Los gremios empresariales del país, agrupados en el Consejo Gremial, están empeñados en una reactivación económica a ultranza, reclamando medidas de fuerza para sofocar el estallido social que sacude a Colombia.
Edilberto Rodríguez Araújo | Profesor investigador, integrante del grupo OIKOS de la UPTC
En pocos días se cumplirá un mes, desde que comenzaron las movilizaciones populares derivadas del Paro Nacional, desatado por las nefastas reformas gubernamentales, propuestas en una coyuntura de rebrote de la pobreza tanto urbana como rural, en la que esta última, por los artificios estadísticos del DANE, se comprimió de 47,5 a 42,9 por ciento entre 2009 y 2020, debido a las “ayudas económicas” del Gobierno. La persistencia del estallido social estaría indicando la nula empatía de un Gobierno que no interpreta ni canaliza las demandas sociales, inflamando aún más a los miles de frustrados colombianos que se han volcado a las calles, porque de tiempo atrás la amortajada democracia electoral se desancló de una auténtica democracia deliberativa.
Nadie puede desconocer los temores, la zozobra y la desesperanza que han cundido en toda la sociedad colombiana, que mira estupefacta como las salidas a esta encrucijada se dilatan por la inflexibilidad de un gobierno que no se sintoniza con el país real -la torpe conformación del equipo negociador es una muestra de esa desconexión- y la ausencia de un liderazgo ciudadano colectivo que defina una agenda y una estrategia realista de negociación multinivel (nacional/regional – estructural/coyuntural como lo sugieren Sergio Jaramillo y Rodrigo Uprimny), que, a ratos, pareciera desbordar al comando del Paro Nacional, que ha insistido en un pliego de emergencia. Las pretensiones de deslegitimación de estas vocerías no cesan. Mientras tanto, la manipulación de las tendencias sociales por parte de las incendiarias bodegas, con sus bots y perfiles falsos, inundan las redes sociales viralizando todo tipo de tendenciosos mensajes.
Es evidente la consternación de muchos sectores sociales, que se expresa de las formas más disímiles, provocando reacciones igualmente disímiles, exacerbadas por el desabastecimiento, en algunas ciudades, de productos de la canasta familiar, combustible e insumos médicos, que el Gobierno Nacional se lo ha atribuido, perversamente, a las movilizaciones, particularmente a los intermitentes bloqueos de vías, identificándolos con el vandalismo, cuya procedencia es sospechosa, y que hay que judicializar para escarmentar. Con ello se quiere desviar la atención de los atropellos cometidos por la Fuerza Pública contra las oleadas de manifestantes pacíficos en cada esquina de cualquier barrio, y en las que el monumento A los Héroes se ha convertido en un ícono de la protesta.
Ahora bien, frente a la pérdida de credibilidad de este Gobierno en la comunidad internacional (las impasibles calificadoras de riesgo hicieron lo propio, bajo la óptica mercantil del capitalismo transnacional), los grandes gremios empresariales del país se dirigen a las Naciones Unidas y a la OEA, para quejarse de la crisis económica, política y social, que, según ellos, resultan de la protesta social, que ha puesto en jaque sus boyantes negocios. Como lo anunció el director del DANE, en el primer trimestre de 2021 la economía colombiana creció en 1,1 por ciento siendo improbable que mantenga la senda de reactivación en el segundo trimestre.
El poderoso Consejo Gremial, que agrupa 29 gremios, mezcla, premeditadamente, la crisis económica con la crisis sanitaria, erigiéndose en defensor de oficio de los derechos y del bienestar de los trabajadores, campesinos, comerciantes y productores, enumerando preocupaciones diarias en todos los hogares como empleo, salud, alimentación, seguridad ciudadana, servicios públicos, entre otros. Como era de esperarse, los grandes cacaos colombianos respaldan el desacertado manejo gubernamental, justificando el control punitivo de las multitudinarias manifestaciones, descargando toda la responsabilidad en el Comité del Paro, reduciendo la coyuntura actual a un problema de “orden público”.
No obstante, estos desesperados intentos del Gobierno Nacional de mejorar su maltrecha imagen en los escenarios internacionales, es improbable que los organismos multilaterales modifiquen su posición de condena a los inaceptables excesos policiales y al avasallamiento de los derechos humanos. La reactivación económica tiene otros cuellos de botella, que no se reducen, simplistamente, al levantamiento de los bloqueos de las vías principales. Mientras la demanda interna por bienes y servicios no se recupere, mediante un empleo e ingreso básico de emergencia, los pequeños y medianos empresarios seguirán atravesando una mala racha.
