Luego de siete de meses de la demanda contra el empréstito, el Tribunal le dio vía libre a la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental y declaró la nulidad del numeral 6 del Artículo 2.
En junio de 2017, Guillermo Sánchez, diputado por el Centro Democrático, presentó un demanda contra el empréstito aprobado por la Asamblea, donde se le autorizaba al gobernador Carlos Amaya endeudar al departamento por 46 mil millones de pesos, en su momento Sánchez manifestó que había tomado esa decisión porque “el acto administrativo no cumplió con las normas, se violaron el artículo 346 de la Constitución Política, la Ley 1222 de 1986 y el Artículo 3 de la Ley 617 de 2000; nosotros sentimos que viendo la coyuntura económica que atraviesa el país era contraproducente acudir a una figura de endeudamiento, ya que las finanzas públicas se encuentran debilitadas”.
Hoy, después de siete meses, el Tribunal Administrativo de Boyacá, negó gran parte de la demanda, dejó la ordenanza en firme y declaró nulidad del numeral 6 del Artículo 2, el cual comprendía la “optimización de trámites y servicios en la secretaria de educación, servicios tecnológicos en la gobernación de Boyacá y fortalecimiento de un gobierno abierto en el departamento”.
Los 14 mil millones de pesos que se pensaban invertir en la modernización tecnológica de la Gobernación de Boyacá, ahora se destinarán para obras en Paipa, Sogamoso, Chiquinquirá y Tunja, lo cual, ya fue aprobado por la Asamblea.
