Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Hay vías de hecho promovidas por la sociedad tan legitimas a la hora de defender garantías a derechos como vías de derecho tan ilegitimas a la hora de reprimir que desatan violencias evitables, físicas y psicológicas como la amenaza sistemática del poder. La mayor parte de derechos conquistados, han empezado a lucharse desde la ilegalidad y otros tantos han sido afectados por alguna legalidad que limita y elimina su realización. El equilibrio está en volver con urgencia a la letra de la constitución política, que es el contrato social escrito, el pacto fundante de la convivencia civil, generada para evitar la barbarie y regular la vida en sociedad. En 1991, los movimientos sociales en alza, grupos revolucionarios que dejaban las armas y las elites, consensuaron el fin de una época turbulenta, mediante una Asamblea Nacional Constituyente que formuló el pacto que hoy orienta la democracia y legitima al poder político construido desde abajo (o al menos desde la mitad hacia arriba).
La Constitución vigente no es un acuerdo vacío, es sustancial y definitivo para que la vida del país permanezca regida por leyes justas, que permitan reconocer, respetar y garantizar la realización de los derechos humanos de todos. No es un pacto para permitir desafueros al gobierno, si no para limitar su poder y ponerlo al servicio de la gente, de toda la gente y, el Estado y la sociedad deben cumplirlo. Es la base del contenido y significado de los derechos fundamentales, cuya “violación por parte del soberano legitima la ruptura del pacto y el ejercicio del derecho de resistencia”, ampliamente contemplado por J. Locke en el II tratado; Rousseau en el Contrato Social; algunas constituciones del siglo XVIII; el art 3 de la Declaración de derechos de Virginia de 1786; el art 2 de la Declaración Francesa de 1789 y; art 3 de la Constitución Francesa de 1793 (Ferrajoli, Derechos y Garantías).
La reiterada ocurrencia del uso de las vías de hecho, referidas a bloqueos y taponamientos de carreteras, mítines, barricadas, toma de calles, plazas y tierras, encadenamientos a portales de instituciones, paros y huelgas, ponen de presente que el pacto no está funcionando y que el Estado no representa la garantía de paz, que le exige la constitución. Los hechos muestran que es el gobierno y no la sociedad el principal enemigo de la paz. El partido y el gabinete de gobierno, con sus actuaciones, retórica y mensajes de crispación y odio, paulatinamente están eliminando de la esfera pública el papel garantista del Estado y suprimido la responsabilidad ética de funcionarios de alto nivel para respetar y hacer respetar los derechos fundamentales consignados. El consenso logrado respecto a entender “los derechos como las leyes de los más débiles, para enfrentarse a la ley de los fuertes”, es burlado y siguen siendo las elites acomodadas en el poder, las que tienen convertido al Estado en fuente y origen de sus riquezas personales y refugio de sus maneras de actuar autoritarias.
El gobierno por convicción ideológica, mostrada con hechos, nombramientos en cargos, audacias para defender a los suyos y respuestas de guerra a las dificultades que no logra controlar, evidencia su escasa intención democrática para resolver problemas y tramitar conflictos, porque lo suyo no es la paz, es la guerra. Se altera e indispone para invalidar su propia condición de garante y permitirse usar la fuerza en nombre del derecho. Empuja estratégicamente a los grupos sociales a que abandonen las vías de derecho y caigan en las vías de hecho, en donde mejor se desempeña cuando asume su posición de ataque, impidiendo dejar ver que la sociedad ha sido compelida por él a usar las vías de hecho en busca de obtener atención y reivindicar las garantías negadas por vía del derecho.
El pueblo (mayorías no controladas por el gobierno) no reconoce como legitima prácticamente ninguna acción del gobierno, porque consideran que lo que de él emana resulta negativo y contrario a las demandas de la gente. El gobierno por su parte se escuda en señalar que lo que hacen las mayorías para manifestar su inconformismo es ilegal y de esa manera justifica su represión, arremetiendo con todo el aparato de Estado, llevado al exceso, contra su propio pueblo como si se enfrentara a guerreros en armas, a enemigos, es el síntoma de que Colombia no está política, social ni económicamente bien, está gobernada por un gobierno ilegitimo que cree que su pueblo es ilegal. Aunque las cifras crezcan, Estados Unidos aplauda, sea la soberana de Prosur (Unasur de derecha) o la conductora del tren neofascista de América, Colombia está enferma. La tensión antagónica interna amenaza con caer en una nueva espiral de violencia sin retorno, de la que no se puede siquiera prever sus consecuencias.
Aunque pueda parecer más trágica la noticia de las vías de hecho en alza, porque las carreteras están bloqueadas, las tierras tomadas o las calles habitadas por inconformes de género, etnia, campesinos, obreros, estudiantes, desempleados, migrantes y excluidos de todo tipo, es más trágico y nocivo saber que la democracia está bloqueada por las sesgadas y politizadas vías del derecho, usadas por el gobierno para taponar la salida pacífica y definitiva del túnel de la barbarie y entrar en el camino de la paz, que ponga fin a los conflictos y permita materializar innumerables libertades y derechos hoy obstruidos. Hay un fuerte choque entre las dos vías. Las de hecho promovidas por la sociedad, que no equivale a hacer eco a la ilegalidad y, las de derecho, convertidas en una amenaza para la convivencia por su afán represivo y su espíritu de control y sometimiento.
Los síntomas indican que el pacto social vigente, está roto, o por lo menos seriamente averiado y, su reparación debe darse desde abajo, porque el gobierno parece empeñado en ampliar, antes que cerrar, las brechas de la ruptura, según su actitud de impedir que los derechos sean tomados en serio. El pueblo hace uso de las vías de hecho, porque encuentra cerradas las oportunidades de participación democrática, no recibe respuestas a sus demandas y, conoce del avanzado estadio de descomposición de las garantías para realizar sus demandas y deseos de vivir con dignidad. El Estado, aparece ajeno, convertido en un ente autónomo, liderado por un gobierno obsesionado en tumbar al régimen del país vecino, acomodar en la grilla de partida del despojo a las trasnacionales minero energéticas y especuladoras, hacerse a los recursos públicos para perpetuar su mandato y por vía del derecho liberar de toda consecuencia penal, local e internacional, a sus líderes, asociados, amigos y beneficiarios del partido de gobierno. El gobierno está convertido en un actor independiente que ataca o contra ataca con vías de derecho que amenazan y producen terror antes que disuadir y evitar la confrontación.
