Rechazo en Boyacá a los atropellos del Ejército y la Policía contra guaqueros de Coscuez, en el municipio de San Pablo de Borbur, Occidente de Boyacá. El diputado Armando Quiñónez propuso una mesa de diálogo y advirtió que se puede desatar una ‘guerra social’ porque guaqueros tradicionales ahora no tiene como llevar un pan a sus hogares.
Crecen las voces de protesta en el departamento por lo ocurrido a mediados de esta semana cuando cientos de policías y soldados llegaron hasta la región de Coscuez en San Pablo de Borbur, occidente de Boyacá y atropellaron a los mineros tradicionales y quemaron pequeñas máquinas y herramientas con los que ellos realizan su trabajo.
Como lo informó el periódico EL DIARIO un operativo de grandes proporciones fue realizado por la fuerza pública que llegó motorizada hasta esa apartada región, al parecer por orden del ministro de defensa, general Pedro Sánchez y cerró por la fuerza varias boca de minas en donde mineros tradicionales realizaban labores de guaquería.
Lo más reprochable del operativo fue que policías y soldados quemaron motombombas, herramientas y pequeños equipos con las que los barequeros (como se conoce a los mineros tradicionales) realizaban su labor, como quedó registrado en numerosos videos que ahora circulan en redes sociales.
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Ayer se produjo un pronunciamiento en la Asamblea de Boyacá por parte del diputado Armando Quiñonez, quien rechazó lo ocurrido con ese operativo de la fuerza pública.
“Quiero que en este momento los diputados a la Asamblea conozcan lo que está pasando en las minas del Occidente de Boyacá, exactamente en las minas de Coscuez”, dijo Quiñonez.
Agregó que se está registrando un atropello en contra de guaqueros o barequeros ancestrales.
“Que llegue la Policía, que llegue el Ejército, que llegue la Fuerza Pública, pero lo que no queremos ni aceptamos es que atropelle a esas personas que están realizando trabajos de guaquería, que viven de ello, que sacan de ahí lo del sustento para sus familias”, anotó el diputado.
Agregó que en el lugar el Ejército y la Policía quemaron motobombas y les quitaron martillos y otras herramientas a los pequeños mineros.
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El diputado Quiñonez le pidió a la Asamblea enviar una carta de protesta al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional Minera, al gobernador, Carlos Amaya; y a la Secretaría de Minas y propuso efectuar una mesa de diálogo para buscar acuerdos y determinar realmente qué es lo que está pasando.
No son delincuentes, no están cometiendo fechorías, son humildes trabajadores que están buscando el sustento para sus familias, que quieren llevar algo de comer a sus casas”, subrayó Quiñónez y agregó que como consecuencia de estos operativos y la persecución es posible que nuevamente se desate una ‘guerra social’ en toda la región.
Por su parte el ex asesor para el Diálogo Social para las Regiones del Gobierno de Boyacá y líder político Pedro Pablo Salas se quejó de lo ocurrido y culpó al gobierno del presidente Petro.
“Esto que está pasando en el municipio de San Pablo de Borbur, corregimiento de Coscuez, no tiene justificación”, dijo Salas.
Anotó que ninguna reforma al Código Minero, ninguna política de justicia para los pequeños guaqueros, nada distinto al maltrato y olvido de un conflicto donde, sin previo aviso y sin ningún acompañamiento de organismos de derechos humanos, fueron destruidas maquinaría, túneles artesanales de la comunidad, en favor de la multinacional Fura y en contra de las comunidades locales, todo esto con el aval del gobierno del presidente Gustavo Petro y su Ministro de Defensa.
Salas preguntó: ¿Es este el cambio que se prometió a los descamisados y ultrajados habitantes del Occidente de Boyacá? ¿Saldrán ahora a condenar a estas comunidades, como traquetos, agentes del crimen etc, etc , autores de atentados como lo acostumbrado por la retórica del presidente Petro?
Y concluyó: Occidente arde porqué los cerca de 800 unidades del ESMAD parece irían a la misma destrucción en Muzo, La Victoria, Quípama, entre otros.
Y ayer se conoció el testimonio de una habitante de la región, vinculada con los trabajos de guaquería. Sobre los operativos del Ejército y la Policía Diana Pinzón escribió:
“Desde lo más profundo de mi corazón y con la voz quebrada por la impotencia, hoy quiero hablar como mujer, madre y trabajadora del territorio de Coscuez”.
“Ver cómo quemaban nuestras herramientas de trabajo fue como ver arder nuestra esperanza.
No eran solo extractores, ventiladores y herramientas; eran las manos con las que buscábamos el sustento, el pan para nuestros hijos, la tranquilidad para nuestras familias. Nos llaman ilegales, pero nadie sabe lo que cuesta madrugar sin saber si habrá comida en la noche. Nadie ve las lágrimas que derramamos cuando nos toca elegir entre un cuaderno para un hijo o el almuerzo del día. Nos quitaron nuestras herramientas, pero no nos quitarán la dignidad.
Mi lucha no es contra la ley, es contra la injusticia. No pedimos privilegios, pedimos que nos dejen trabajar con dignidad y que nos escuchen con el corazón. Que no apaguen con fuego lo que por generaciones hemos construido con sudor”.
