Sara Catalina Pedraza Canaría es cobijada con medida judicial no privativa de la libertad, pero tendrá que presentarse a las audiencias cada vez que sea convocada por las autoridades. El caso tiene que ver con la contratación por parte de Ecovivienda del abogado Juan Sebastián Ramírez a cambio de que retirara una demanda en contra del alcalde, Mikhail Krasnov.
No comienza bien el año para el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y personas de su entorno.
En efecto, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja confirmó la medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra la exGestora social de la ciudad Catalina Pedraza Canaría.
La decisión judicial forma parte de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades en la contratación del abogado Juan Sebastián Ramírez en Ecovivienda, a cambio de que retirara una demanda de nulidad electoral que había instaurado contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.
El alcalde Krasnov y la directora de contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, también fueron cobijados con una medida judicial similar.
La medida de aseguramiento impuesta a Pedraza incluye la obligación de asistir a las audiencias que convoquen las autoridades y la prohibición de salir del país.
El caso que investiga la Fiscalía también incluye otros aspectos como posibles amenazas, manipulación de testigos y favorecimiento indebido en procesos contractuales.
De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios recaudados indican que el Alcalde habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda, empresa pública de la ciudad, para presionarlo a firmar un documento que lo exoneraba de responsabilidad en las supuestas irregularidades. La presión se habría ejercido con el fin de justificar la celebración de un segundo contrato que reemplazó a uno anterior que nunca fue ejecutado.
La investigación revela que el primer contrato, suscrito en febrero de 2024 por un valor de 19,8 millones de pesos, no se ejecutó. Posteriormente, se celebró un nuevo contrato por 54,2 millones de pesos a través de Ecovivienda.
Curiosamente, este segundo acuerdo se gestionó después de que se interpusiera una demanda de nulidad contra la elección del alcalde y culminó tras el retiro de dicha acción legal. La persona que presentó la demanda fue contratada en medio de este proceso, lo que ha generado sospechas de posibles presiones indebidas para desistir del proceso judicial.
A Mikhail Krasnov se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo, mientras que las otras dos involucradas enfrentan cargos por interés indebido, cada una con distinta participación penal.
La ciudadanía tunjana sigue atenta al desarrollo del caso, que ha sacudido el panorama político local y puesto bajo la lupa los manejos administrativos dentro de la Alcaldía.
Esta noticia judicial se produce mientras se espera una decisión definitiva del Consejo de Estado, que desde hace más de seis meses debería haber confirmado o negado una sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, proferida el pasado 27 de febrero del 2025, por medio de la cual decidió la nulidad del acto del acto de elección de Krasnov, por considerar que incurrió en una inhabilidad al firmar un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, dentro del año anterior a su elección, lo cual está prohibido en el ordenamiento legal electoral colombiano.
