Por | Zully Orozco – Economista e investigadora – Economista Liberal y apartidista
En su última entrevista para la revista Semana, el director del Banco de la República, Leonardo Villar mencionó que “Desafortunadamente, el proceso de retorno de la inflación al rango meta del 3% tardaría un tiempo mayor al esperado.” De esta manera, la expectativa de mantener una inflación controlada en el corto plazo se ha esfumado en seco. La fuerte presión inflacionaria ha generado que el emisor pierda parte de su credibilidad para mantener los precios estables. Así, mientras estima una inflación del 2,8% para 2023, los mercados anticipan con menor optimismo una desaceleración gradual al 5,0%. 3,2 puntos porcentuales por encima del objetivo de inflación esperado.
No debemos olvidar que la inflación actual tiene un origen monetario. Ciertamente[U1] , el gobierno ha buscado atribuirle diferentes causas, pero gran parte de la inflación, que erosiona actualmente los ingresos reales y dispara la pobreza, es consecuencia directa de haber monetizado artificialmente barato el gasto de gobierno y los desequilibrios por más de dos años. Si bien es cierto que el exceso de estímulos ha generado un fuerte crecimiento de la demanda interna y, por lo tanto, inflación, forzando en últimas a que el emisor eleve tipos, es también cierto que la velocidad del ajuste ha sido tardía.
Expliquemos esto último en detalle. Para evitar sufrir una pérdida de control sobre la inflación, el banco central fija tasas en el presente para estabilizar la inflación en el futuro, porque los cambios en la tasa de política hoy tardan entre 12 y 18 meses en trasmitirse al mercado. La política monetaria es como un trasatlántico, actúa con rezago, se debe frenar mucho antes de llegar, para evitar llevarse por delante medio muelle. Así, el emisor debe reaccionar anticipadamente a los incrementos de la demanda agregada.
Por tal razón, el retardo de la autoridad monetaria no es justificable. En esencia, era previsible el aumento de la inflación por la continua monetización del déficit fiscal con que se venía financiando agresivamente el gasto de gobierno y por la propia expansión monetaria que no bastando durante el año de la crisis por la pandemia, se mantuvo elevada en el trascurso de la recuperación de 2021. El gasto de gobierno alcanzó los $404.08 billones, un incremento anual de 10,3% con respecto a 2020. Así mismo, el aumento de la masa monetaria fue de 18,7% y, entre junio del mismo año y junio de 2022, ha registrado una expansión en 7,1%.
Está claro que por el exorbitante exceso de estímulos, el Banco debió anticiparse subiendo la tasa de interés para evitar que la emisión descontrolada, destruyera el poder adquisitivo de la moneda. Pero no lo hizo, porque mantuvo expectativas de que la inflación tocaría techo hasta el primer trimestre de 2022 para luego desacelerarse progresivamente. Error, la tasa interanual del IPC continuó con su tendencia alcista, situando la inflación en 9,67% para junio, el registro más alto en 22 años. Indudablemente, la lentitud del emisor puso en marcha un enorme proceso inflacionista.
Era absolutamente evidente que la inflación se dispararía cuando el mismo banco venía financiando más del 50% de lo TES emitidos por el gobierno central. Según cifras del Ministerio de Hacienda, en 2021 las obligaciones del gobierno totalizaron cerca de $427 billones, un incremento interanual de 9,49%, y por si no fuera suficiente, la emisión de bonos continuó aumentado en 2022, ascendiendo a $461,9 billones en el mes de junio, un incremento de 6,9% que representa el 56,7% del total de la deuda pública.
El gobierno ha consumido millones de millones y, buena parte de ese endeudamiento, ha sido monetizado con dinero creado por el emisor, por esta razón, parte importante de la presión inflacionaria que padecemos en 2022 es culpa de la impresión sin control. El dinero mal llamado barato ha salido caro porque ha generado una ola de empobrecimiento masivo, destrucción de depósitos y salarios reales, ha disparado el déficit fiscal y ha debilitado el poder adquisitivo de la moneda frente al dólar, importando inflación, puesto que, buena parte del consumo nacional de bienes e insumos se pagan en dólares.
Es imprescindible que el banco de la república deje de monetizar deuda pública, porque su mandato constitucional no obedece a la responsabilidad de financiar desequilibrios presupuestales, ni mucho menos financiar a bajo costo los programas de asistencia social del gobierno, su mandato es la estabilidad de precios. Destruir el valor del peso no es una política para beneficiar a los necesitados, es la política más antisocial para empobrecerlos a todos.
