El Gobernador de Boyacá pidió ayer al Gobierno nacional que permita seguir operando el PAE a través de los municipios, dados los buenos resultados en el manejo del Programa de Alimentación Escolar. El mandatario de los boyacenses y los alcaldes solicitaron al Alto Gobierno reconsiderar la decisión de impedirle al departamento realizar trasferencias de recursos de regalías para este programa, a las entidades territoriales.
El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, diputados y mandatarios locales hicieron un enérgico llamado al Gobierno nacional para que le devuelva la potestad a los municipios de adelantar el proceso contractual para seleccionar a los operadores que suministran el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en sus poblaciones.
Con la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020, y las regulaciones contenidas en el Decreto 1821 de 2020, se prohíbe la asignación de rubros del PAE, financiado con recursos de regalías, a una entidad distinta al operador del programa de alimentación escolar.
Al respecto reza el artículo 2.1.1.3.17 del Decreto del 1821 de 2020, adicionado por el Decreto 625 del 26 de abril de 2022, “El destinatario final no podrá corresponder a órganos del Sistema General de Regalías, entidades del orden nacional del nivel central, entidades territoriales u otras entidades que no tengan dentro de su misionalidad producir o proveer directamente bienes o servicios que se hayan contemplado dentro de las actividades del proyecto de inversión”.
Esta disposición impide que se continúe ejecutando este programa como lo venía haciendo el departamento, es decir, mediante la suscripción de convenios interadministrativos con cada municipio, pues era a través de estos últimos que se seleccionaba a los operadores encargados de suministrar las raciones en sus territorios.
Hasta el momento el PAE de Boyacá ha sido ejemplo nacional porque ha llegado a cada colegio del departamento desde el primer día de clases, incluyendo a los estudiantes de bachillerato de los municipios descentralizados (Tunja, Duitama y Sogamoso), y ha sido reconocido por el buen manejo que se le ha dado.
“Desde Boyacá, junto a los alcaldes y diputados rechazamos la nefasta decisión del gobierno nacional. La decisión pone en riesgo la alimentación escolar para más de 130.000 niños. Es injusto que se eche abajo lo que se ha construido en los últimos años con este proceso del manejo del PAE a través de los municipios, es un atentado a la descentralización de recursos en los territorios y nos preocupa que, mientras se surte la licitación y se selecciona al nuevo operador, nuestros niños se queden sin PAE durante varios días”, mencionó el Gobernador.
La dificultad más grande para el departamento consiste en que el proceso debe adelantarse por licitación pública. Son más de 48.480 millones de pesos los que deben ejecutarse, recursos que fueron aprobados recientemente en el Ocad Centro Oriente en su última sesión en Cúcuta para el segundo semestre del año.
El gobernador Ramiro Barragán asegura que se mantendrá firme en su petición hasta que el Gobierno nacional reverse o plantee soluciones a la medida. Invitó, además, a otros actores políticos y a la sociedad civil a unir fuerzas para que el Estado escuche el clamor del departamento.
Los alcaldes aseguran que se unen al llamado del Gobierno departamental, pues consideran que es un reversazo a la descentralización de recursos. “Le pediremos al Presidente electo que modifique esta norma con mensaje de urgencia, ya que las niñas y niños serán los más perjudicados con esta medida”, dijo Segundo Crisanto Ochoa, alcalde de Toca.
Al término de la jornada de diálogo, los asistentes suscribieron un oficio dirigido al presidente Iván Duque y al presidente electo Gustavo Petro, con el objetivo de encontrar una solución que permita garantizar la continuidad en el suministro de la alimentación escolar en Boyacá.
Mientras se obtiene una respuesta, el Gobierno departamental adelanta todas las gestiones para lograr la contratación del operador que suministre el PAE en todo el territorio, como ordena el decreto que reglamentó la Ley 2056 de 2020.
