La reciente votación en el Senado de la República que rechazó la posibilidad de una consulta popular evidencia, algo que muchos ya sabíamos, pero que pocos se atreven a decir en voz alta: la política colombiana sigue siendo, en gran medida, un campo de juego para los intereses de los grandes empresarios, mafiosos y financiadores de las campañas electorales. El Senado, con su poder de decisión, ha mostrado una vez más cómo legisla y en favor de quienes, un fenómeno que no es nuevo, pero que sigue minando la confianza de los ciudadanos en sus “representantes”.
El caso de la consulta popular, que buscaba darle a los colombianos la posibilidad de decidir sobre su futuro, es solo un ejemplo de cómo los intereses privados de unos pocos continúan primando sobre las necesidades de las inmensas mayorías, del pueblo. ¿Qué pasó en esa votación? La gran mayoría de los senadores, especialmente aquellos ligados a sectores económicos poderosos, votaron en contra de la consulta. Y, aunque las justificaciones varían, la realidad es que muchos de esos senadores tienen estrechos lazos con las empresas que se han beneficiado y lo seguirán haciendo si las cosas se mantienen como están.
Una relación histórica
La relación entre los empresarios, la delincuencia y la clase política colombiana no es algo nuevo. Desde hace décadas, esos sectores han sabido mantener su influencia a través del financiamiento de partidos y campañas políticas. Esto no solo garantiza la llegada de candidatos afines a sus intereses, sino que, también les da el poder para moldear las leyes de tal forma que favorezcan sus negocios. De hecho, en Colombia, el financiamiento de campañas con “dineros calientes” se ha convertido en una práctica casi natural. Así, el dinero entra al juego electoral, y con él, se vende y se compra la capacidad de decidir el rumbo político y económico del país y, lo más triste, la suerte de los trabajadores.
Lo preocupante es que éstos no se limitan a legislar solo sobre sectores como el comercio de bienes y servicios, sino que, en muchas ocasiones, sus decisiones políticas afectan la educación, la cultura, el emprendimiento y en general la calidad de vida en el país. Y no se trata de un tema exclusivamente de intereses económicos; es un asunto de justicia social y sostenibilidad, porque, al final, son los ciudadanos quienes terminamos pagando las consecuencias de tener una estructura política corrompida y un modelo económico que pone en riesgo, entre otros; el medio ambiente y los derechos humanos.
El debate sobre la consulta popular
Lo que ocurrió hace un par de días no es un caso aislado, sino una manifestación más de la desconexión entre el Senado de la República y los intereses de la ciudadanía. Cuando los senadores, en su mayoría, rechazan una consulta que buscaba darle voz a la gente de a pie, sobre una serie de temas fundamentales como la explotación de los recursos naturales o la disminución del salario de los mismos congresistas, lo que están haciendo, en realidad, es darle la espalda a sus electores y consolidar el concierto para delinquir.
El rechazo a la consulta popular también refleja la resistencia a cualquier forma de participación directa de la ciudadanía en temas clave para su bienestar. El mensaje es claro: los senadores no están dispuestos a someterse al escrutinio de la población en temas en los que, los intereses de sus padrinos estén en juego.
Un modelo político para el cambio
Lo que está en peligro aquí no se trata de cumplir o no un capricho del gobierno, sino de la protección misma de la democracia en Colombia. Un sistema político donde los bandidos dictan las leyes y deciden detrás de los gobernantes no es un sistema democrático. Si el Congreso sigue legislando bajo la presión de aquellos que aportan recursos a sus campañas, que es verdaderamente el trasfondo del asunto, se perpetuarán en nuestro país las injusticias.
El primer paso para solucionar este problema es reconocer su existencia y poner en marcha, con urgencia, las reformas que permitan una mayor transparencia en los procesos. La financiación de campañas debe ser más controlada, y mantener alejados los intereses privados de las decisiones políticas. Además, se necesita un Congreso que se piense a sí mismo como un verdadero representante del pueblo, no como un órgano donde las decisiones son tomadas de forma soterrada o palitraquera, en favor de quienes tienen el dinero para comprar sus voluntades.
En conclusión
La votación que negó la consulta popular es solo un capítulo más en esta lucha histórica, larga y compleja. Pero también, es una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo que debe tomar la política colombiana, el papel de los senadores en ella y, más aún de la ciudadanía en la toma de decisiones. Si el Senado no escucha las voces del pueblo, si los senadores no representan y, continúan protegiendo los intereses particulares de los grandes empresarios, el pueblo podría tomar acciones contundentes y definitivas para acabar con la corrupción. No se puede acorralar de esa manera la voluntad popular.
Pero el cambio dependerá de una ciudadanía más informada, activa y dispuesta a exigir responsabilidades a sus representantes. Por ahora el Senado tendrá que seguir enfrentando los cuestionamientos sobre su legitimidad. Se debe respetar al constituyente primario.
