El panorama para el mandatario elegido para el actual periodo se complica. Fiscalía tiene grabaciones que lo comprometerían en hechos delictivos en los que también participaron funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAG. Fue declarada legal la captura por los delitos de concusión y cohecho.
‘El limbo jurídico’ en que quedó la Alcaldía de Ventaquemada por cuenta de la captura del alcalde, Nelson Bohórquez, acusado de delitos contra la administración pública, podría terminar en las próximas horas con la designación por parte del Gobernador de Boyacá de alcaldesa o alcaldesa encargada.
Al alcalde Bohórquez se le sindica de los delitos de concusión y cohecho. Fuentes consultadas por EL DIARIO indican que el Mandatario habría concertado y pagado a funcionarios del IGAG para que le ayudaran a adulterar documentos para ayudar a legalizar unas propiedades.
Pruebas que tiene la Fiscalía, incluyendo grabaciones, indica que al interior del Instituto geográfico Agustín Codazzi hay una organización que cobra por trámites y por realizar procedimientos en contra de lo que indica le ley. Por esa razón, entre los capturados se encuentran siete funcionarios de esa entidad.
El cohecho o también conocido como soborno, coima o mordida, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
Por su parte la concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.
Pues el martes en la tarde el Juez Tercero Penal Municipal de Control de garantías de Tunja declaró legal la captura del Alcalde de Ventaquemada y de los funcionarios del Instituto.
En los allanamientos con fine de captura realizados por la Fiscalía fueron incautados celulares desde los cuales, al parecer, los funcionarios y Alcalde realizaron las conversaciones y acordaron los pagos.
La Fiscalía le imputó al alcalde, Nelson Bohórquez, el delito de cohecho por dar u ofrecer. En el proceso se ha mencionada a la tesorera municipal, quien al parecer fue la encargada de llevar y entregar el valor solicitado por los funcionarios del IGAG.
