La excesiva cantidad de casos de corrupción existentes en el país han llevado a que este par de figuras públicas sugieran la pena de muerte como solución.
Hace unos cuantos días, en el marco de Boyacá Debate, el candidato a la Cámara de Representantes por el MAIS, César Pachón afirmó que de ser necesario, trabajaría por instaurar la pena de muerte para los corruptos.
A esa propuesta se ha sumado el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, que en el marco del panel ‘Ética en el Ámbito Público’, organizado por la Universidad del Rosario, ha propuesto que se reviva el viejo decreto 12 de 1824, el cual castigaba con pena de muerte a los funcionarios públicos corruptos.
Pena de muerte, propuesta contra la corrupción#EDtv Líder agrario César Pachón planteó durante #BoyacáDebate posible pena de muerte para los corruptos. Tema que hoy también sacó a flote el Contralor General de la República, Edgardo Maya. | http://ow.ly/yokI30ioW9s
Posted by Periódico EL DIARIO Boyacá on miércoles, 14 de febrero de 2018
“Estamos a 17 meses de cumplir los 200 años de la batalla de Boyacá y la historia es la misma, y nos obliga a rememorar el decreto del 12 de enero de 1824 del Libertador Simón Bolívar, imponiéndole la pena capital a los corruptos que son los causantes de todas las tragedias que sufre nuestro país. Yo creo que hoy se puede revivir ese decreto a pesar de que los liberales como yo, somos abiertamente enemigos de la pena capital”, indicó Maya Villazón.
De acuerdo a lo expresado por el Contralor “no hay ninguna actividad que no haya sido permeada por este mal que le ha hecho tanto daño a la Nación”.
El decreto 12 de 1824 establece lo siguiente:
“1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y
Decreto:
Artículo 1°–Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3°–Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1°.
Artículo 4°–Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos.
Imprímase, publíquese y circúlese.
Palacio Dictatorial de Lima, a 12 de enero de 1824– 4° de la República.
Por orden de S. E.,”
SIMON BOLIVAR
