Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez
El Fiscal General de la Nación desempeña un papel crucial en la administración de justicia y del Estado de derecho del país (Art, 250 C.N). Es una figura fundamental en el sistema de justicia para garantizar la confianza de la población en la protección de los derechos de las víctimas y de la sociedad que en su conjunto anhela la paz, pero permanece atrapada con desinformaciones, egos, escándalos mediáticos y manipulaciones convertidas en barreras que nublan la verdad. La función del Fiscal es dirigir el Ministerio Público y supervisar en estricto derecho, imparcialidad e independencia de intereses políticos, la investigación y persecución de delitos en contexto, en medio del amplio panorama de barbarie padecida y en curso y de impunidad que nutre y sigue alentando los crímenes.
La paz, posicionada como política y como ley del estado, es el referente principal para derrotar la brutalidad del horror y entrar en la modernidad de reconocernos humanos y humanizados. Atrás quedó la seguridad basada en la doctrina del enemigo a combatir, y es perentorio, no opcional, que todos los componentes del estado se centren en ella para poder vivir como viven las sociedades civilizadas, cumplir los mandatos de las naciones unidas, respetar los derechos y el DIH, cumplir la constitución (paz como derecho y deber, Art. 22) y seguir la ruta del plan de desarrollo para la seguridad humana.
Construir la paz es un proceso complejo que implica la resolución de conflictos, la reconciliación y la promoción de la estabilidad de la sociedad y el gobierno necesita que los funcionarios del estado centren sus esfuerzos institucionales y personales hacia ese propósito, además refrendado en las urnas. Las estructuras del estado y sus capacidades son débiles, sin intercomunicación, ni escucha, ni solidaridad, fueron permeadas por la corrupción que al instalarse en lugares de alto nivel en cargos y despachos crearon un juego de luz y sombras, favorable a la impunidad que impide avanzar, pero hay que salir de esa caverna, de esos monólogos sometidos al vaivén de la política pervertida de los votos.
El Fiscal General de la Nación tiene la tarea de velar por la protección de las víctimas y en especial, contribuir a cerrar las heridas provocadas en el periodo de la seguridad democrática, en deuda por falta de juicio y castigo oportuno a los responsables, que permanecen activos enviando mensajes de polarización y venganza política, tratando de paralizar las reflexiones sobre las opciones de la vida humana y de la naturaleza en la paz, que las últimas tres generaciones no han conocido, lo que hace fácil la tarea de vender odio, de inmovilizar, de no superar el “ya no queda poesía después de Auswictz” (Adorno). El Fiscal tiene la opción de acoger los principios universalistas que son la razón y base de los derechos del individuo y en solidaridad del colectivo, pudiendo con grandeza, priorizar los juicios por delitos atroces, como las masacres de 40, 80 0 100 asesinados, hornos crematorios, desapariciones forzadas, desplazamientos de pueblos enteros, destrucción de culturas y naciones indígenas, saqueo y despojo, lo que no significa ignorar los delitos individuales o menos graves, que no lesionan las conquistas humanas, ni la dignidad en un territorio. Los delitos graves lesionaron la dignidad de la humanidad, rompieron el curso de la racionalidad, tuvieron implicaciones éticas y legales como delitos atroces y resulta razonable y necesario que se les otorgue prioridad en el sistema de justicia ordinario para superar definitivamente décadas de conflicto y violencia.
Los jóvenes no pueden recibir de esta generación, que soportó el horror, un legado de dolor, sino uno de esperanza y de justicia con heridas cerradas, con el concurso de la Justicia Restaurativa de la JEP y la distributiva que sería el mayor valor agregado que la fiscalía le puede aportar al estado y a la nación para superar la amenaza del retorno a la barbarie, pero además para responderle al mundo en el marco de los tratados y convenciones internacionales que exigen la persecución y el enjuiciamiento de los responsables de delitos graves, lo que incluye delitos atroces, que permanecen en más del 95% en impunidad (ej. de 80.000 desapariciones solo 7700 en indagación y menos de 300 sentencias condenatorias). El Estado debe cumplir con estas obligaciones y aunque ya lo hace a través de la JEP que es un tribunal con un mandato especifico, este no alcanza para la magnitud de lo padecido y la fiscalía puede completarlo, para que efectivamente la construcción de paz sea meta central del estado de derecho y fuente de legalidad en el ámbito de los derechos humanos y las reglas del DIH, que requieren de las instituciones y en especial de la fiscalía su mejor y generoso esfuerzo
El momento histórico en el marco del DIH es para mirar hacia las víctimas, protegerlas, investigar y acusar ante juzgados y tribunales a los infractores quienes, desde sus despachos en calidad de altos funcionarios, reiteradamente señalados de haber tenido parte en connivencia o colaboración con los actores materiales en crímenes de lesa humanidad. Congresistas, expresidentes, ministros, directivos de entidades, tienen abiertos expedientes o ha sido mencionados en las condenas de la corte interamericana de derechos humanos y para ellos vale la sentencia de que “Los actos de Estado son al mismo tiempo actos personales. De ellos son responsables y han de responder personas singulares”.
Interponer barreras, enviar mensajes de negación y provocar dilaciones bordea las líneas de la legalidad y las infracciones al derecho y la constitución por obstaculizar la construcción de paz y convoca a observar sí la paz como derecho, podría ponerse por encima de otros propósitos del estado, de la misma manera que ocurre con el estado de excepción permitido para adelantar una guerra o atacar una grave perturbación del orden público que atente contra la estabilidad institucional.
La fiscalía tiene tiempo aun para atender el clamor y sumarse a la esperanza evocada por H. Hesse en su texto sobre la guerra y la paz, que en el marco del holocausto dijo: “¡La paz se halla cerca! Está aquí, en todas partes, en todos los corazones, como idea, como deseo, como proposición, como fuerza todavía efectiva. Si cada uno de nosotros le abre su mente, si todos nos proponemos de verdad ser sus portadores y portavoces, ser los guardianes de la paz, si cada hombre de buena voluntad decide laborar durante un breve espacio de tiempo para que las intenciones pacíficas no encuentren ninguna traba, ningún inconveniente, ningún obstáculo, la paz acabará por llegar”.
