Aunque el presidente Petro ha negado conocer o respaldar dichas prácticas, los vínculos de varios de sus aliados políticos con el entramado ponen en riesgo su proyecto de reformas.
Las declaraciones de María Alejandra Benavides, exsubdirectora de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y de Olmedo López, exdirector de la misma entidad, han destapado una de las mayores tramas de corrupción durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según reveló el medio Semana, más de 40 congresistas y exministros habrían participado en una red de contratación irregular, presuntamente diseñada para asegurar apoyos legislativos a las reformas del Ejecutivo.
Entre los señalados aparece el nombre del representante Wilmer Jair Castellanos Hernández, integrante de la Cámara por el departamento de Boyacá, lo que ha generado alarma entre sectores políticos y sociales de la región. Aunque aún no se han presentado imputaciones formales, su mención en los testimonios lo convierte en uno de los nombres a observar en las próximas semanas.
Según Semana, tanto Benavides como López han entregado a la Fiscalía General pruebas contundentes, incluyendo conversaciones, grabaciones y documentos que revelarían cómo operaba el sistema de “incentivos” a congresistas a través de contratos direccionados en Invías y la UNGRD. Semana complementa que los contratos eran usados para “comprar votos” a favor de las reformas pensional, laboral y de otros intereses del alto gobierno.
Este caso, que ya es considerado el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno, ha puesto en entredicho la independencia del Congreso y ha golpeado fuertemente la credibilidad de varios partidos. Aunque el presidente Petro ha negado conocer o respaldar dichas prácticas, los vínculos de varios de sus aliados políticos con el entramado ponen en riesgo su proyecto de reformas.
La Fiscalía avanzará en las investigaciones y se esperan posibles órdenes de captura.
