Derechos.
A esta participación política de las multitudes inteligentes, reflexivas, desobedientes, indignadas y temerarias, los dueños del poder autocrático las llaman “perturbaciones del orden público”, “acciones terroristas”, “delincuencia” etc. Con ese embuste y esa calumnia contra la oposición, la izquierda, el sindicalismo y demás sectores críticos, autorizan a sus matones a continuar perpetrando el terrorismo y los asesinatos de Estado.
Así es como la derecha logra defender a sangre y fuego la dictadura democrática, proteger la furia depredadora e insaciable del gran capitalismo, mantener la injusticia social, preservar la pobreza y la miseria de la mayoría, y reforzar el predominio del país corrupto, ladrón y asesino; garantizando así la seguridad, tranquilidad, prosperidad, enriquecimiento sin límites y la felicidad animal de los ricos, famosos por su condición de inhumanos, antisociales y fascistas.
La demencia y el odio sanguinario de Uribe le han permitido criminalizar la actividad sindical, el liderazgo social y la actividad política de oposición, y limpiándose sus inmundicias con la Constitución y las Leyes colombianas, Tratados y Convenciones Internacionales, y todos los principios universales de los Derechos, ha convertido el derecho a la organización, movilización y protesta en un delito. Y ha llegado al descaro de perseguir y señalar públicamente a los líderes de las manifestaciones para azuzar contra ellos a sus otros escuadrones de la muerte, las organizaciones criminales de ultraderecha invisibles y al servicio del gobierno. ¿De cuál paz me hablas, viejo?
