Ayer CAMBIO retomó una denuncia que Yohir Akerman ya había abordado en esa misma revista: el negocio del alumbrado navideño y el presunto uso de salarios del Congreso para atender compromisos particulares. El caso vuelve a los titulares cuando el exsenador y expresidente de la ADR sigue en el panorama político departamental, incluso como posible aspirante a la Gobernación.
A César Pachón vuelve a perseguirlo una historia que en Boyacá se conoce desde hace años. CAMBIO publicó este domingo el testimonio de un contratista que lo señala por un negocio de alumbrado navideño que terminó en deudas tributarias, un nombramiento en el Congreso y una investigación en la Corte Suprema de Justicia.
No es una denuncia recién descubierta: Yohir Akerman ya había abordado esos señalamientos en la misma revista, en septiembre de 2024, y Caracol Radio los había divulgado desde 2022. Hay, pues, un reencauche de la historia, esta vez con el relato actualizado de las consecuencias que enfrenta el denunciante.
Y vuelve en un momento en el que Pachón sigue siendo un nombre para tener en cuenta en la política boyacense. El dirigente que ganó reconocimiento nacional como uno de los voceros del paro agrario de 2013 pasó por la Cámara de Representantes, llegó al Senado y, después de perder la curul, encontró un nuevo espacio en el Gobierno Petro como presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.
Su salida del Senado ocurrió por una decisión del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia: apoyó a Pedro Suárez Vacca a la Cámara, pese a que el MAIS, su partido, tenía candidato propio. Fue una decisión electoral distinta del proceso penal por los dineros de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Ahora su nombre también aparece entre las posibilidades para la Gobernación de Boyacá. La eventual aspiración ya ha sido mencionada en la prensa regional. Su trayectoria y reconocimiento permiten prever que seguirá participando en las disputas políticas del departamento.
La historia del alumbrado se remonta a 2017. Según la denuncia, un contratista puso su empresa y su trabajo al servicio de la iluminación navideña del Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, bajo un acuerdo que incluía cubrir los costos y los impuestos del negocio.
El problema vino después: las obligaciones tributarias quedaron a cargo del contratista y, según su versión, no recibió el dinero comprometido para atenderlas. A ese conflicto se sumó su posterior vinculación a la UTL de Pachón, que habría servido para pagar una deuda particular con recursos de la nómina del Congreso. Esa relación entre el alumbrado y el nombramiento ya había sido reseñada públicamente en 2024.
La publicación reciente de CAMBIO, firmada por Sebastián Nohra, incorpora el testimonio del afectado sobre su situación actual. La revista informa que fue condenado en septiembre de 2024 por omisión de agente retenedor y que permanece bajo prisión domiciliaria. Esa condena corresponde al contratista, no a Pachón.
En junio de 2024 se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal contra Pachón por los presuntos delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión.
El asunto que debe esclarecer la justicia es si el nombramiento correspondió a un trabajo real, quién dispuso de los salarios y si se certificaron labores que no se realizaron. Las publicaciones sobre la apertura del proceso señalan que el vínculo investigado se extendió entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019.
Pachón rechazó los señalamientos cuando Caracol Radio lo consultó sobre la supuesta entrega de esos dineros: “No, eso sí es falso y si tiene alguna denuncia que la coloque”.
No se pudo verificar una decisión judicial posterior que permita precisar la etapa actual del expediente. La apertura de una investigación no equivale a una condena.
Si las pruebas sustentan una acusación, el caso podría avanzar a juicio y una eventual sentencia condenatoria podría traer prisión e inhabilitación, según los delitos demostrados; si no se acredita responsabilidad, el desenlace tendría que ser favorable al investigado.
La denuncia es vieja, pero su desenlace sigue siendo importante. Para el contratista, por las consecuencias que asegura haber sufrido. Para Pachón, porque una trayectoria que podría llevarlo a buscar la Gobernación tendrá que convivir con las preguntas pendientes sobre aquel alumbrado y los salarios del Congreso.
